Desde este 1 de julio, dos importantes corredores viales de la Argentina quedaron bajo la gestión de empresas privadas. En total, 1871 kilómetros de rutas nacionales y autopistas pasan a manos del sector privado por un período de 20 años. Con el objetivo de tener el mantenimiento apropiado.
La medida forma parte de la Red Federal de Concesiones, un plan del Gobierno que busca transferir la infraestructura vial al ámbito privado con inversión completamente privada. Hasta ahora, estos tramos eran administrados por la empresa estatal Corredores Viales S.A.
El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, confirmó la firma de los contratos correspondientes a la Etapa II-A de este programa. “Se trata de dos corredores estratégicos para la producción, la logística y el comercio en Buenos Aires y La Pampa”, señaló en su cuenta de X.
Los tramos adjudicados y sus detalles
Uno de los corredores es el Tramo Pampa, que abarca 546,65 kilómetros de la Ruta Nacional 5, desde Luján en Buenos Aires hasta el empalme con la Ruta Nacional 35 en La Pampa. Esta sección fue adjudicada a CORREDOR VIAL 5 S.A.U., vinculada a Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. La tarifa ganadora para el peaje es de $2355,37 sin IVA.
Ruta Nacional 5
El otro corredor es el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, con 1.325,17 kilómetros que incluyen las rutas nacionales 3, 205 y 226, además de las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery. El consorcio RUTAS SUR ATLÁNTICO S.A., integrado por varias empresas como Concret Nor S.A., Marcalba S.A., Pose S.A. y Coarco S.A., se quedó con esta adjudicación. Su oferta para el peaje fue de $997 sin IVA.
Según indicaron fuentes de Vialidad Nacional, estos valores son las tarifas que ganaron la licitación, pero solo se podrán aplicar una vez que las empresas dejen las rutas en óptimas condiciones, tal como establecen los contratos. Por el momento, se mantiene la tarifa que cobraba la concesionaria estatal, actualizada por IPC.
El alcance de la Red Federal de Concesiones
La Etapa II-A representa un nuevo avance en el programa RFC, donde las empresas privadas financian íntegramente las obras y el mantenimiento de las vías. Vialidad Nacional queda a cargo de supervisar que se cumplan los niveles de servicio y las condiciones de transitabilidad. Este esquema reemplaza los modelos anteriores que necesitaban aportes del Estado Nacional.
En enero de 2026 ya se había dado un primer paso con la Etapa I, cuando se entregaron 741 kilómetros del ex Corredor Vial 18, incluyendo rutas 12 y 14, el Puente Rosario-Victoria y tramos en Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires. Aquella fue la primera vez que se desvinculó a Corredores Viales de la operación de una ruta nacional.
Actualmente, ya están licitadas la Etapa II-B, que abarca más de 2.500 kilómetros en rutas como la 7, 8, 9, 36 y 188, y la Etapa III, que suma otros 3.900 kilómetros en ocho provincias del norte y centro del país. El objetivo general es superar los 9.000 kilómetros concesionados en todo el territorio nacional, lo que representa un cambio importante en la forma de gestionar la infraestructura vial.
Esta iniciativa busca mejorar el estado de las rutas a través de la inversión privada, beneficiando la producción y la logística en regiones clave. La transferencia a privados promete mayor eficiencia en el mantenimiento que lo poco que hizo el Estado.
