El año pasado Boca recibió más de 90 pedidos de informes por parte de la oposición. Las solicitudes eran previas a la aprobación del balance. Incluían explicaciones sobre contratos, sueldos, cantidad de socios y demás.
Dichos informes nunca llegaron y el club ni siquiera los contestó. A pesar de eso la Asamblea aprobó el balance con los votos del oficialismo. El representante de la minoría en la Mesa Directiva del órgano, Sergio Brignardello, hizo la correspondiente denuncia a la Inspección General de Justicia.
La solicitud fue debido a que no se sabía qué se estaba votando. Explicaba que de esa manera no podía representar correctamente a los socios que no votaron a la actual conducción. Luego de varios meses la Inspección General de Justicia le dio la razón al denunciante.
La sanción es leve y tal vez sea la menor de todas. Consiste en un apercibimiento al club que luego podría transformarse en algo más si vuelve a incurrir en esa metodología. Pero la asamblea no fue anulada y obliga a Boca a crear un reglamento en el que se contemple el derecho a la información del socio. Ese estatuto deberá aprobarse en asamblea y puesto a disposición de la IGJ.
