El Gobierno liberó el precio de las garrafas en medio de la ola polar y crisis del gas

Hasta ahora, la Secretaría de Energía fijaba valores orientativos para las garrafas —$10.500 para las de 10 kg, $12.600 para las de 12 kg y $15.750 para las de 15 kg— con el objetivo de contener el precio al consumidor, pero también generando distorsiones que impedían el normal abastecimiento. Estas tarifas, vigentes desde fines de 2024, incluían impuestos y buscaban evitar tanto la evasión como el comercio informal. Sin embargo, ante la creciente demanda generada por la ola de frío y los cortes de gas natural en distintas provincias, el esquema resultó insuficiente.

Según la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA), la demanda de garrafas creció un 30% en relación al mismo período del año pasado. “La situación se volvió crítica en muchas ciudades del interior con cortes de gas, cañerías congeladas y restricciones en industrias”, señaló el organismo, que celebró la reforma y remarcó que las empresas están trabajando al máximo de su capacidad operativa para abastecer tanto a usuarios residenciales como a industrias, comercios y el agro en zonas no conectadas a la red.

El decreto también suprimió la obligación de obtener permisos previos para operar como fraccionador, distribuidor o comercializador de GLP. A partir de ahora, sólo se exige cumplir con los requisitos de seguridad y presentar la documentación correspondiente, que será evaluada en un plazo máximo de diez días. “Se reemplaza el viejo sistema de autorizaciones discrecionales por uno que presume la legalidad y confía en el actor privado”, afirmó Sturzenegger.

En paralelo, el Comité Ejecutivo de Emergencia —conformado por funcionarios y empresas del sector— resolvió extender al menos por 24 horas más las restricciones al suministro de GNC y a grandes usuarios industriales. La prioridad, ratificó la Secretaría de Energía, es preservar el abastecimiento residencial. La ola de frío obligó al Ejecutivo a tomar decisiones urgentes para estabilizar el sistema y evitar el colapso del transporte troncal de gas natural.

En medio de una de las semanas más frías del año y frente a una crisis energética sin precedentes recientes, el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, avanzó con decisión en una nueva etapa de desregulación: eliminó los precios de referencia para las garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y desmanteló las trabas burocráticas que encarecían y ralentizaban su distribución. La medida, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue oficializada este jueves mediante el Decreto 446/2025 y forma parte del ambicioso plan de liberalización que caracteriza a la administración libertaria.

“Se eliminan los precios de referencia. Los precios libres son la mejor brújula para un mercado sano”, publicó Sturzenegger en su cuenta de X, marcando el tono de una reforma profunda que apunta a terminar con un modelo restrictivo en favor de un sistema ágil, eficiente y centrado en el respeto al derecho de comerciar libremente.

El nuevo marco regulatorio también introdujo innovaciones en los Centros de Canje. Hasta ahora, las empresas estaban obligadas a recibir envases de marcas ajenas en puntos específicos. Esa norma se mantiene, pero ahora se permite que cada compañía acuerde mecanismos más eficientes para el recambio, en línea con la lógica de competencia libre y justa que promueve la administración Milei.

En el plano internacional, el decreto eliminó restricciones al comercio exterior de GLP. Desde ahora, se permiten tanto las importaciones como las exportaciones del producto sin trabas adicionales, dejando atrás un sistema que facultaba al Estado a frenar operaciones si detectaba presuntos subsidios de origen. Con esta apertura, se busca ampliar la oferta, incentivar la competencia y proteger el bolsillo del consumidor desde el lado de la eficiencia.

El censo nacional de 2022 reveló que el 46,3% de los hogares argentinos utilizan garrafas como fuente principal de energía. En ese contexto, el gas envasado se convierte no sólo en un bien esencial durante el invierno, sino en un símbolo de la nueva lógica estatal: menos controles, más libertad y respuestas concretas frente a la urgencia.