El oficialismo, la UCR y el PRO unificaron criterios sobre 3 proyectos para delimitar los controles administrativos de las propiedades sospechosas.
El oficialismo y los bloques de la oposición alcanzaron un acuerdo técnico para destrabar el tratamiento de la Ley Antibúnker en la Legislatura de Córdoba. El consenso parlamentario busca unificar los criterios normativos respecto a la intervención de inmuebles vinculados a actividades delictivas.
La mesa de comisiones unificó 3 iniciativas diferentes presentadas por la UCR, el PRO y la bancada oficialista en un único despacho general. El nuevo documento establece que las demoliciones y los desalojos compulsivos requerirán obligatoriamente la autorización previa de 1 juez competente.
El despacho unificado también incorpora un canal oficial de participación ciudadana para recibir reportes sobre inmuebles bajo sospecha.
Las modificaciones introducidas al proyecto original aclaran que el abandono o la falta de mantenimiento edilicio no justificará una acción directa del Estado. La normativa exige acreditar condiciones objetivas y un riesgo actual para avanzar con los cerramientos perimetrales temporales de los aguantaderos.
Los titulares de dominio y los poseedores legítimos contarán con plazos legales específicos para interponer recursos de defensa y resguardar su propiedad privada. Ante cualquier conflicto de derechos o necesidad de medidas de mayor intensidad, la burocracia administrativa deberá derivar las actuaciones al Poder Judicial.
El texto final busca proveer un marco operativo de seguridad sin alterar el clima de negocios del polo productivo de Córdoba. El consenso alcanzado en la Unicameral busca separar la discusión partidaria de las necesidades de gestión legislativa de la provincia.
