El sospechoso envió un mensaje por Facebook sobre una foto con armas, quedó internado tras una crisis de salud y será imputado cuando reciba el alta.
Lucio Joel Blanco, de 27 años, fue detenido el jueves por la noche en barrio Villa Boedo, al este de la ciudad de Córdoba, acusado de amenazar de muerte al ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, a través de Facebook. Está internado en el Hospital Misericordia tras sufrir, según se informó, una crisis epiléptica, y se enfrentará a una imputación judicial cuando reciba el alta médica.
El fiscal de Cibercrimen, Franco Pilnik, lo acusa de haber enviado la amenaza el pasado miércoles, mediante un mensaje directo en el chat de Facebook de la Policía de Córdoba. La identificación no presentó mayores dificultades: el mensaje fue enviado desde su propio usuario, con nombre, apellido y foto.
El texto, plagado de errores de ortografía, estaba escrito sobre una fotografía en la que se veían dos armas de fuego junto a unas calabazas características de Halloween. En el mensaje, el acusado le advertía al ministro que no fuera a Villa Boedo porque lo estaban esperando. Una búsqueda de los peritos permitió establecer que la imagen no era original, sino que había sido tomada de otra publicación en redes sociales.
Cuando se llegó al domicilio, en la manzana 24 de Villa Boedo, Blanco estaba allí. No se resistió y solo alcanzó a decir que le habían robado el celular. Un teléfono que sería suyo fue secuestrado en el lugar, y no se hallaron armas de fuego.
Según la información de la causa, tuvo antecedentes penales por amenazas y por robo calificado, además de una investigación por estafas en Salta que habría nacido en la cárcel de Bouwer. En un currículum que se analiza, Blanco indicó que se desempeñó como servidor urbano de la Municipalidad de Córdoba y como ayudante de construcción; los investigadores esperan una respuesta oficial para establecer en qué período trabajó.
Los investigadores son cautos al analizar las motivaciones y, por ahora, no se detectó que haya actuado alguna organización delictiva. Los dispositivos electrónicos secuestrados serán peritados para constatar si existieron otros mensajes u otras personas involucradas. En los próximos días se definirá su situación procesal y, hasta que la Justicia resuelva, rige la presunción de inocencia.
