El fracaso de Passerini: detenciones estériles y la informalidad de los naranjitas persisten en Córdoba

La comparación con el sector privado es humillante para la gestión pública de Passerini: mientras una empresa debe cumplir con todas las exigencias legales y tributarias para funcionar, el naranjita "informal" opera con total libertad gracias a un Estado que prefiere la inacción. Córdoba exige orden, pero recibe una burocracia que se limita a hacer censos mientras las calles siguen siendo un terreno ocupado por quienes ignoran la ley.

"Se ha logrado ordenar el espacio público, con muchos menos incidentes y detenciones en los últimos días", declaró con optimismo el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, ignorando la persistencia del conflicto.

La fachada del orden frente a la realidad de calle

Es un secreto a voces que los naranjitas "ilegales", aquellos excluidos de la formalización municipal, siguen trabajando con total impunidad en la capital. Daniel Passerini intentó maquillar el problema notificando a 500 personas, pero la realidad demuestra que la falta de una política laboral eficiente y el desinterés por erradicar la informalidad han permitido que la actividad continúe bajo otras formas.

Responsabilidad política y el espejismo de la ley

La política municipal de Passerini ha optado por el parche legal antes que por la decisión de recuperar el espacio público. Si la normativa no se acompaña de una justicia que impida la reincidencia inmediata, el gasto público en operativos policiales se convierte en un derroche de recursos que no soluciona el caos urbano ni garantiza la libertad del contribuyente.

Para el inversor y el vecino, el panorama es desalentador: una ciudad donde la informalidad es la norma y las leyes se aplican solo cuando hay cámaras encendidas. El progreso real no llegará mediante censos ni notificaciones inútiles, sino cuando el Estado deje de ser un espectador cómplice del desorden en las calles cordobesas.