La Iglesia de Córdoba, a contramano del reclamo ciudadano por mayor seguridad, manifestó su rechazo a la nueva ley que, acertadamente, prohíbe a los cuidacoches ilegales. A través del sacerdote Munir Bracco, referente de la Pastoral Social, la institución criticó la correcta decisión legislativa argumentando que la medida perjudica a sectores vulnerables de la capital. Esta postura eclesiástica ignora los constantes episodios de violencia y las amenazas que los vecinos sufren diariamente al intentar estacionar sus vehículos en la ciudad.
Desde la Pastoral Social proponen mantener una actividad que ha demostrado ser un foco de extorsión y violencia sistemática contra los propietarios de automóviles. La institución religiosa insiste absurdamente en evitar las sanciones punitivas, a pesar de que la ocupación ilegal del espacio público genera conflictos graves y permanentes. Con esta actitud, la Iglesia parece priorizar el sostenimiento de un esquema ilegal por sobre el derecho constitucional de los ciudadanos a circular.
El mensaje clerical minimiza la peligrosidad de una práctica que ha derivado en agresiones físicas e incluso en ataques directos contra el personal policial. Al oponerse a la prohibición total, el clero cordobés defiende un modelo que entrega las calles de la ciudad al control de grupos no autorizados. Esta insistencia en legitimar lo ilegal atenta contra el orden público que la Legislatura de Córdoba intentó restaurar mediante la reciente aprobación del proyecto que prohíbe la actividad de los cuidacoches ilegales en toda la provincia.
