El exintendente de Santa Catalina, Miguel "Minino" Negro, enfrenta desde este jueves un proceso judicial que pone fin a décadas de hegemonía política en la localidad cordobesa de Holmberg. Junto a su sucesor frustrado, Ignacio "Cotorra" Alaniz, es acusado de orquestar la usurpación de terrenos ferroviarios nacionales con el objetivo de captar votos durante la última campaña electoral.
La investigación judicial revela que entre 29 de diciembre de 2022 y el 15 de enero de 2023, los imputados facilitaron la toma ilegal de tierras a más de 50 personas. El intendente no solo habría promovido la ocupación, sino que utilizó maquinaria municipal para el traslado de materiales y gestionó, mediante su propia firma, la conexión precaria de servicios públicos para los ocupantes ilegales.
"La denuncia del intendente sólo se produce luego de movilizada una gran cantidad de vecinos", sentenció la fiscalía sobre el intento de encubrimiento del exjefe comunal.
Uso político del Estado
El sistema implementado por Negro y Alaniz no solo vulneró la propiedad del Estado nacional, sino que también corrompió los mecanismos de control al utilizar la firma del intendente para validar la conexión eléctrica de viviendas precarias. Esta maniobra incluyó la entrega de certificados y el uso de camiones municipales identificados, demostrando una vez más cómo el aparato estatal puede ser distorsionado para alimentar estructuras de clientelismo político.
La comparación es inevitable: mientras un intendente debe gestionar el orden y el cumplimiento de la ley, esta administración utilizó recursos de todos los contribuyentes para fomentar la ilegalidad. La complicidad activa de los funcionarios en la toma de tierras representa una falta de ética republicana que degrada la función pública y atenta contra la seguridad jurídica de la propiedad privada.
