El intendente anunció una nueva unidad de control tras un grave suceso delictivo, reconociendo que exfuncionarios utilizaron su poder político para habilitar locales ilegales durante años.
La Municipalidad de Córdoba intenta reaccionar ante una crisis institucional profunda, luego de que el propio intendente Daniel Passerini admitiera que la corrupción y el descontrol han sido la norma en la fiscalización de la noche cordobesa. La creación de la Unidad Ejecutora Mixta busca, de manera tardía, centralizar el control de una actividad que funcionó durante años al margen de la ley bajo la sombra protectora del Palacio 6 de Julio.
La medida, que se extenderá por 90 días, contempla operativos de saturación para auditar locales que operaron sin controles básicos. Esta reacción ocurre únicamente tras la conmoción social derivada de graves hechos delictivos, evidenciando que el municipio solo actúa cuando la presión pública obliga a romper el pacto de silencio que permitió la proliferación de locales irregulares.
"Durante años, a la Municipalidad ingresó gente que usó su poder político para generar actividades nocturnas ilegales que se mantuvieron durante mucho tiempo", reconoció el propio Daniel Passerini.
La semana pasada, la Municipalidad de Córdoba clausuró Luzbelito y Malibu, otros dos locales emblemáticos de la noche corodobesa.
El costo del silencio y la ineficiencia municipal
El descontrol nocturno no es fruto del azar, sino del resultado de una red de connivencia que, según denuncias opositoras, permitió el funcionamiento de locales bajo una protección política que asfixiaba al empresario honesto. Mientras el sector privado que cumple con cada exigencia burocrática sufre inspecciones constantes, quienes operaban bajo el ala de funcionarios municipales lo hacían con total impunidad, generando una competencia desleal y una degradación absoluta de la seguridad pública.
Esta estructura de "dueños de la noche" protegidos por el poder municipal es el ejemplo máximo de la ineficiencia y la corrupción estatal. La creación de un nuevo organismo de control no hace más que exponer la incapacidad de la estructura municipal preexistente, que prefirió mirar hacia otro lado mientras se consolidaba un entramado de coimas que hoy resulta imposible de ocultar ante la opinión pública.
Municipalidad de Córdoba
Responsabilidad política y el fin de la impunidad
La respuesta política de Daniel Passerini no puede limitarse a operativos temporales de 90 días ni a la creación de nuevas oficinas que solo aumentan el gasto público. La Municipalidad de Córdoba tiene la obligación de realizar una depuración profunda de todos los responsables que, desde adentro, permitieron el funcionamiento de estos antros, y facilitar el camino para que la Justicia actúe de oficio ante las pruebas de cobro de coimas.
El contribuyente cordobés ya no tolera las reacciones tardías de una gestión que se despierta únicamente frente al escándalo mediático. La transparencia exige que los mecanismos de habilitación y control sean despojados de la discrecionalidad política para evitar que nuevos hechos de inseguridad sigan sucediendo por la omisión deliberada de quienes juraron administrar la ciudad.
El progreso real de Córdoba depende de que el Estado municipal deje de ser un socio encubierto de la ilegalidad y comience a cumplir su función esencial de garantizar el orden y la ley.
Luzbelito, Wachitas bar y Malibú, 3 bares emblemáticos de la noche cordobesa que funcionaban con un silencio municipal cómplice.
