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Argentina

Larreta y Bullrich insisten con la idea de “administrar bien” las empresas del Estado que llevó al fracaso de Cambiemos

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Los dos principales candidatos de Juntos por el Cambio insisten con la misma retórica que la campaña electoral del año 2015, pero el déficit operativo de las empresas estatales prácticamente no se redujo nada durante la administración del expresidente Macri.

Tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta, los dos pre-candidatos a presidentes de Juntos por el Cambio, volvieron a desplegar un discurso izquierdista al defender la propiedad estatal de una gran cantidad de empresas, mientras que su única diferencia con el kirchnerismo es que aseguran que habrá una “buena administración”, pero no plantean nada para erradicar la carga de las pérdidas que le generan al Estado.

Esta línea discursiva no es para nada novedosa, ya que es exactamente la que se llevó a cabo entre 2016 y 2019 durante la administración del presidente Mauricio Macri y fracasó de manera contundente.

De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por el informe de base caja del Ministerio de Economía, el déficit operativo de las empresas estatales no se redujo en prácticamente nada, y arrastraron un fuerte déficit fiscal a nivel nacional para el Gobierno.

Mientras que en diciembre del 2015, el resultado operativo marcaba un déficit equivalente al 0,43% del PBI, en noviembre de 2019 tan solo se redujo al 0,42% del PBI, y considerando la cifra correspondiente a diciembre el resultado cae muy ligeramente al 0,4% del PBI. No se observa ningún cambio significativo a pesar de cuatro años de “mejor gestión” y cambio de autoridades.

ENARSA y el conglomerado de ferrocarriles estatales fueron algunas de las empresas que la administración Macri se negó a privatizar, pero cuyos resultados operativos jamás pudieron volverse viables desde un sentido económico.

Si el equipo de Juntos por el Cambio promete administrar eficientemente las empresas del Estado, sin lugar a dudas no lo demostró en absoluto durante el último Gobierno de la coalición.

Déficit operativo de las empresas del Estado entre 2003 y 2023, señalada la gestión de Cambiemos.

Aún así, el Gobierno de Macri disminuyó la cuantía total de recursos transferidos a las empresas estatales del 1,5% del PBI en 2015 a cerca del 0,6% del PBI en 2019, según datos publicados por el MECON como parte del balance de gestión en este último año.

Pero esto no se debe a un mejor desempeño operativo de las empresas (que como ya se vio, no fue alternado en mayor medida durante los años de Cambiemos) sino más bien por el recorte de transferencias y aportes adicionales a las que se realizan para cubrir las pérdidas operativas.

Existe otro punto de especial relevancia a tener en cuenta, y es que la situación del año 2015 dista mucho de la que existe en 2023. No solo el déficit operativo actual de las empresas estatales alcanza a duplicar el que había en aquel entonces, sino que además el Gobierno de Alberto Fernández llevó a cabo nuevas estatizaciones que a su vez generan más presión para las pérdidas.

Esto quiere decir que replicar la misma estrategia anti-privatista que había sido publicada en 2015 requiere convalidar una estructura estatal mucho más grande, mucho más deficiente y mucho más costosa que la que había antes.

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Avanza el pacto entre Massa y los radicales: El candidato del kirchnerismo prometió darles lugares en su Gabinete si lo apoyan contra Milei

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Ricardo Alfonsín, Gerardo Morales, Gustavo Valdés, Emilio Yacobitti, Luis Petri y hasta Emilio Monzó están trabajando detrás de escena con Massa para que, en un eventual ballotage contra Milei, la UCR apoye al kirchnerismo.

Este domingo por la mañana, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, compartió un acto con los gobernadores del Norte del país. Además de los peronistas de siempre, entre los invitados se destacó la presencia de los gobernadores radicales de Jujuy, Gerardo Morales, y de Corrientes, Gustavo Valdés.

Los mandatarios han rechazado este tipo de invitaciones a actos altamente partidarios en el pasado, pero esta vez estuvieron firmes y se mostraron amigables con el candidato del kirchnerismo. Incluso, Massa les tiró un guiño que aplaudieron.

En medio del discurso que estaba dando, el líder del Frente Renovador dijo que en caso de ganar las elecciones no gobernará solamente con el PJ, y prometió que convocará a “un gobierno de unidad nacional”, que incluiría funcionarios de otras fuerzas políticas, en una clara referencia a la UCR.

“Quiero agradecer este gesto enorme, enorme, invalorable de estos gobernadores del norte que son de distintas fuerzas políticas y que no tuvieron miedo a mostrarle a la Argentina desde acá, desde Güemes, que se puede construir una Argentina de unidad nacional, que se pueden construir acuerdos más allá de las diferencias”, destacó el ministro.

Les pido permiso a los gobernadores que no son de nuestra fuerza política, pero quiero dejar un compromiso. Si el 10 de diciembre me toca empezar a presidir la Argentina, que nadie se asombre de que haya gente de otras fuerzas políticas integrando nuestro gobierno, voy a llamar a un gobierno de unidad nacional. No tengo miedo de compartir con los que piensan distinto”, afirmó Massa sin ocultar su pacto con los radicales.

Mientras en el equipo de campaña de Patricia Bullrich están intentando instalar que Massa tiene un pacto con Milei para sacar un rédito electoral, la realidad es que son ellos mismos en Juntos por el Cambio, particularmente los radicales, tanto de la UCR como de Evolución Radical, los que están pactando con Massa.

Ya se vio un primer paso de este pacto en la Cámara de Diputados, cuando Emilio Yacobitti, el jefe del bloque de radicales que responde a Lousteau, transó con Sergio Massa para darle quórum en el debate de la eliminación del Impuesto a las Ganancias a cambio de que se incluyan instituciones que pasaría a controlar Franja Morada en la votación de la creación de universidades nacionales.

Yacobitti no oculta su preferencia por Sergio Massa, y en la tarde de este sábado mencionó que ningún radical votaría por Milei “ni siquiera en un ballotage donde Juntos por el Cambio quede afuera”, incluso si esta segunda vuelta fuera contra Massa, dando a entender que su espacio votaría por el kirchenrismo.

Massa no escatima en elogios para con los radicales, y le ha encomendado a Ricardo Alfonsín, actual embajador en España e hijo del ex presidente Raúl Alfonsín, que tienda puentes con la UCR para sumarlos a Unión por la Patria en caso de que haya un ballotage entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza.

Otro de los ideólogos de este pacto es el mendocino Luis Petri, quien a pesar de ser el candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, tiene amplia experiencia negociando pactos entre el radicalismo y el kirchnerismo, ya que en 2006 participó de las negociaciones de Julio Cobos con Néstor Kirchner para que el entonces gobernador radical sea candidato a vice de Cristina.

Por último, otro importante negociador de esta oscura alianza está siendo Emilio Monzó, quien a pesar de no ser radical, busca que las fuerzas que acompañaron a Horacio Rodríguez Larreta en las PASO, en su mayoría radicales, tengan un lugar en el Gobierno Nacional si el que se impone es Massa.

Este pacto que se está desarrollando entre kirchneristas y radicales, en un eventual ballotage entre Milei y Massa, puede terminar siendo el catalizador de la ruptura de Juntos por el Cambio. Mientras algunos en el PRO aseguran que en ese escenario habría que votar por Milei y acompañar las reformas, muchos de la UCR y la CC ARI argumentan que el camino es con Massa “y la moderación”.

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A través de una denuncia formal, Milei le exige a Alberto Fernández que frene la repartija de cargos

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Previendo una derrota del kirchnerismo en octubre, el candidato de La Libertad Avanza le exigió al presidente a través de una denuncia formal que deje de repartir cargos.

A través de una presentación formal, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, le exigió al presidente Alberto Fernández que frene y revoque nombramientos, contrataciones y concursos en el Estado, y amenazó con recurrir ante la Justicia si no obtiene novedades pronto.

De esta manera, el candidato libertario, quien ya descuenta una derrota del kirchnerismo en octubre, quiere intentar que el gobierno de Alberto, Massa y Cristina deje de repartir cargos, sabiendo la dificultad que tendrá para sacar a los ñoquis una vez que llegue a la presidencia.

Milei le exigió al Presidente que “se abstenga de desplegar cualquier conducta material; o bien dictar o ejecutar cualquier acto administrativo que pueda condicionar y/o dificultar la gestión de las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional que asumirán la conducción del país a partir del 10 de diciembre“.

“Solicito al Sr. Presidente que: tenga presente la denuncia efectuada y disponga la revocación, o en su caso las correspondientes acciones de lesividad, por resultar nulos de nulidad absoluta e insanable todos aquellos actos y procesos de contratación en curso que comprometan los recursos del Estado Nacional más allá del término de su mandato y se encuentren afectados por nulidades absolutas aquí descriptas“, dice parte de la nota.

El economista libertario apunta directamente contra una decena de resoluciones, disposiciones y decretos que en su mayoría tienen como objetivo cubrir cargos vacantes en diferentes organismos y dependencias públicas, como ministerios, la secretaría de Energía, el CONICET, que Milei ya dijo que cerrará o en principio reformulará, y el ENACOM, entre otros.

Su postura va en sintonía con la que tuvo semanas atrás cuando le solicitó al ministro de Economía, Sergio Massa, que no tratara el Presupuesto 2024 en el Congreso hasta se defina quién será el próximo presidente del país a partir del 10 de diciembre, ya que carece de sentido que se trate un gasto público que durará por un año si probablemente no será él quien lo ejecute luego.

La denuncia es producto de un rumor que anda tomando fuerza, de que el Frente de Todos está repartiendo cargos a diestra y siniestra, llenando todos los vacíos que quedaron pendientes, para ubicar a su militancia y dificultar cualquier reforma del Estado que lleve a cabo el próximo presidente no-kirchnerista.

En su presentación, Milei le advierte a Alberto Fernández que sus acciones podrán tener repercusiones civiles y penales: “Formulo expresa reserva de acudir a la Justicia a fin de instar las acciones penales y civiles a los que su negativa u omisión diera lugar“.

Según explica, esas decisiones que pide frenar o retrotraer “comprometen el presupuesto futuro, condicionan la actuación de los gobernantes futuros y perjudican, en definitiva, el progreso de los argentinos“. En su extensa presentación de 31 páginas, Milei también acusa al gobierno de estar comprando voluntades antes de las elecciones con cargos del Sector Público Nacional.

Particularmente, pide a la Justicia que investigue los nombramientos de cargos, muchos de los cuales todavía están en curso, a través de las:

  • Resoluciones 332, 334, 335 y 336 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación, del 22 de agosto de 2023. Se ordena el inicio del proceso para la cobertura de más de cuatrocientos cincuenta y cinco cargos para el Ministerio de Seguridad, Ministerio de Obras Públicas, Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación.
  • Resolución 607 de la Secretaría de Energía, del 20 de julio de 2023. Se llama a concurso abierto para la designación de los cargos de presidente, vicepresidente y vocal primero del Directorio del ENRE
  • Decreto Presidencial 443/2023, del 5 de septiembre de 2023. Se restablece de forma transitoria el Programa de Incremento Exportador, con el objetivo de promover la exportación de manufacturas de soja para aquellos sujetos que hayan exportado dentro de los dieciocho (18) meses inmediatos anteriores a la entrada en vigencia de la norma alguna de las mercaderías de soja detalladas en el anexo del Decreto 576/22.
  • Disposición 893 del Director Nacional del Registro Nacional de las Personas, del 8 de septiembre de 2023. Se adjudica la Licitación Pública de Etapa Única Nacional N° 78-0001-LPU23 para la adquisición de soluciones tecnológicas que incluyan maquinaria, insumos, diseño, software y capacitación para la producción del Nuevo DNI Electrónico Argentino y del Nuevo Pasaporte Electrónico Argentino.
  • Resolución 336 CONICET, del 18 de abril de 2023. Se aprueban los perfiles aportados por las Universidades y Organismos Nacionales requeridos en el marco de la convocatoria “Ingreso a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico – CIC 2022, Modalidad FORTALECIMIENTO I+D+I” para incorporar ciento ochenta (180) investigadores a la Carrera del Conicet en la Modalidad Fortalecimiento I+D+i.
  • Resoluciones 364 y 365 del ENRE, del 25 de abril del 2023. Se inicia el Proceso de Revisión Tarifaria Integral (“RTI”) para las empresas de transporte de energía eléctrica bajo jurisdicción nacional.
  • Resolución 1285/2023 del Ente Nacional de Comunicaciones (“ENACOM”), del 28 de agosto de 2023. Se llama a concurso para la adjudicación de bandas de frecuencias destinadas a la prestación del Servicio de Telecomunicaciones Fiables e Inteligentes (STeFI).

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El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral refuta a Rosatti y explicó que la dolarización es constitucional

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El Dr. Manuel García Mansilla criticó la postura de Rosatti y denunció un intento de apropiación de la Constitución, con fines estrictamente políticos y no fundados en el derecho. La dolarización es compatible con los parámetros que establece la Constitución Nacional.

Después de los dichos del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, y la proclama del 20 de septiembre titulada “Voto por la Constitución Nacional” (lanzada desde el espacio de Patricia Bullrich), ya son cada vez más voces las que denuncian una maliciosa interpretación de la Constitución nacional para favorecer ciertos intereses políticos en detrimento de otros.

En este sentido se expidió el Decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, el prestigioso doctor Manuel García Mansilla, quién concluyó sin lugar a dudas que la dolarización es totalmente compatible con los parámetros establecidos en la Constitución Nacional.

El eje de la discusión gira en torno al artículo 75 de la Constitución, cuando se establece que “le corresponde al Congreso defender el valor de la moneda”. Como explica García Mansilla, esto constituye una potestad que tiene el Congreso pero no estrictamente una obligación en sí misma.

De la misma manera en que el Congreso no está estrictamente obligado a establecer aranceles de importación y exportación (según el inciso 1 del artículo), y tampoco está obligado a contraer empréstitos (según el inciso 4), la misma interpretación cabría de esperar para el caso de la moneda. No existe una excepción explícita que se diferencie de los casos anteriores.

Afirmar que cuando el artículo 75 de la Constitución dice “corresponde al Congreso” en realidad lo que quiso decir es “el Congreso está obligado a”, no sólo contradice el significado obvio de las palabras, sino que, además, llevaría a resultados absurdos“, explica el constitucionalista.

El inciso 1 de ese mismo artículo atribuye al Congreso el establecimiento de los derechos de importación y exportación. Si la interpretación que se sugiere en la solicitada fuera correcta, estaría vedado eximir a algunos productos de esos aranceles aduaneros“, agregó.

Y concluye: “Lo mismo sucede con el inciso 4, que faculta al Congreso a contraer empréstitos. ¿Acaso alguien puede sostener que eso obliga al Congreso a tomar préstamos?”.

Por el contrario, lo que explica el artículo 75 es que las atribuciones mencionadas son competencia del Congreso a la hora de ponerlas en ejercicio, pero de ninguna manera es una obligación para el Congreso hacerlo.

Otro punto relevante de la crítica que realiza el Dr. García Mansilla es el hecho de señalar que la Constitución en ningún momento obliga al Poder Ejecutivo a crear un banco o una institución con la facultad de emitir dinero, ni tampoco que la moneda de curso legal sea necesariamente la que se emite en Argentina.

Esto no solo es una precisión teórica de lo que se puede interpretar de la Constitución, sino que basta simplemente con revisar los antecedentes de Argentina desde 1853 para concluir que nunca se menciona tales obligaciones. 

Mansilla destaca algunos ejemplos históricos, entre ellos la declaración como “monedas de curso legal” a la onza de las Repúblicas Hispanoamericanas, el reis brasileño, el águila de los Estados Unidos, el cóndor chileno, el doblón español, el soberano inglés y el napoleón francés a partir de octubre de 1860. Las mismas podían usarse para transaccionar, pero también para pagar impuestos.

El artículo 75 atribuye al Congreso la potestad de defender el valor de la moneda, pero jamás se establece que la misma deba ser la que emite el Banco Central (una institución que comenzó a regir a partir del año 1935). La moneda a la que hace referencia el artículo es la que tiene curso legal en la Argentina, y estrictamente la que se emite a nivel local.

Moneda nacional no es moneda emitida localmente, sino moneda de curso legal en la Argentina. Por otra parte, aun si erróneamente se entendiera esa atribución como un mandato o una obligación, el artículo no establece una forma específica para defender el valor de la moneda. Sería perfectamente compatible con ese supuesto mandato que el Congreso estableciera como moneda de curso legal una moneda emitida en el exterior, reconocidamente estable, precisamente para impedir su envilecimiento”, concluye el Dr. Mansilla.

Un elemento adicional a tener en cuenta es que, mediante la reforma constitucional de 1994, se incluyó un inciso 24 como parte del artículo 75 en el cual se prevé expresamente la posibilidad de delegar competencias a instituciones supraestatales. En aquel entonces, la reforma tenía en mente la posible integración monetaria regional en el marco del Mercosur, pero también aplica para el dólar o para cualquier otra integración monetaria que se pretenda concretar.

“La defensa de la Constitución Nacional no se ejerce clausurando el debate o situándose en una posición de superioridad moral para obturarlo. La Constitución no es propiedad de algunos, por lo que lejos de rehuir el debate, lo que corresponde es fomentarlo. Mal que nos pese, no todo lo que no gusta es inconstitucional”, sentenció el Decano. 

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