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Economía

Biden envía un masivo programa de expansión del gasto publico mientras EE.UU. está al borde del default

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La secretaria del Tesoro Janet Yellen afirmaba que el país entraría en default el 18 de octubre, si no se resolvía aumentar el techo de la deuda. Aun así, el presidente Biden todavía insiste en impulsar un “Green New Deal” que le costará millones de dólares a los ciudadanos y endeudará pesadamente al país.

El programa de estímulo fiscal impulsado por Joe Biden produjo un importante desequilibrio en las finanzas públicas. En sus primeros tres meses de gestión, los demócratas resolvieron una fuerte expansión del gasto público federal, que pasó del 31,4% del PBI en enero al 34% en marzo. En el mismo período, el déficit fiscal trepó del 15,8% del PBI hasta el 18,3%.

A pesar de la corrección fiscal comenzada en abril, el desequilibrio puso en jaque a la capacidad del Tesoro para hacer frente a sus obligaciones financieras de corto plazo. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, aseguró en reiteradas oportunidades que, dada la actual trayectoria fiscal, el Gobierno se quedaría sin un solo dólar para el 18 de octubre.

Para evitarlo, el Congreso estadounidense alcanzó un tímido acuerdo con la oposición republicana en ambas cámaras para suspender la efectividad del techo de la deuda pública hasta el próximo 3 de diciembre. De esta manera, los pagos para octubre se encuentran cubiertos, pero no hay garantías a futuro.

Si los republicanos no daban quorum para elevar el techo de la deuda, Estados Unidos podría haber caído en default, la vez que más cerca estuvo la primer potencia mundial de no poder afrontar sus obligaciones. Este es un fuerte termómetro de lo sobrecargada que está la economía norteamericana con un gobierno en expansión.

En cara al futuro, la política fiscal de Biden parece completamente desequilibrada. El proyecto original de los demócratas no solo propone aumentar los impuestos y el gasto federal, sino que prevé un aumento sostenido y peligroso del déficit fiscal para los próximos años, todo financiado con más deuda pública.

A diferencia de los programas fiscales bajo las presidencias de Barack Obama o Bill Clinton, quienes subieron los impuestos con el objetivo de equilibrar las cuentas públicas, el presidente Biden lleva a cabo un aumento impositivo “solidario” para crear más igualdad, y el efecto será un desequilibrio fiscal más grande, algo que no ocurría desde la presidencia de Franklin D. Roosevelt.

Pero a diferencia de su predecesor, la política fiscal no solo conservará una impronta típicamente keynesiana, además buscará instalar una agenda de corte ecologista y dando forma a un “Green New Deal”, pese a que en campaña el propio Biden había prometido no incurrir en este tipo de políticas irresponsables.

La agenda “Build Back Better” le costará a los Estados Unidos un total de US$ 3,5 billones en los próximos diez años, y solamente la mitad será cubierta con nuevos ajustes impositivos. El monto restante se sostendrá a base de un brutal aumento de la deuda pública. Acorde al plan, la corrección fiscal comenzaría hipotéticamente en una segunda década, suponiendo una nueva oleada de aumentos tributarios.

Además de un ambicioso programa de infraestructura, algo típico de los estímulos keynesianos del siglo XX, los demócratas impulsarán gastos siderales para la plantación de árboles, subsidios económicos para la adquisición de autos eléctricos y servicios postales, la creación de nuevas “asignaciones” para personas mayores con “problemas de identidad sexual”, y el fomento del aprendizaje adicional a distancia, entre decenas y decenas de partidas presupuestarias de muy diversa índole.

El oficialismo aseguró en reiteradas oportunidades que, dado el supuesto crecimiento económico que generarán las medidas y su impacto sobre el consumo y la inversión, esto debería generar recursos suficientes al Estado como para poder disminuir sus desequilibrios a largo plazo.

Sin embargo, el programa parece inspirado en las políticas económicas obsoletas del siglo XX, y muy lejos de alentar el crecimiento, estudios privados (como el que elaboran la Tax Foundation y la Hoover Foundation) estiman que penalizará la producción y la creación de empleo hasta 2030.

En consecuencia, existe una importante resistencia en la oposición republicana para aprobar cualquier tipo de aumento definitivo en el techo de la deuda pública, o al menos para aprobar uno demasiado extremista, al quedar en evidencia que se buscará fomentar libremente el despilfarro gubernamental y no una política prudente de austeridad.

Economía

Massa quiere que las Provincias le presten al Gobierno Nacional frente a la falta de prestamistas privados

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El ministro de Economía está listo para desplegar una “aspiradora de pesos” y ampliar el margen de la deuda pública doméstica, pero esta vez teniendo como acreedores a las Provincias y los organismos públicos frente a la reticencia del sector privado. 

En una nueva maniobra peligrosa y desesperada ante el fracaso de las licitaciones en pesos, el ministro de Economía Sergio Massa pretende seguir expandiendo el endeudamiento público en pesos, pero esta vez acudiendo a la liquidez que presentan las Provincias.

Se pretende captar todo el financiamiento que el sector privado ya no está dispuesto a refinanciar. Crecen las expectativas por un eventual “reperfilamiento” de plazos, intereses y capital sobre la deuda en pesos, incluso a pesar de que el Banco Central podría rescatar toda la deuda que fuera necesaria a costa de un shock inflacionario brutal. 

El ministró colocará nuevos bonos con un plazo de hasta 120 días y cuya fecha de emisión será el próximo jueves 30 de noviembre, que será ofrecido a las Provincias. La clave de la operación es la posición que tienen las Provincias en plazos fijos con una remuneración del 75% nominal anual y aún superior en términos efectivos.

Si el Tesoro pretende que las Provincias desarmen su posición en plazos fijos para prestarle dinero y transferir su liquidez, se deberán colorar bonos a una tasa que compense y supere a las que se perciben con los plazos fijos. A la fecha, ni las tasas ni los montos de capital fueron establecidos públicamente por la cartera de Economía

La liquidez de las Provincias, aquellos fondos tan codiciados por el ministerio de Economía asciende a un monto equivalente a 1,6 billones de pesos a valores actuales, un valor más que suficiente para concluir los compromisos del año sin necesidad de recurrir a la emisión monetaria directa (adelantos transitorios) o la indirecta (rescate de deuda pública). 

Asimismo, Massa no solo apunta a las entidades provinciales sino también a las empresas públicas y los organismos descentralizados. Se calcula que la liquidez sobre estas últimas instituciones alcanza los $1,12 billones, y los municipios retienen hasta $348.000 millones depositados en plazos fijos en pesos. 

Los vencimientos de corto plazo del Tesoro, solamente por la deuda doméstica en pesos, ascienden hasta los $700.000 millones hasta fin de año. Se estima que se obtendrán cerca de $250.000 millones como resultado del cobro de retenciones tras la liquidación de la soja a través de la nueva paridad cambiaria especial, pero el monto remanente espera cubrirse con más endeudamiento. 

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Economía

Bidenomics: La Bolsa cayó un 17% en lo que va del año y los bonos del Tesoro tuvieron el peor derrumbe desde 1788

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El índice S&P 500 obtuvo el peor rendimiento de 11 meses para cualquier año desde 2008, y los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos se desplomaron al ritmo más violento registrado desde 1788. 

Los efectos adversos de la aplicación de fuertes estímulos fiscales y monetarios durante la pandemia siguen dando de qué hablar aún en la actualidad, dos años después del impacto por la emergencia.

La reaparición de la inflación en Estados Unidos desequilibró el rendimiento que era habitual tener en los últimos años. El índice bursátil S&P 500 obtuvo una caída nominal del 17% entre el 1 de enero y el 30 de noviembre, y considerando el efecto del alza de los precios la caída efectiva es aún más drástica. 

Pero obviando el efecto de la inflación, aún así la caída nominal del precio de las acciones es la peor registrada para un período de 11 meses desde el año 2008. Esto desalienta la inversión en el agregado de la economía, ya que se modifica la relación entre el valor real de reposición de los bienes de capital y el valor del capital en el mercado bursátil a través. 

La caída del S&P 500 es equivalente a una pérdida de hasta US$ 11 billones en capitalización de mercado durante los últimos 11 meses. Solamente para tomar una real dimensión de lo que este monto significa, resulta equivalente a producción anual de bienes y servicios de las economías de Alemania, Japón y Canadá, puestas juntas.

El valor bursátil de las empresas tecnológicas se vio particularmente afectado, lo cual precipitó una oleada de despidos sobre las principales Bit Tech de los Estados Unidos

Lo que es aún peor, la caída de los bonos de largo plazo del Tesoro de los Estados Unidos es la peor registrada desde el año 1788. Pero combinando el desempeño de los bonos públicos y las acciones del sector privado, los retornos nominales correspondientes al 2022 arrojan la peor combinación desde 1932, cuando el país atravesaba la famosa Gran Depresión. 

La economía de Biden dista mucho de la solidez adjudicada por el Presidente, y según algunas firmas especializadas en microdatos de alta frecuencia como IHS Markit, la actividad económica manifiesta evidentes señales de desaceleración desde, al menos, noviembre del año pasado. 

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Brasil

La economía de Brasil logró sumar 159.000 nuevos puestos de trabajo en el mes de las elecciones

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La reforma laboral de Bolsonaro y el acomodado crecimiento económico crearon las condiciones necesarias para la recuperación del trabajo. La desocupación es la más baja desde junio de 2015 y se aproxima a recuperar todo lo perdido durante la última gran recesión de la administración de Rousseff. 

El más reciente informe del Registro General de Ocupados y Desocupados (Caged) de Brasil confirmó que el país logró sumar hasta 159.000 nuevos puestos de trabajo netos al término del mes de octubre, como resultado de las contrataciones brutas y los despidos totales.

Las estadísticas señalan que la recuperación laboral alcanzó a los distintos Estados que conforman Brasil, y además todos los sectores de la economía registraron saldos positivos a excepción de la agricultura, que debió enfrentar fuertes volatilidades en los precios de referencia internacional. 

Sin embargo, el mejor desempeño de entre todos fue liderado por el sector servicios, que logró añadir más de 91.000 empleos en el sector privado formal. Solamente en el sector de comercio se registraron hasta 49.000 nuevas plazas laborales. 

Asimismo, la tasa de desocupación abierta de Brasil cayó al 8,3% en el trimestre móvil finalizado en octubre y según la serie original del indicador. Esta cifra fue confirmada y divulgada por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE). 

Considerando la serie desestacionalizada del indicador, que elimina la incidencia de factores meramente coyunturales y cíclicos sobre la economía, la desocupación alcanzó el 8,5% de la población activa y de esta manera cayó al umbral más bajo desde junio de 2015

Se acumuló una muy fuerte baja de hasta 6,48 puntos porcentuales sobre la tasa de desempleo entre diciembre de 2020 y octubre de este año. En lo que va de la administración de Jair Bolsonaro como presidente del país, la desocupación acumuló una caída de 4,1 puntos porcentuales. 

Tasa de desocupación de Brasil desde marzo de 2012.

Bolbonsaro se convirtió en el primer presidente desde 2014 capaz de lograr una baja en este indicador, y las estadísticas laborales más recientes sugieren que Brasil recuperó la mayor parte del terreno perdido durante la última gran crisis financiera heredada por el mandato de Dilma Rousseff. 

La reactivación de la actividad económica post-pandemia tuvo un rol importante en la recuperación laboral, pero un factor trascendental fue la flexibilización en la legislación laboral impulsada por Bolsonaro a mediados del año 2021

Los efectos positivos de la reforma laboral del Presidente pueden apreciarse si se compara la elasticidad entre creación de puestos de trabajo y crecimiento económico. En otras palabras: antes de la reforma, por cada punto porcentual que Brasil crecía se creaban menos puestos de trabajo de los que se crean actualmente con el nuevo marco regulatorio.

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