El juez federal N° 2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, rechazó los pedidos de excarcelación y de prisión domiciliaria presentados en favor de Emanuel Elías Guardia y Matías Mercado, agentes apartados de la Policía Federal Argentina. Ambos uniformados se encuentran procesados por haber irrumpido de manera ilegal en una vivienda del barrio Pueyrredón para asaltar a los residentes simulando un operativo oficial. El fiscal federal Maximiliano Hairabedián fundamentó la oposición al beneficio de libertad en la existencia de riesgos procesales dentro de un expediente bajo secreto de sumario.
Los ex integrantes de la fuerza de seguridad nacional enfrentan imputaciones severas por peculado, violación de domicilio, extorsión, robo calificado y secuestro coactivo calificado. Durante el análisis del caso, el magistrado remarcó que la figura de secuestro coactivo contempla penas de entre 10 y 25 años de prisión, lo que impide otorgar una condena condicional. Ante esta escala punitiva y la entidad de los delitos investigados, la resolución judicial dispuso mantener la custodia efectiva de ambos agentes mientras avanza la instrucción penal.
Las evidencias reunidas en la causa penal revelan que los imputados utilizaron un móvil de la institución para trasladarse hacia el domicilio de los damnificados. La geolocalización satelital por GPS confirmó que la unidad permaneció en la zona del hecho el 22 de agosto entre las 9:40 y las 12:30 horas. Durante el ingreso violento al inmueble, los involucrados utilizaron capuchas para cubrir sus rostros y procedieron a desactivar el sistema de cámaras de seguridad instalado en el lugar.
Alejandro Sánchez Freytes, juez de la causa
Pruebas de entorpecimiento y decisión del tribunal
La fiscalía detectó maniobras posteriores destinadas a alterar los registros del vehículo oficial, modificando de forma deliberada las planillas de kilometraje para ocultar el trayecto real. Asimismo, las pericias constataron el descarte de los teléfonos celulares personales y el reemplazo de los dispositivos para evitar la extracción de datos digitales por parte de la Justicia. Estas conductas obstructivas reforzaron la hipótesis de la fiscalía sobre el riesgo latente de destrucción de pruebas en caso de otorgarse la libertad a los procesados.
Los argumentos presentados por la parte acusadora fundamentaron el rechazo definitivo a las pretensiones de las defensas técnicas en esta instancia de la investigación. De esta manera, Sánchez Freytes resolvió que los dos agentes involucrados permanezcan alojados en las instalaciones del complejo penitenciario de Bouwer. La resolución judicial busca resguardar las pruebas testimoniales y documentales que restan incorporar al sumario antes de disponer el cierre de la etapa de instrucción.
El juzgado federal continuará procesando las evidencias recolectadas en las inspecciones operativas para delimitar las responsabilidades individuales de los agentes imputados. Las medidas cautelares sobre ambos efectivos mantendrán su vigencia de forma estricta mientras se completa la recolección de testimonios en el fuero penal. El tribunal coordinará los próximos peritajes técnicos con los organismos correspondientes para fundamentar la acusación en el debate oral posterior.
