La implementación del flamante programa de ordenamiento urbano de la municipalidad registró un rotundo fracaso operativo en su primera jornada de aplicación. El Ejecutivo local resolvió transferir la gestión de cientos de cuadras céntricas a cooperativas de cuidacoches rebautizados como "constatadores urbanos". Sin embargo, la cesión de los espacios públicos profundizó las deficiencias logísticas, desatando severas (e innecesarias) complicaciones para los conductores.
En paralelo, los controles destinados a dar cumplimiento a la Ley Provincial N° 11.117 evidenciaron serias dificultades para erradicar las actividades informales. La Policía de Córdoba debió coordinar procedimientos de emergencia que culminaron con la detención de 49 personas (entre naranjitas y limpiavidrios) por infracciones reiteradas. Asimismo, los operativos confirmaron que los limpiavidrios continúan ejerciendo tareas prohibidas en las principales esquinas de la capital provincial.
Las aprehensiones se distribuyeron de manera estratégica en áreas neurálgicas del ejido, donde las fuerzas de seguridad secuestraron elementos indispensables para las tareas. Entre los objetos incautados se listaron baldes, escobillas, chalecos refractarios y sumas de dinero en efectivo obtenidas mediante cobros no autorizados. Esta persistencia del comercio informal en las calzadas puso en jaque la efectividad del nuevo articulado del Código de Convivencia Ciudadana.
Los operativos confirmaron que los limpiavidrios continúan ejerciendo tareas prohibidas en las principales esquinas de la capital provincial
Deficiencias tecnológicas y continuidad de controles
Para intentar mitigar el desorden callejero, la central policial dispuso el monitoreo permanente de las arterias críticas utilizando las cámaras de videovigilancia. El sistema de emergencias 911 opera en tiempo real localizando los focos de mayor conflictividad para orientar el despacho de patrulleros de infantería. Pese al despliegue tecnológico, las arterias vehiculares de Córdoba Capital continuaron mostrando una fuerte presencia de prestadores ilegales de servicios de estacionamiento.
Respecto a la situación judicial, los 49 implicados fueron trasladados hacia los precintos correspondientes junto con los materiales probatorios del accionar delictivo. Los infractores quedaron a disposición de los magistrados competentes, quienes resolverán las sanciones estipuladas por las modificaciones de la Ley Provincial N° 11.117. El endurecimiento de las penas procura desalentar las disputas territoriales que alteran la seguridad de los automovilistas locales.
La obligatoriedad de poseer permisos oficiales constituye el eje central de un marco regulatorio que se mostró ineficaz frente a la realidad social urbana. Las dependencias gubernamentales pretenden sostener los operativos de control en avenidas principales para contener las falencias del estreno de los constatadores. No obstante, las deficiencias iniciales del esquema demostraron que la tercerización de las dársenas públicas solo crea más problemas y no resuelve definitivamente la petición de todos los cordobeses: terminar con esta práctica ilegítima.
