La “moneda digital argentina” es una propuesta de Massa que parece casi calcada a la estrategia del fallido “petro” y del “Bolivar Digital” venezolano, una moneda digital anunciada por el régimen de Nicolás Maduro en el año 2017 en medio del colapso hiperinflacionario.

El ministro Sergio Massa resaltó en el debate por demostrar una profunda ignorancia en lo que refiere a la inflación y la economía. En el período en el que ocupó la dirección de la cartera de Economía, la tasa de inflación interanual escaló del 71% al 124,4%, y la economía acumuló 12 meses de recesión.

Pese a su contundente fracaso como Ministro, prometió dos recetas para “bajar” la inflación: el lanzamiento de una “moneda digital argentina”, y una nueva ley de blanqueo de capitales que trataría de incentivar la repatriación de activos argentinos girados al exterior.

Sin más, con estas dos propuestas pretende reducir la tasa de inflación más violenta de los últimos 32 años, bajo la falsa creencia de que los precios suben porque faltan dólares, cuando la realidad es que sobran pesos.

Estas medidas no están ni cerca de poder contener la estampida inflacionaria, y más bien apuntan a profundizar la represión financiera con la misma lógica que usó el chavismo en el año 2017. Queda en evidencia que el ministro Massa no tiene previsto un plan de estabilización auténtico para fin de año, en su lugar se apostará con seguir “administrando” el mercado cambiario y el comercio exterior.

El paquete de medidas prometido por Massa en pleno debate parece calcado del que llevó a cabo el régimen de Nicolás Maduro en diciembre de 2017. El chavismo lanzó el “petro” digital a través de la Gaceta Oficial Nº 41.296 el 8 de diciembre de ese mismo año, paralelamente a la “Superintendencia de la Criptomoneda y Actividades Conexas” para administrar y monitorear su uso efectivo en la economía.

La primera emisión de esa moneda digital tomó lugar en enero de 2018 y alcanzó las 100 millones de unidades, con la promesa de respaldar la moneda en regalías obtenidas por el petróleo y el gas, y las escasas reservas de oro que aún disponía el Banco Central. Por supuesto, la promesa no fue creíble y tampoco se pudo llevar a cabo con efectividad. 

Durante el primer semestre de 2018 también se lanzó un decreto de blanqueo a través de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (SUDEBAN), principalmente enfocado en la recepción de remesas desde el exterior, excluyéndose del pago de impuestos para favorecer su llegada a la economía a través del mercado oficial de cambios

El resultado fue casi tan desastroso como el bolívar papel: en la práctica, sólo un número de transacciones se efectuaron mediante esta moneda digital, al mismo tiempo en que la población venezolana continuó desprendiéndose de bolívares para adoptar al dólar como medio de ahorro y medio de cambio transaccional.

Venezuela no logró estabilizar los precios con estas medidas. La tasa de inflación mensual de diciembre de 2017 llegó al 85%, y a pesar de la moneda digital y el blanqueo de remesas, para mayo de 2018 los precios se dispararon un 110% y la variación siguió escalando hasta el 233% en el mes de septiembre. Lejos de detenerse, el proceso hiperinflacionario se acentuó todavía más.

En 2021, la hiperinflación obligó a Maduro a lanzar un nuevo cono monetario, y el dictador chavista insistió con esta idea. De esta manera, nombró a la nueva moneda como “Bolívar digital” el 5 de agosto de aqué año, a través del Decreto N.º 4.553 publicado en la Gaceta Oficial N.º 42.185.

Dicho bolívar le quitó 6 ceros al anterior “Bolívar Soberano“, y a pesar de su nombre, la moneda fue emitida en papel, pero el Banco Central de Venezuela se reservó el derecho a intentar un nuevo proceso de digitalización en los próximos años.

Las medidas irrisorias de Massa no significan ningún tipo de garantía para las millones de personas que todos los días ven deteriorado el poder adquisitivo de sus salarios. El Ministro se queda sin plan económico, y sin ideas de cara a las próximas elecciones generales.

La deuda acumulada en el Banco Central ya es equivalente al 13% del PBI y representa hasta el 340% de la base monetaria, pero la candidata Bullrich no tiene ninguna propuesta al respecto y demostró un desconcierto total.

Los pasivos remunerados del Banco Central, las Leliq, los Pases y otros instrumentos, fueron cobrando cada vez más relevancia en el debate público de los últimos años. Si bien empezaron como una herramienta efectiva para quitar pesos de circulación y reducir el impacto de la emisión en los precios, los sucesivos gobiernos abusaron de este artilugio y actualmente es una bomba hiperinflacionaria a punto de estallar.

Estos títulos pagan una creciente tasa de interés a muy corto plazo, y mientras su principal función es retirar pesos de circulación para contener la violenta expansión de la oferta monetaria por motivos fiscales, el Gobierno argentino ha entrado en un círculo vicioso en el que tiene que emitir para pagar los intereses para que el dinero contenido en las Leliqs no se libere en el mercado.

El proceso se llevó a tal extremo que el BCRA ya acumula hasta 3 bases monetarias y media virtualmente “retenidas” en estas Letras, una deuda que equivale al 13% del PBI y cuyos intereses totalizan los 16 billones de pesos en lo que va del año. 

Si bien es cierto que Argentina debe converger inmediatamente al equilibrio fiscal para dejar de emitir y poner fin a la política de asistencia del Banco Central al Tesoro, la entidad monetaria deberá seguir emitiendo pesos para pagar las Leliqs, por lo que es una solución necesaria pero no suficiente para evitar la hiperinflación en 2024.

La mención de esta situación descolocó completamente a Patricia Bullrich en medio del debate, donde quedó en evidencia que no sabía lo que son las Leliqs ni mucho menos tiene un plan concreto para hacer frente a la deunda del BCRA.

Milei le preguntó tres veces a lo largo del debate si podía explicar qué iba a hacer con las Leliqs, luego de que la candidata de Juntos por el Cambio dijera en sus dos minutos para hablar de economía que solucionaría la inflación eliminando el déficit fiscal, algo que ya no sirve. No obtuvo nunca una respuesta de Bullrich sobre el tema, quien cambió de tema siempre que recibió dicha pregunta.

Luego del debate, el encargado del área de economía de Juntos por el Cambio, Carlos Melconian, minimizó el hecho y aseguró que “un candidato a presidente no tiene por qué saber eso“, e incluso le preguntó a un periodista si él sabía que eran las Leliqs, olvidándose que los periodistas no van a tener que gobernar la Argentina a partir del 10 de diciembre.

Después del bochornoso momento, los economistas de Juntos por el Cambio salieron a defender a su despistada candidata, esta vez bajando la narrativa de que “las Leliq no son un problema”, y por lo tanto justificando la falta de propuesta concretas para el tema. 

A estos efectos, el equipo de Melconian esgrime tres argumentos principales: que el stock de pasivos remunerados en términos del PBI aún es similar al del año 2018 (tras el desarme de las Lebac), que la tasa de interés que abonan es negativa en términos reales y el stock se licúa por la estampida inflacionaria, y en tercer lugar que el programa de Juntos por el Cambio contribuirá a “reactivar” la demanda de dinero en el año 2024.

Estas afirmaciones no son coherentes y solo dan lugar a mayores críticas. Si bien es cierto que el stock de pasivos remunerados no creció significativamente en términos del PBI desde 2018 (aunque sí con respecto a la base monetaria), estos niveles siguen en valores muy similares a los que registró Argentina entre 1988 y 1989, cuando hubo una explosión hiperinflacionaria.

En segundo lugar, y como explicó Federico Sturzenegger, es cierto que si la tasa de interés real de las Leliq se acerca a 0, la “bomba” puede ser administrable. Pero el problema de esta afirmación es que no considera un escenario de avance hacia la estabilización, por lo que a medida que baje la inflación, las tasas pasarían a ser positivas y se convertirían en un problema.

En otras palabras, los pasivos remunerados eventualmente podrían boicotear un programa de estabilización, si la inflación bajara en el corto plazo y la tasa de interés de las Leliq fuera positiva en términos reales. Por esta razón, el programa perdería credibilidad y podría terminar en un nuevo fracaso.

Esto se condice con el tercer punto que levantan los economistas de Juntos por el Cambio, y es la supuesta reactivación de la demanda de pesos en 2024. El plan de la Fundación Mediterránea confía en que el “desarme” de las Leliq aún con tasas reales positivas podría administrarse si los argentinos vuelven a ahorrar más en pesos o en instrumentos en pesos.

Lo cierto es que en un escenario de liberalización o desdoblamiento cambiario, ajuste de tarifas y levantamiento de la inflación reprimida, muy difícilmente pueda recuperarse la demanda de pesos, más bien todo lo contrario: la transición podría involucrar una mayor huida al dólar, más si Melconian planea implementar el bimonetarismo.

Ante esta situación, Milei plantea una solución simple: la dolarización. Su programa plantea un rescate de los pasivos y cerrar el Banco Central, lo cual no depende de una “mágica” subida en la demanda de pesos y depende solo en que los argentinos se acomoden a usar el dólar, como ya lo hacen de manera informal.

La propuesta económica de Milei promete terminar definitivamente con la inflación, y poner un punto y aparte al proceso de deterioro que sufre el país desde hace décadas. Milei es el único candidato que se pronunció a favor de las privatizaciones y de la apertura de la economía.

El candidato liberal Javier Milei se impuso cómodamente en el primer debate presidencial, según los sondeos para la opinión pública. El candidato de La Libertad Avanza presentó un programa económico diametralmente contrario al de Bullrich y Massa, presentando un cronograma de reformas estructurales con el claro objetivo prioritario de erradicar la inflación y volver a crecer.

Milei plasmó su propuesta a partir de los siguientes pilares principales: La reforma del Estado para reducir drásticamente el tamaño del gasto público, una reforma impositiva para bajar la presión sobre los ciudadanos y las empresas, la desregulación económica, un ambicioso proceso de privatizaciones, la apertura de la economía y el cierre del Banco Central.

Una a una, todas las reformas estructurales que propone Milei

La reforma del Estado

Esta medida retoma la iniciativa que llevó adelante el expresidente Carlos Menem en el año 1989, y que fue uno de los favores que más tarde permitió asentar la estabilidad de precios por un período de 10 años.

Se pretende llevar a cabo un ajuste inicial del orden de los 5 puntos del PBI, el cuál podría aplicarse recortando ampliamente las transferencias discrecionales a las Provincias (que surgen de la subestimación de las variables nominales del Presupuesto), la privatización de la mayor parte de la obra pública nacional para avanzar hacia un sistema de iniciativa privada, la congelamiento de las plazas laborales en el Estado, y finalmente una gran reducción de los subsidios económicos a los servicios públicos.

El impacto tarifario por la eliminación de los subsidios se verá atenuado por el rediseño de la ecuación económico-financiera de los pliegues de concesión con las empresas prestadoras de servicios, ofreciendo mayores garantías, plazos más extensos y beneficios impositivos. Por otra parte, la eliminación de los subsidios económicos también alcanzará a la producción primaria de bienes (principalmente transferencias a empresas públicas o industrias protegidas artificialmente).

Reforma impositiva

Milei propone la eliminación del impuesto a las Ganancias para las utilidades reinvertidas, es decir, cuando las sociedades utilizan sus ingresos netos de impuestos para desarrollar mejoras y recapitalizar la empresa en lugar de distribuir dividendos hacia los accionistas.

En segundo lugar, se propone una fuerte reducción y simplificación del impuesto a los Bienes Personales, que fue sistemáticamente modificado para incrementar tanto su base imponible como sus alícuotas a lo largo del Gobierno de Alberto Fernández. Este impuesto resulta extremadamente distorsivo y penaliza sistemáticamente la acumulación de capital, alentando su salida del país.

La propuesta de Milei consiste en reducir tanto el número de alícuotas aplicables como su tasa ad-valorem, sin ningún tipo de discrmininación por la ubicación de los activos gravados. Se debe tener en cuenta que Bienes Personales fue lanzado en el año 1991 en reemplazo del impuesto al Patrimonio Neto, y solo mantenía una tasa unificada del 1%, mientras que hoy es más del 2,25%. En la actualidad, Argentina aplica el gravamen sobre el patrimonio más aplastante del mundo.

La tercera propuesta consiste en la eliminación de las retenciones sobre todas las exportaciones, con un plazo estimado de entre 12 y 24 meses. En una primera instancia de transición, se propone tomar a todos los impuestos de exportación como pago a cuenta del impuesto a las Ganancias.

En cuarto lugar, se propone un pacto fiscal con la Provincias para reducir y eventualmente eliminar el impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB), que mantiene un sesgo marcadamente anti-competitivo para la producción argentina: grava las exportaciones pero exime a los productos importados. En este sentido, la alusión en el debate a Juan Schiaretti apuntó precisamente a obtener el apoyo de gobernadores y representantes de fuerzas provinciales independientes para poder llevar a cabo esta propuesta tan necesaria.

Desregulación de la economía

El candidato promete una ambiciosa agenda de desregulación en una amplia gama de sectores, entre ellos el sector inmobiliario (duramente golpeado desde el año 2020 por la Ley de alquileres) y el mercado laboral, fundamental para llevar a cabo un proceso de apertura y estabilidad de manera responsable.

El programa de La Libertad Avanza sintetiza tres ejes para el mercado inmobiliario: el mayor incentivo a la construcción de viviendas familiares, mayores incentivos para la puesta en alquiler de inmuebles que hoy permanecen fuera del mercado, y un necesario alivio fiscal para la propiedad inmueble en el sector agropecuario.

Asimismo, desde el mercado laboral se propone una reforma para reemplazar el pago de indemnizaciones por un sistema de fondos de desempleo. El trabajador quedaría protegido ante cualquier despido, conservando todos sus derechos adquiridos, y al mismo tiempo el empleador tendría muchos más incentivos para la contratación formal debido a que el costo laboral de las contingencias se abarata fuertemente.

También se propone una fuerte reducción sobre los impuestos al trabajo, especialmente las cargas patronales, para alentar la contratación en el sector privado formal y poder incluir a las millones de personas que hoy se encuentran afuera del sistema.

Privatizaciones

Milei se distinguió como el único candidato que propone abiertamente privatizar empresas del Estado nacional, en contraste con el estatismo de Patricia Bullrich y Sergio Massa que prometen mantener todas las empresas públicas creadas o nacionalizadas desde el año 2003. Las empresas del Estado le cuestan al país entre 0,7 y 1 punto del PBI por año en déficit fiscal, el equivalente al programa AUH y la Tarjeta Alimentar puestos juntos.

El programa de privatizaciones de Milei incluye, entre otras entidades, la venta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Aerolíneas Argentinas (mediante un acuerdo para que sea administrada por los trabajadores que la operan), los ramales de ferrocarril de carga y pasajeros y el correo, entre muchas otras. 

Para una segunda generación de reformas, una vez que el país haya alcanzado la estabilidad de precios y el sólido equilibrio fiscal, el programa de La Libertad Avanza propone darle la libertad a la gente para ahorrar sus fondos de jubilación de la manera que lo considere mejor, ya sea en un régimen de reparto estatal o bajo administradoras de fondos de pensiones (AFJP) como regían en Argentina hasta el año 2008.

El fin del Banco Central

Siguiendo los lineamientos presentados por Emilio Ocampo, la propuesta de Milei consiste en volver a darle la libertad de elegir a la gente sobre qué moneda usar para el ahorro, la inversión y la transaccionalidad. Es de amplia evidencia que el peso solamente funcionó como un instrumento para financiar al Tesoro a través del señoreaje del BCRA, y en función de ello se propone terminar con la institución tal y como la conocemos hoy.

En la práctica esto es equivalente a convalidar un proceso de dolarización que, de hecho, ya se está produciendo en la economía para cada vez más mercados y más transacciones (además de para el ahorro tradicional).

Este proceso podría demorar entre 9 y 24 meses, por lo que para las elecciones de medio término en 2025 el país ya podría haber erradicado completamente el problema inflacionario. Esta es la principal apuesta de Milei y su equipo, ya que terminar con la inflación resulta un paso fundamental para avanzar con la concreción de todas las reformas estructurales que el país necesita.