Las gestiones entre el Gobierno Nacional y Córdoba tomaron impulso con una reunión técnica en la Corte Suprema que buscó precisar los montos adeudados entre 2017 y 2021. Las partes repasaron los compromisos asumidos meses atrás y evaluaron los avances administrativos vinculados al cálculo final. La instancia fue encabezada por funcionarios especializados, quienes mantienen un trabajo conjunto desde hace varios meses.
El acuerdo inicial preveía sumar el año 2022, aunque la Anses registró demoras para completar la documentación requerida en los plazos previstos. Ese tramo será incorporado antes del 17 de diciembre, cuando se eleve el monto nominal correspondiente a ese ejercicio pendiente. El análisis completo alcanzará también los períodos 2023 y 2024, cuya revisión se espera concluir antes de marzo próximo.
La representación provincial estuvo integrada por el ministro Guillermo Acosta, el fiscal Jorge Córdoba y asesores legales que acompañan la demanda ante el máximo tribunal. Desde el Centro Cívico aclararon que no estaba contemplada la presencia del gobernador Llaryora, dado que se trató de una reunión exclusivamente técnica. El objetivo central fue avanzar en la consolidación de datos que permitan determinar la cifra real de la deuda previsional.
Si la negociación no avanza, el Gobierno provincial insistirá en que la Corte dicte sentencia definitiva
Proyecciones del acuerdo
Las auditorías en curso buscan establecer con exactitud la deuda acumulada por la Nación, especialmente la generada durante la gestión de Alberto Fernández. El resultado será incorporado al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, mecanismo mediante el cual el Gobierno nacional negocia con las provincias. Una sentencia inmediata es considerada poco probable, por lo que la Provincia prioriza asegurar un flujo actualizado y sostenible.
El envío actual de $5 mil millones mensuales, fijado en el acuerdo provisorio, quedó por debajo de las necesidades provinciales y será revisado en abril del próximo año. Córdoba aspira a triplicar ese monto, llevándolo a $15 mil millones mensuales, citando como antecedente el incremento obtenido por Entre Ríos en una negociación similar. Las expectativas, sin embargo, están atravesadas por factores políticos que podrían influir en la decisión final.
Si la negociación sobre el flujo o el reconocimiento de la deuda no avanza, el Gobierno provincial insistirá en que la Corte dicte sentencia definitiva sobre el reclamo. En el Centro Cívico confían en sus fundamentos jurídicos y recuerdan el fallo favorable obtenido en 2015 ante un planteo similar. Esa experiencia refuerza la convicción de que el máximo tribunal respaldará nuevamente la posición provincial.
