La Provincia difundió una resolución que veta toda navegación en ríos y arroyos cordobeses y lo hizo en la antesala del verano cuando la actividad recreativa crece de forma natural. Las autoridades aseguran que buscan disminuir riesgos en zonas de comportamiento imprevisible aunque la medida recae sobre prácticas que históricamente fueron libres. El alcance general del texto fue cuestionado por quienes consideran innecesario limitar incluso el uso de elementos de flotación permitidos por años.
Tras la publicación oficial, el director de Seguridad Náutica Adrián Berelejis aclaró que la prohibición no abarca lagos lo que generó alivio parcial pero no resolvió el fondo del malestar. El funcionario señaló que queda comprendido “cualquier tipo de embarcación y/o dispositivo de flotación” lo que reavivó críticas por un criterio visto como exagerado. Para muchos la ambigüedad del concepto habilita controles excesivos que rozan la intromisión estatal en espacios tradicionalmente utilizados sin conflicto.
Berelejis fundamentó la decisión afirmando que los ríos cordobeses son inestables y que presentan movimientos de piedra y bancos móviles aunque esas características son conocidas desde hace décadas. La explicación fue tomada con escepticismo por sectores que creen que el argumento técnico no alcanza para bloquear toda navegación recreativa. La resolución terminó siendo vista como un avance restrictivo que prioriza la prohibición antes que la advertencia y la responsabilidad individual.
La única excepción de navegación
La norma solo habilita eventos náuticos deportivos autorizados lo que generó nuevas críticas porque introduce un trato diferencial entre actividades similares. Según Berelejis estos casos se analizan con pautas estrictas de seguridad incluyendo prácticas como el Desafío del Xanaes o las escuelas de canotaje de Inriville y Bell Ville. Sin embargo, si existen condiciones para autorizar competencias también podría contemplarse un esquema razonable para la navegación recreativa.
El director remarcó que hay zonas donde suelen aparecer intentos de usar embarcaciones pese al peligro y mencionó áreas como Cuesta Blanca o sectores de Villa Ciudad Parque cercanos al dique. La referencia fue interpretada como otro ejemplo de una política que castiga a todos por conductas puntuales sin distinguir situaciones ni niveles de riesgo. El criterio genera dudas porque traslada una presunción de irresponsabilidad generalizada que limita libertades sin ofrecer alternativas de regulación menos invasivas.
La resolución llega en un contexto donde cada restricción estatal obtiene mayor escrutinio y esta no fue la excepción porque impacta en hábitos arraigados de miles de turistas y vecinos. Aunque la Provincia afirma que la prioridad es “preservar la vida” muchos consideran que había opciones intermedias que evitarían una prohibición total. El debate quedará abierto mientras los cordobeses ingresan a la temporada estival con una medida que transforma actividades habituales en prácticas sujetas a sanción.
