La Iglesia de Córdoba, a contramano del reclamo ciudadano por mayor seguridad, manifestó su rechazo a la nueva ley que, acertadamente, prohíbe a los cuidacoches ilegales. A través del sacerdote Munir Bracco, referente de la Pastoral Social, la institución criticó la correcta decisión legislativa argumentando que la medida perjudica a sectores vulnerables de la capital. Esta postura eclesiástica ignora los constantes episodios de violencia y las amenazas que los vecinos sufren diariamente al intentar estacionar sus vehículos en la ciudad.
Desde la Pastoral Social proponen mantener una actividad que ha demostrado ser un foco de extorsión y violencia sistemática contra los propietarios de automóviles. La institución religiosa insiste absurdamente en evitar las sanciones punitivas, a pesar de que la ocupación ilegal del espacio público genera conflictos graves y permanentes. Con esta actitud, la Iglesia parece priorizar el sostenimiento de un esquema ilegal por sobre el derecho constitucional de los ciudadanos a circular.
El mensaje clerical minimiza la peligrosidad de una práctica que ha derivado en agresiones físicas e incluso en ataques directos contra el personal policial. Al oponerse a la prohibición total, el clero cordobés defiende un modelo que entrega las calles de la ciudad al control de grupos no autorizados. Esta insistencia en legitimar lo ilegal atenta contra el orden público que la Legislatura de Córdoba intentó restaurar mediante la reciente aprobación del proyecto que prohíbe la actividad de los cuidacoches ilegales en toda la provincia.
El sacerdote Munir Bracco, referente de la Pastoral Social de Córdoba
Propuestas que perpetúan la inseguridad ciudadana
La alternativa presentada por el padre Bracco consiste en crear un registro oficial que solo serviría para formalizar una actividad inherentemente extorsiva. “Estamos absolutamente en contra de la prohibición total. No creemos que esta sea una solución beneficiosa para la sociedad”, sostuvo el referente. Para la Iglesia, la solución no es erradicar el delito, sino regular mecanismos de cobro que obligan al vecino a pagar por un "servicio" (ilegal) que no solicitó.
El argumento de la "inclusión social" es utilizado nuevamente para justificar la permanencia de individuos que operan fuera de toda normativa jurídica vigente. Resulta llamativo que la institución pretenda diferenciar entre trabajadores y delincuentes cuando la actividad misma ya constituye una falta contra el Código de Convivencia. Mientras la Iglesia elabora propuestas de registro, los cordobeses siguen siendo rehenes de un sistema de aportes forzados bajo la amenaza constante de daños.
El clero anticipó que llevará este planteo ante el Concejo Deliberante para frenar la aplicación efectiva de la normativa que busca ordenar las calles. Según Bracco, "la corrupción es corrupción venga de donde venga", intentando equiparar el accionar mafioso de los naranjitas con otros problemas de la sociedad. Esta relativización del delito callejero deja desprotegidos a los contribuyentes que esperaban que la nueva ley terminara con años de atropellos, amenazas, violencia y extorsiones.
