La noche cordobesa: los detalles del esquema de recaudación irregular en los controles

El modus operandi es una burla constante a los contribuyentes: los inspectores realizan operativos "acting" donde clausuran locales que, días después, vuelven a abrir sin haber solucionado ninguna irregularidad. Este ciclo de impunidad se ve reforzado por una normativa arcaica, como la ordenanza 13.139, que obliga a renovar las habilitaciones cada 5 años, convirtiendo cada trámite en una oportunidad de oro para la exigencia de pagos indebidos.

Mientras los emprendedores que intentan trabajar en la legalidad enfrentan trabas burocráticas interminables, el "dueño de la noche cordobesa" opera en la informalidad total, protegido por una red de complicidad que llega hasta las esferas más altas de la administración local.

La impunidad como política de Estado

La respuesta de la actual gestión ante la presión pública se limita a la creación de nuevas unidades especiales que solo engrosan el gasto público sin atacar el núcleo de la corrupción. La falta de transparencia en las declaraciones de bienes de los funcionarios y la ausencia de voluntad para limpiar las áreas de inspección demuestran que el problema es una falla estructural de un municipio que ha preferido ser socio de la ilegalidad antes que garante del orden.

A futuro, el inversor y el contribuyente seguirán siendo las víctimas de esta estructura si no se produce un cambio drástico en los mecanismos de control y en la rendición de cuentas de los funcionarios. Sin un sistema donde la ley se aplique por igual para todos, la noche cordobesa seguirá siendo un terreno fértil para el enriquecimiento ilícito de unos pocos a costa de la seguridad y el bolsillo de todos.

"Es una red de connivencia donde, si no pagas el peaje, te clausuran por cualquier razón aparente; el negocio es mantener el descontrol para seguir cobrando la semanal".

La fachada del ente de control

La reciente creación del Ente de Fiscalización y Control por parte de la gestión de Daniel Passerini no ha logrado disimular la ineficacia de un sistema diseñado para el beneficio de unos pocos. A pesar de los anuncios pomposos, la realidad operativa es precaria: el ente apenas cuenta con 5 inspectores propios con poder real, mientras que la estructura municipal total, que suma unos 250 empleados, se mueve en un mar de confusión administrativa donde nadie quiere ver lo que ocurre en los locales nocturnos.