La prestigiosa calificadora de riesgo modificó la perspectiva para el sistema bancario argentino de “estable” a “negativa”. Anticipa que la actividad económica se contraerá por lo menos un 0,5% en 2023, y la inestabilidad cambiaria pone en riesgo las tenencias de pesos dentro del sistema.

Los pronósticos de los organismos multilaterales y las firmas financieras más importantes del mundo comienzan a darle la espalda a la economía argentina, a pesar del particular entusiasmo publicitado por el presidente Alberto Fernández.

La calificadora de riesgo Moody’s, una de las más importantes y prestigiosas del mundo, decidió rebajar la perspectiva crediticia para el sistema bancario argentino de “estable” a “negativa”, lo cual implica una mayor predisposición a una crisis financiera y una recesión próxima para la actividad real.

“El sistema bancario de Argentina presenta una perspectiva negativa, debido a las débiles condiciones operativas y la elevada exposición soberana”, señala el informe publicado por Moody’s. 

La economía argentina, según precisó la calificadora, sufrirá una caída del 0,5% en 2023, una perspectiva relativamente optimista en contraste con los pronósticos de las consultoras locales que prevén una caída de por lo menos el 3%. 

La actividad no crece desde agosto del año pasado, y el PBI trimestral sufrió una caída del 1,5% en los últimos tres meses de 2022. De confirmarse una muy probable y sugerida caída en el primer trimestre de este año, Argentina entraría formalmente en una situación de recesión técnica.

Según el diagnóstico de la firma, existen por lo menos tres factores que inciden en la estabilidad del sistema bancario argentino: la peligrosa exposición de las instituciones locales al sector público (incluyendo el BCRA), la elevada y creciente inflación en torno a los 3 dígitos, y el desequilibrio en el mercado de divisas como consecuencia directa del cepo cambiario.

Los bancos locales alcanzan una exposición al sector público que equivale hasta el 70% de los depósitos totales que administran, el 47% del monto equivalente en concepto de pasivos remunerados por el Banco Central y un 23% en títulos públicos emitidos por el Tesoro nacional.

La tasa aplicada para la política monetaria del Banco Central escaló al 78% anual (casi 113% en términos efectivos), mientras que el Tesoro llegó a pagar hasta un 120%. Asimismo, la autoridad monetaria permitió descontar los bonos públicos como un instrumento válido a cuenta de los encajes legales, alentando a los bancos a usar sus reservas para prestar cada vez más al Gobierno.

La calificadora de riesgo explicó que la posición de liquidez de los bancos argentinos es sólida, ya que considera que las tenencias de Leliq y pases como activos líquidos de rápida disposición en caso de una situación de estrés financiero. Pero aún así no descartó una corrida contra los depósitos, y de hecho advirtió que esta situación es factible por el latente riesgo cambiario.

De producirse una “sorpresa cambiaria” o un salto brusco en el tipo de cambio oficial por la falta de divisas, se corre el riesgo de provocar una corrida contra los depósitos en pesos para su rápido canje por dólares. La precipitación de una fuerte caída en la demanda de pesos amenaza con conducir a la economía hacia un estallido inflacionario mayúsculo.

“Los problemas relacionados con las reservas de moneda extranjera del país podrían afectar potencialmente la estabilidad de los depósitos”, advierte el informe de la calificadora de riesgo. 

Una situación de estrés cambiario similar ocurrió durante los primeros dos trimestres de 1989. Incluso remunerando pasivos (como se hace hoy en día), el Gobierno radical de Raúl Alfonsín no fue capaz de controlar la corrida contra los depósitos en australes para su inmediata conversión a dólares. Las autoridades establecieron un corralito para limitar las extracciones, pero esto solo precipitó todavía más la corrida contra la moneda nacional en el mercado cambiario paralelo y el país sufrió la peor hiperinflación de su historia.

La actividad económica entró en una nueva fase recesiva a partir de septiembre del año pasado, mientras que la inflación es la más alta observada desde 1991. No llega la reactivación prometida por el oficialismo.

El Gobierno de Alberto Fernández enfrenta el que probablemente sea su último año de gestión con una incipiente recesión sobre el nivel de actividad. El INDEC anunció que la proxy del PBI mensual, el índice EMAE, creció solo un 0,3% en enero de 2023 frente al período precedente.

Se observó un crecimiento interanual del 2,9% según la serie original del indicador con respecto al mismo mes del año pasado, pero la variación interanual de la serie desestacionalizada fue prácticamente nula: la economía opera en los mismos niveles que tenía hace un año. 

La situación dinámica es aún peor. La mayor parte del crecimiento del año 2022 se concentró en los primeros dos trimestres, pero el último cerró con una caída del 1,5% informada por el INDEC, y el índice EMAE acumuló una retracción del 2,56% desde agosto del año pasado.

La sequía afectó dramáticamente la situación del campo y la actividad de la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura se desplomó un 15,5% interanual en enero de 2023. Este hecho restó aproximadamente 0,68 puntos porcentuales de crecimiento a la variación interanual de la actividad general.

Pero el estancamiento constituye un fenómeno generalizado que se viene produciendo en la economía desde septiembre de 2022. La producción industrial creció un 0,7% en enero, pero acumula una fuerte caída del 2,66% en comparación al nivel que tenía en agosto del año pasado. Del mismo modo, el índice ISAAC informado por el INDEC para la construcción obtuvo un rebote del 4,25% durante el primer mes del año, pero acumula una reversión del 7,74% contra julio de 2022. 

A partir del mes de septiembre, la economía entró en una incipiente fase recesiva de la cual aún no logra recuperarse. Los pronósticos de las consultoras privadas sugieren que la actividad volverá a caer en el primer trimestre de 2023, dando lugar a una recesión formal propiamente dicha.

Después de tres años de gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el ingreso promedio real por habitante retornó a un nivel similar al que había en noviembre de 2019. El EMAE ajustado por población acumuló una violenta caída del 3,2% entre agosto de 2022 y enero de este año, y solo supera en un 1,1% al nivel de noviembre de 2019.

El EMAE per cápita cayó un 12,05% desde septiembre de 2011, y la inflación interanual escaló del 25% al 102,5% en febrero de este año. Asimismo, la economía argentina solamente logró crecer un 2,15% desde enero de 2007, un resultado insuficiente y holgadamente menor al promedio mundial o incluso al promedio de la región. 

Los principales pilares del modelo económico kirchnerista muestran claros resultados de agotamiento. La economía signada por los controles cambiarios, las retenciones a la exportación, las licencias no automáticas para las importaciones, la emisión monetaria sin respaldo para financiar el déficit fiscal, la rigidez de la legislación laboral y la estructura tributaria disfuncional terminaron por agotar el crecimiento.

Se trata de una medida estrictamente temporal y aún sujeta a estudio, con el potencial de sumar hasta 4.000 millones de dólares a las arcas del Banco Central. La devaluación del tipo de cambio oficial parece cada vez más impostergable.

El modelo económico kirchnerista se encuentra completamente asfixiado por la escasez de divisas, la inflación y la incipiente recesión sobre la actividad real. El equipo del ministro Sergio Massa continúa negándose a permitir una devaluación abierta, pero el drenaje de reservas internacionales del Banco Central hace que la situación cambiaria se torne insostenible.

Massa analiza lanzar un novedoso “dólar de exportación” a un paridad que aún se desconoce pero que podría escalar hasta los $300. La nueva e hipotética cotización legal del dólar mantendría un diferencial cercano al 40% con respecto al tipo de cambio oficial de referencia, un nivel más competitivo y atractivo para la liquidación de divisas por exportación.

Si bien la medida, de concretarse, involucraría la legalización (y por lo tanto el reconocimiento) de una paridad más alta para las exportaciones, lo cierto es que se plantea con un carácter estrictamente temporal. No se convalida un nuevo régimen cambiario, el oficialismo pretende replicar el experimento del “dólar soja” pero esta vez de manera generalizada para el conjunto de los sectores de exportación.

Por estas razones se diferencia de un “desdoblamiento cambiario” propiamente dicho, y constituye más bien un parche que no pretende reorganizar el mercado cambiario y favorecer las exportaciones, sino simplemente adelantar su liquidación a costa de producir mayores faltantes de divisas en el futuro.

Se pretende ahondar en los beneficios de una devaluación oficial sobre el desequilibrio de divisas y el sostenimiento del cepo cambiario, pero al mismo tiempo evitar la mayor parte de las consecuencias en materia de precios. Pero la dicotomía entre ambas cosas es insoslayable, sólo se conseguiría postergar un poco más la ya inevitable devaluación sobre el tipo de cambio.

En tal sentido, el Gobierno calcula que la medida tiene el potencial de sumar hasta US$ 4.000 millones de dólares a las arcas del Banco Central, y hasta 2.000 millones solamente explicados por las liquidaciones de soja. Sin embargo, la cifra es holgadamente insuficiente para cubrir las necesidades de divisas por importaciones en los próximos meses.

Solamente hasta agosto o septiembre, el equipo de Massa estima un déficit de hasta 10.000 millones de dólares para el pago de importaciones. A un tipo de cambio oficial en $213 no existe un mercado oferente, sino que todos los agentes son demandantes y solo el Banco Central se encarga de administrar la oferta. En consecuencia, la defensa de una paridad cambiaria irracional provoca importantes salidas de divisas como parte de un régimen completamente inestable. 

Los controles cambiarios abortan la oferta de divisas al tipo oficial, y generan incentivos naturales para la sobrefacturación de importaciones y la subdeclaración de exportaciones. Todos los agentes quieren demandar dólares a una paridad artificialmente baja, pero al momento de ofertarlos optan por las paridades alternativas (incluso el dólar ilegal).

El Gobierno podría hacer uso de mayores controles cuantitativos sobre las importaciones vía licencias no automáticas e incluso prohibiciones, pero hacerlo solo profundizaría la recesión. La actividad económica permanece en caída desde septiembre del año pasado.