El operativo sorpresa liberó un corredor de 3 kilómetros que permaneció ocupado de forma irregular durante 4 años y medio por más de 450 puestos comerciales.
La liberación del espacio público en la zona sur de Córdoba capital reavivó el debate sobre la falta de gestión y la tardía reacción de las autoridades locales frente al comercio no regulado. Un fuerte operativo conjunto entre inspectores y efectivos policiales desmanteló de forma imprevista las estructuras comerciales precarias ubicadas de manera irregular en las inmediaciones del CPC de Villa El Libertador.
La medida dispuesta por la Fiscalía del Distrito 4 respondió a recurrentes denuncias por usurpación y degradación del entorno residencial en un sector que crecía sin fiscalización semana a semana. El desalojo afectó a un área de 3 kilómetros lineales donde operaban unos 450 puestos informales, dejando en la incertidumbre a más de 500 familias que subsistían en el lugar desde hacía 4 años y medio.
"Vinieron sorpresivamente e hicieron desastre, nos llevaron todo lo que teníamos para trabajar", reclamó una de las vendedoras afectadas por la repentina intervención estatal.
La Municipalidad de Córdoba desalojó 450 puestos informales que se ubicaban en la Feria de Armada Argentina desde hacía 4 años y medio.
Burocracia ineficiente y descontrol comercial
La proliferación de actividades no reguladas durante casi un lustro expone la preocupante falta de control preventivo por parte de la Municipalidad de Córdoba. El atraso burocrático para encauzar a los trabajadores hacia la legalidad comercial derivó en un conflicto abierto que perjudicó tanto el desarrollo del sector privado formalizado como el derecho de los frentistas.
Los residentes del barrio Los Olmos denunciaron haber padecido la falta de higiene urbana y seguridad durante más de 3 años debido a la ausencia de regulaciones básicas de convivencia. Mientras los comerciantes registrados sostienen la estructura estatal mediante el pago de tasas, la administración local permitió la consolidación de un foco de informalidad sin ofrecer soluciones de fondo.
"Queremos trabajar en conjunto con quienes quieren realizar este trabajo de manera legal y habilitada", manifestó el secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández, intentando justificar la prolongada inercia oficial tras años de reclamos desatendidos.
