La Justicia de Estados Unidos ejecutó un embargo de USD 209 millones sobre activos estatales argentinos, en el marco de un juicio por el default de los Bonos Brady de 2001. La medida fue ordenada por la jueza Loretta Preska, luego de que la Corte Suprema de EE.UU. rechazara la apelación argentina en enero.
El embargo se realizó sobre fondos depositados en la Reserva Federal de Nueva York, correspondientes a los colaterales de los Bonos Brady. El fondo Attestor Master Value tomó posesión de estos activos como compensación por la deuda impaga.
Embargo y fallos adversos contra Argentina
El fallo de Preska responde a un litigio de larga data por títulos emitidos en la década del 90 y caídos en default en 2001. Según el analista Sebastián Maril, la ejecución del embargo se dio tras el fracaso de Argentina en revertir el fallo en cortes superiores.
Attestor forma parte de un grupo de ocho fondos buitres con fallos favorables impagos por USD 460 millones.
Con este embargo, el saldo pendiente de este litigio se reduce a USD 251 millones.
En un caso similar, el mes pasado, bonistas que demandaron a Argentina en Londres lograron ejecutar USD 325 millones en garantía por el cupón PBI.
Otro fondo, Bainbridge Fund, intentó ampliar el embargo sobre los Bonos Brady, pero la jueza solo autorizó la retención de USD 100 millones.
El Gobierno tendrá que pagar 209 millones de dólares por el default del 2001
Este nuevo golpe judicial complica aún más la situación financiera del país, que busca financiamiento internacional en medio de un escenario adverso.
¿Qué son los Bonos Brady?
Los Bonos Brady fueron emitidos en 1992 durante el Gobierno de Carlos Menem, en el marco de un programa de reestructuración de deuda impulsado por el entonces secretario del Tesoro de EE.UU., Nicholas Brady.
El objetivo era permitir el cobro de acreencias por parte de bancos comerciales mediante la emisión de nuevos bonos garantizados con títulos del Tesoro estadounidense. Sin embargo, el acuerdo impuso condiciones gravosas para Argentina, incluyendo:
Renuncia a la soberanía jurídica, obligando al país a someterse a tribunales internacionales en caso de litigios.
Compromiso con el FMI y el Banco Mundial para privatizar empresas públicas, reformar el sistema jubilatorio y modificar la legislación laboral.
Racionalización administrativa en el Estado para reducir el gasto público.
El Gobierno tendrá que pagar 209 millones de dólares por el default del 2001
Según afirmó a Infobae el especialista en deuda Alejandro Olmos Gaona, el Plan Brady ejemplifica la influencia de los grandes grupos financieros sobre los Estados, estableciendo condiciones que limitan su capacidad de defensa legal en disputas futuras.
Con esta nueva ejecución, Argentina sigue enfrentando los costos de decisiones tomadas hace más de tres décadas, mientras intenta cerrar frentes legales abiertos en el exterior.
