Siete futbolistas argentinos denunciaron una presunta estafa inmobiliaria en Estados Unidos

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porAlejandro Gambirassi
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Los jugador aseguran haber invertido más de dos millones de dólares en propiedades de Baltimore que nunca fueron transferidas correctamente o no generaron las ganancias prometida

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Alquileres que no llegaban y propiedades con deudas

Uno de los puntos centrales de la presentación judicial está relacionado con el manejo de los ingresos que supuestamente generaban las viviendas. Según el relato de los damnificados, durante los primeros meses recibían liquidaciones periódicas con información sobre los alquileres, los gastos de mantenimiento, los seguros y los impuestos de cada propiedad.

Con el tiempo, sin embargo, comenzaron los retrasos y las inconsistencias. Los inversores aseguran que algunos comprobantes informaban ingresos por alquileres que no se correspondían con depósitos efectivos en sus cuentas bancarias. A su vez, detectaron que se descontaban sumas destinadas al pago de impuestos inmobiliarios que luego aparecían como deudas pendientes en los registros oficiales de Baltimore.

La situación se habría agravado hacia fines de 2023 y durante 2024, cuando los pagos de las rentas comenzaron a interrumpirse. Los reclamos derivaron en promesas de regularización, compromisos para transferir los inmuebles y convenios de reconocimiento de deuda que, según los denunciantes, tampoco se cumplieron.

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La promesa de obtener una rentabilidad anual en dólares a través del mercado inmobiliario estadounidense terminó en una disputa judicial que involucra a varios futbolistas argentinos. Un grupo de once inversores presentó una denuncia penal en La Plata contra empresarios vinculados con la compra, remodelación y alquiler de viviendas en Baltimore, Maryland, por una presunta estafa que habría provocado pérdidas millonarias.

Entre los damnificados aparecen siete futbolistas y exfutbolistas con pasado en distintos clubes del país y del exterior: Facundo Fraga, Leonardo Jara, Ezequiel Cerutti, Lucas Ariel Rodríguez, Gonzalo Maroni, Alejandro Gastón Mena y Juan Francisco Brunetta. Según el detalle incorporado a la presentación, los deportistas entregaron en conjunto USD 2.125.000 para participar de un negocio que prometía una rentabilidad anual de entre el 10% y el 11%.

Fraga y Jara fueron los que más invirtieron
Fraga y Jara fueron los que más invirtieron

La operatoria funcionaba bajo la modalidad conocida como "llave en mano": los interesados aportaban el capital y una estructura empresarial se encargaba de seleccionar y comprar las propiedades, realizar las remodelaciones necesarias, administrarlas y conseguir inquilinos. Una vez que las viviendas estuvieran en condiciones de ser alquiladas, los inversores comenzarían a recibir los ingresos correspondientes.

De acuerdo con la denuncia, la propuesta se promocionaba mediante reuniones en hoteles de La Plata y Puerto Madero, algunas de ellas vinculadas con una reconocida red inmobiliaria. Los responsables del negocio organizaban encuentros para presentar las oportunidades de inversión e incluso viajes a Estados Unidos para que los interesados pudieran conocer los inmuebles.

Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a aparecer irregularidades. Los denunciantes sostienen que varias propiedades nunca fueron transferidas a nombre de las sociedades estadounidenses constituidas para los inversores, mientras que otras permanecieron registradas a nombre de terceros. También detectaron viviendas sin terminar, en condiciones inhabitables o con deudas impositivas, multas municipales, servicios impagos e infracciones a las normas de construcción.

Las inversiones

Facundo Fraga, exjugador y representante de futbolistas, encabeza la lista de aportes con USD 720.000, que habría entregado entre febrero y marzo de 2022 para la adquisición de tres viviendas. Leonardo Jara, con pasado en Estudiantes de La Plata, Boca, Vélez y Lanús, invirtió USD 520.000 para comprar otros tres inmuebles.

Por su parte, Ezequiel Cerutti, delantero que vistió las camisetas de Estudiantes y San Lorenzo, habría destinado USD 320.000 a la adquisición de dos casas. Lucas Ariel Rodríguez, conocido como "Tití", aportó USD 180.000 para tres propiedades, mientras que Gonzalo Maroni entregó USD 170.000 para participar de una operación en agosto de 2024.

La nómina se completa con el exjugador Alejandro Gastón Mena, quien habría invertido USD 110.000, y Juan Francisco Brunetta, actual mediocampista de Tigres de México, con un aporte de USD 105.000.

Cerutti, Titi Rodríguez, Maroni, Mena y Brunetta fueron los otros futbolistas que invertieron
Cerutti, Titi Rodríguez, Maroni, Mena y Brunetta fueron los otros futbolistas que invertieron

A ese grupo se suma el contador Emiliano Ezequiel Galletti, hermano del exfutbolista Luciano Galetti, quien asesoraba a los jugadores y administraba parte de sus inversiones. También figura como denunciante por una operación personal en la que asegura haber desembolsado USD 79.000.

Los otros afectados son los inversores platenses Héctor Remorini, Pablo Tomás y María Laura Maillo, cuyos reclamos por el capital aportado suman USD 475.000. De esta manera, la cifra total cuya restitución solicitan los once denunciantes alcanza los USD 2.679.000, sin contemplar otros conceptos como alquileres que habrían sido retenidos, impuestos, multas y gastos extraordinarios.

Entre los episodios descriptos aparecen operaciones por viviendas en las que los supuestos vendedores habrían negado haber autorizado las transacciones o recibido el dinero correspondiente. En otros casos, los compradores descubrieron que los inmuebles continuaban registrados a nombre de las estructuras empresariales que administraban el negocio y acumulaban deudas e infracciones que dificultaban su transferencia.

La investigación judicial y los movimientos patrimoniales

La presentación también solicita investigar la constitución de un fideicomiso de administración familiar denominado "PLASTIGONES", registrado en abril de 2024 y que tendría entre sus bienes cuatro propiedades ubicadas en City Bell, La Plata, General Belgrano y Beccar. Los inversores piden determinar el origen de los fondos utilizados para incorporar esos inmuebles y establecer si la estructura pudo haber sido empleada para dificultar eventuales reclamos patrimoniales de los acreedores.

La denuncia apunta contra cuatro socios del negocio inmobiliario que operaban en La Plata y tendrían sede en Estados Unidos. También alcanza a la esposa de uno de ellos y a su sobrino, señalado como el contador de la estructura. Los presentantes solicitan que se investigue qué función cumplió cada uno, quiénes conocían la situación real de las propiedades y quiénes recibieron y retiraron el dinero aportado por los inversores.

El expediente quedó a cargo de la UFIJ N.º 3 de La Plata, cuyo titular es el fiscal Gonzalo Petit Bosnic. La presentación fue realizada ante el fiscal general Héctor Vogliolo y los futbolistas son representados por el abogado Ignacio Fernández Camillo.

Las casas a remodelar en Baltimore
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Entre las medidas solicitadas se encuentran la realización de una pericia contable sobre los recibos y la documentación societaria y tributaria de las empresas, la reconstrucción de los movimientos financieros, la identificación de los titulares registrales de los inmuebles en Estados Unidos y la convocatoria de testigos. También se pidió requerir información a la inmobiliaria involucrada y a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.

Además de los USD 2.679.000 reclamados por el capital invertido, los denunciantes incluyeron otros perjuicios económicos. Héctor Remorini reclama aproximadamente USD 20.569 por alquileres que habrían sido cobrados y no transferidos, mientras que Pablo Tomás y María Laura Maillo estiman en alrededor de USD 33.000 los gastos extraordinarios, multas e impuestos que debieron afrontar o que habrían sido descontados de sus liquidaciones sin que se acreditara su pago.

La presentación solicita investigar los hechos bajo las figuras de presunta estafa y asociación ilícita, sin descartar otras calificaciones que puedan surgir durante el proceso. Ahora, la Justicia deberá reconstruir el recorrido del dinero, determinar el destino de las inversiones y establecer las eventuales responsabilidades de cada uno de los involucrados.

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