La fiscalización nocturna en la ciudad de Córdoba funciona bajo un esquema de "peajes" ilegales, donde inspectores y funcionarios conviven en un entramado de habilitaciones ambiguas y controles selectivos.
La noche cordobesa se ha transformado en una industria clandestina que opera bajo el amparo de la desidia estatal. Mientras el ciudadano común duerme, se despliega una maquinaria de bares y boliches donde el cumplimiento de las normas es opcional y la rentabilidad del negocio depende, casi exclusivamente, de los montos abonados para evitar la clausura.
Este esquema no es un error administrativo, sino una estructura aceitada de recaudación paralela que opera bajo la mirada cómplice de la Municipalidad de Córdoba. Las cifras de esta "economía en sombras" son alarmantes: se estima que para el área de Habilitaciones se mueven $25 millones semanales en coimas, mientras que el sector de Espectáculos Públicos recibe otros $5 millones cada 7 días.
"Es una red de connivencia donde, si no pagas el peaje, te clausuran por cualquier razón aparente; el negocio es mantener el descontrol para seguir cobrando la semanal".
La noche de Córdoba capital se ha transformado en una industria clandestina que opera bajo el amparo de la Municipalidad de Córdoba
La fachada del ente de control
La reciente creación del Ente de Fiscalización y Control por parte de la gestión de Daniel Passerini no ha logrado disimular la ineficacia de un sistema diseñado para el beneficio de unos pocos. A pesar de los anuncios pomposos, la realidad operativa es precaria: el ente apenas cuenta con 5 inspectores propios con poder real, mientras que la estructura municipal total, que suma unos 250 empleados, se mueve en un mar de confusión administrativa donde nadie quiere ver lo que ocurre en los locales nocturnos.
El modus operandi es una burla constante a los contribuyentes: los inspectores realizan operativos "acting" donde clausuran locales que, días después, vuelven a abrir sin haber solucionado ninguna irregularidad. Este ciclo de impunidad se ve reforzado por una normativa arcaica, como la ordenanza 13.139, que obliga a renovar las habilitaciones cada 5 años, convirtiendo cada trámite en una oportunidad de oro para la exigencia de pagos indebidos.
Mientras los emprendedores que intentan trabajar en la legalidad enfrentan trabas burocráticas interminables, el "dueño de la noche cordobesa" opera en la informalidad total, protegido por una red de complicidad que llega hasta las esferas más altas de la administración local.
El domicilio allanado de Jayo donde se encontraron varios vehículos, entre ellos el Mercedes Benz convertible.
La impunidad como política de Estado
La respuesta de la actual gestión ante la presión pública se limita a la creación de nuevas unidades especiales que solo engrosan el gasto público sin atacar el núcleo de la corrupción. La falta de transparencia en las declaraciones de bienes de los funcionarios y la ausencia de voluntad para limpiar las áreas de inspección demuestran que el problema es una falla estructural de un municipio que ha preferido ser socio de la ilegalidad antes que garante del orden.
A futuro, el inversor y el contribuyente seguirán siendo las víctimas de esta estructura si no se produce un cambio drástico en los mecanismos de control y en la rendición de cuentas de los funcionarios. Sin un sistema donde la ley se aplique por igual para todos, la noche cordobesa seguirá siendo un terreno fértil para el enriquecimiento ilícito de unos pocos a costa de la seguridad y el bolsillo de todos.
