Tras 40 años ininterrumpidos en el poder, el exintendente de Santa Catalina es juzgado por organizar una toma de terrenos estatales para fines electorales.
El exintendente de Santa Catalina, Miguel "Minino" Negro, enfrenta desde este jueves un proceso judicial que pone fin a décadas de hegemonía política en la localidad cordobesa de Holmberg. Junto a su sucesor frustrado, Ignacio "Cotorra" Alaniz, es acusado de orquestar la usurpación de terrenos ferroviarios nacionales con el objetivo de captar votos durante la última campaña electoral.
La investigación judicial revela que entre 29 de diciembre de 2022 y el 15 de enero de 2023, los imputados facilitaron la toma ilegal de tierras a más de 50 personas. El intendente no solo habría promovido la ocupación, sino que utilizó maquinaria municipal para el traslado de materiales y gestionó, mediante su propia firma, la conexión precaria de servicios públicos para los ocupantes ilegales.
"La denuncia del intendente sólo se produce luego de movilizada una gran cantidad de vecinos", sentenció la fiscalía sobre el intento de encubrimiento del exjefe comunal.
El ex intendente de Holmberg, Miguel “Minino” Negro, y el ex candidato a la intendencia, Ignacio Alaniz
Uso político del Estado
El sistema implementado por Negro y Alaniz no solo vulneró la propiedad del Estado nacional, sino que también corrompió los mecanismos de control al utilizar la firma del intendente para validar la conexión eléctrica de viviendas precarias. Esta maniobra incluyó la entrega de certificados y el uso de camiones municipales identificados, demostrando una vez más cómo el aparato estatal puede ser distorsionado para alimentar estructuras de clientelismo político.
La comparación es inevitable: mientras un intendente debe gestionar el orden y el cumplimiento de la ley, esta administración utilizó recursos de todos los contribuyentes para fomentar la ilegalidad. La complicidad activa de los funcionarios en la toma de tierras representa una falta de ética republicana que degrada la función pública y atenta contra la seguridad jurídica de la propiedad privada.
Desde la perspectiva del polo productivo de Córdoba, este episodio es el ejemplo acabado de una era política que priorizó el perpetuamiento en el poder por sobre el desarrollo sustentable y el respeto a las instituciones. Holmberg ha sufrido las consecuencias de una gestión que, en lugar de fomentar la inversión y el ordenamiento territorial, optó por regalar lo que no le pertenecía para intentar salvar una candidatura electoral.
exintendente de Santa Catalina, Miguel "Minino" Negro
Responsabilidad y castigo
La inminente sentencia de hasta 3 años de prisión para los acusados marca un hito necesario en la depuración de la política cordobesa. Los ciudadanos exigen que la justicia no sea una mera formalidad, sino una herramienta para sentar un precedente claro contra quienes utilizan el poder municipal como una estancia privada para traficar favores y votos.
Para el contribuyente, la lección es evidente: el control sobre el gasto y el ejercicio del poder público debe ser riguroso para evitar que personajes como Negro o Alaniz actúen con total impunidad durante décadas. El juicio en Bell Ville no solo juzga un hecho puntual de usurpación, sino que pone a prueba la capacidad del sistema para poner fin a un modelo de gestión basado en el prebendarismo.
La justicia es el único camino para restaurar el orden institucional y demostrar que el poder público tiene límites innegociables.
Junto a su sucesor frustrado, Ignacio "Cotorra" Alaniz, es acusado de orquestar la usurpación de terrenos ferroviarios nacionales
