Tras casi ocho décadas de funcionamiento, el Banco de la Nación Argentina decidió cerrar este miércoles 30 de abril su histórica sucursal en Ramos Mejía. Según informó la entidad, la medida se tomó a raíz del alto costo impositivo que representa la Tasa de Servicios Generales aplicada por el municipio de La Matanza, cuya alícuota del 7,5% se encuentra entre las más elevadas del país.
Los clientes ya fueron derivados a una sede cercana
De acuerdo con el comunicado oficial, los clientes de la sucursal Ramos Mejía fueron automáticamente migrados a la filial Ciudadela, ubicada a solo 15 cuadras de distancia, en el partido vecino de Tres de Febrero. Allí podrán operar con normalidad, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
"En municipios como Tres de Febrero, la estructura tributaria es más razonable y no penaliza la presencia del Banco ni encarece el crédito", explicaron desde la institución financiera.
El Banco Nación cierra su sucursal en Ramos Mejía por las elevadas tasas municipales
La carga fiscal duplicaba los costos operativos
Durante los primeros ocho meses de 2024, el Banco Nación abonó $3.500 millones solo en tasas municipales en La Matanza. Esa cifra, según detallaron desde la entidad, equivale al salario anual de 150 colaboradores, lo que duplica los costos operativos y limita la capacidad de financiamiento tanto para pymes como para familias.
“El impacto fiscal es tan significativo que afecta directamente la posibilidad de ofrecer créditos competitivos y sostener una estructura operativa viable en el distrito”, señalaron fuentes cercanas a la conducción del banco.
El Banco Nación cierra su sucursal en Ramos Mejía por las elevadas tasas municipales
Una decisión que marca el fin de una era
La sucursal de Ramos Mejía tenía más de 75 años de historia. Su cierre representa no solo una decisión administrativa, sino también el reflejo de un conflicto de fondo entre el esquema tributario local y la sustentabilidad de servicios bancarios.
Desde el Banco Nación insistieron en la necesidad de revisar las políticas fiscales municipales para no desalentar la inversión y el acceso al crédito, especialmente en zonas donde el sector público cumple un rol clave en la inclusión financiera.
