Los bloques opositores impulsan la destitución de los magistrados por su desempeño previo al asesinato de Agostina Vega.
Múltiples bancadas opositoras presentarán pedidos formales de jury contra los fiscales penales Iván Rodríguez y Raúl Garzón ante la Legislatura de Córdoba. La fuerte iniciativa parlamentaria se fundamenta en las presuntas fallas investigativas cometidas con anterioridad al asesinato de Agostina Vega. Las presentaciones administrativas ingresarán desglosadas en cuerpos separados tras las severas críticas ciudadanas dirigidas hacia el funcionamiento del Poder Judicial.
El oficialismo provincial tildó de oportunistas a los reclamos de la oposición, pero admitió la extrema gravedad de las presentaciones institucionales dirigidas al cuerpo legislativo. Hasta el momento, la única solicitud de juicio político formalizada corresponde a la ingresada por la legisladora provincial Luciana Echevarría. La presentación de la parlamentaria de izquierda cuenta con el respaldo activo de las diversas agrupaciones civiles integradas dentro de la colectividad Ni Una Menos.
Los legisladores de las bancadas de la Unión Cívica Radical y el Frente Cívico orientan sus mayores sospechas hacia el accionar de Iván Rodríguez. El funcionario judicial otorgó la libertad bajo fianza un año atrás a Claudio Barrelier, actual imputado por el asesinato de la adolescente. El sospechoso había resultado detenido en 2025 por una causa de privación ilegítima de la libertad en la misma vivienda donde ocurrió el reciente crimen.
Los legisladores denuncian que los funcionarios omitieron aplicar los protocolos obligatorios de género ni dieron intervención a las fiscalías especializadas correspondientes. Los redactores de las acusaciones pretenden extender las responsabilidades técnicas del proceso hacia la figura del juez de Control Juan Manuel Fernández López. Las bancadas opositoras utilizarán como antecedente legal la condena por mal desempeño dictada recientemente contra tres fiscales del caso Nora Dalmasso.
Las normativas vigentes estipulan que el Jurado de Enjuiciamiento debe solicitar los expedientes tramitados a la Justicia luego de correr vista formal a los fiscales denunciados. El tribunal especial encargado de dictaminar la admisibilidad de los procesos registra actualmente un escenario de paridad absoluta entre las fuerzas políticas. El bloque opositor cuenta con los votos del radical Miguel Nicolás y el juecista Walter Gispert para impulsar las suspensiones correspondientes.
La representación del peronismo cordobés se encuentra integrada por el legislador Facundo Torres y la legisladora Julieta Rinaldi, quien ejerce la presidencia. El desempate definitivo de las votaciones recaerá sobre la quinta integrante del jurado, la vocal del Tribunal Superior de Justicia Aída Tarditti. La magistrada posee una reconocida trayectoria institucional en la defensa de la perspectiva de género y es coautora del libro titulado Género y Derecho Penal.
