El proyecto municipal, que se debatirá este jueves, oficializa a las cooperativas y encarece el servicio para los vecinos.
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La Municipalidad de Córdoba se encamina a convalidar una decisión que genera un profundo malestar entre los ciudadanos que circulan por la capital. El Concejo Deliberante tratará hoy un esquema que, lejos de erradicar las conductas extorsivas, busca formalizar la presencia de los denominados naranjitas. El concejal Javier Fabre cuestionó duramente esta iniciativa oficialista al considerar que se prioriza la asistencia social por sobre el ordenamiento real.
Esta medida gubernamental aparece como una respuesta oficial que otorga legitimidad a sectores que históricamente han operado fuera de los marcos legales. Los vecinos denuncian a diario situaciones de violencia, amenazas y diversos hechos de inseguridad vinculados a quienes exigen dinero de manera ilegítima. En lugar de prohibir estas prácticas que afectan la convivencia urbana, el municipio planea otorgarles un rol central dentro de un nuevo sistema pago.
El costo de este proceso de formalización recaerá directamente sobre el bolsillo de los conductores cordobeses mediante tarifas mucho más elevadas. Según las proyecciones del concejal Javier Fabre, el precio de la hora por estacionar superará los $1.300 al ajustarse al 60% del valor del combustible premium. Esta actualización tarifaria responde a la necesidad de sostener una estructura que el municipio decidió expandir sin presentar una fundamentación técnica.
El Concejo Deliberante de Córdoba debatirá hoy el proyecto que busca oficializar la actividad de los cuidacoches ilegales
Expansión de un sistema ilegítimo y ampliamente rechazado
La iniciativa legislativa pretende ampliar significativamente las zonas controladas de la ciudad para dar cabida a un mayor número de trabajadores registrados. Actualmente, las cooperativas gestionan unas 100 cuadras con 350 personas, pero el nuevo esquema obligará a duplicar o triplicar estas áreas de cobro. El concejal Javier Fabre denunció que estas organizaciones han operado durante décadas con un bajísimo nivel de cumplimiento en sus rendiciones de cuentas.
"Las cooperativas han hecho lo que han querido desde hace décadas; hasta hace muy poco no sabíamos cuántas eran", afirmó el edil opositor sobre la opacidad de este sistema. La digitalización del servicio mediante códigos QR y aplicaciones móviles no logra despejar las dudas sobre la transparencia en el manejo de las arcas públicas. Para muchos vecinos, el cambio representa apenas una fachada tecnológica para una actividad que sigue manteniendo sus rasgos más cuestionables y coercitivos.
La transformación del sistema de tránsito en un híbrido de ayuda social desvirtúa el objetivo primordial de mejorar la circulación y desalentar el uso de los vehículos. El despacho de comisión demuestra que se habló mucho sobre la situación de vulnerabilidad de los cuidacoches y casi nada sobre la fluidez vehicular en zonas críticas. Esta decisión política de legalizar lo ilegítimo ignora el reclamo histórico de quienes exigen seguridad y libertad para estacionar sin ser extorsionados.