El Gobierno nacional formalizó este jueves el envío al Congreso de un proyecto de ley con el que busca “blindar” las recientes medidas de la Agencia de Recaudación de Contribuciones Argentinas (ARCA), orientadas a estimular el uso de dólares atesorados fuera del circuito financiero formal. La iniciativa, presentada por el titular de ARCA, Juan Pazo, y el diputado José Luis Espert, incluye modificaciones en las leyes penal y de procedimiento tributario.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la reducción del plazo de prescripción del delito de evasión tributaria de seis a tres años. Además, se restringe la capacidad del organismo recaudador para iniciar denuncias penales y, a la vez, se incrementan las multas por incumplimientos fiscales.
“Inocencia fiscal” y críticas al pasado
Durante la conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno, Pazo afirmó: “Ningún argentino de ley va a ser perseguido”, en alusión al nuevo paradigma fiscal que promueve la normativa. Por su parte, Espert apuntó contra sectores de la oposición y contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien calificó de “soviético” y acusó de “arruinar la provincia”.
“El Estado les puso el arma en la mano y apretó el gatillo. El Estado es el que está en falta con los argentinos desde hace décadas. Vamos a abandonar el régimen persecutorio: rige la idea de inocencia fiscal”, sostuvo el legislador liberal.
Incentivos al uso de dólares no bancarizados
El proyecto de ley apunta a consolidar el paquete de medidas de ARCA que permiten el uso de dólares “guardados” para compras de bienes registrables, operaciones inmobiliarias y transacciones de pequeñas empresas. La lógica detrás de esta política es que, al reducir el riesgo legal y aflojar el control automático, más personas se animarán a utilizar el dinero que mantienen fuera del sistema, reactivando parte de la economía informal.
Desde el oficialismo destacan que este paso es clave para incentivar la liquidez en sectores que tradicionalmente operan con altos niveles de informalidad, pero sin comprometer la recaudación fiscal: quienes se regularicen voluntariamente lo harán bajo nuevas condiciones más claras y menos punitivas.
En concreto, el Gobierno apuesta a que las pymes y pequeños contribuyentes comiencen a usar los ahorros en dólares para inversiones o compras sin temor a inspecciones arbitrarias o sanciones desproporcionadas. A cambio, eleva las penalidades para quienes, dentro del nuevo marco, sigan incumpliendo.
