El intendente recurre a una "colocación privada" sin aval de Nación ni calificación de riesgo para cubrir un bache fiscal de US$ 25 millones.
La Municipalidad de Córdoba lanzó un programa de emergencia para emitir Letras del Tesoro por hasta $50.000.000.000. Esta maniobra financiera, oficializada mediante un decreto de Daniel Passerini, busca desesperadamente fondos para cubrir un vencimiento de US$ 25 millones que opera el 29 de marzo. La gestión municipal recurre a una "colocación privada", un formato sin precedentes que elude el control del Gobierno Nacional y la calificación de agencias como Moody's.
La urgencia por evitar el default obligó al Palacio 6 de Julio a diseñar un instrumento de cortísimo plazo, de apenas 72 días. Al no contar con el aval del Ministerio de Economía que dirige Luis Caputo, el municipio queda fuera del radar de los inversores institucionales y los bancos. Este aislamiento financiero forzará a la comuna a convalidar una tasa de interés usurera, cargando el costo de la improvisación sobre las arcas públicas y el bolsillo del contribuyente.
Como garantía de este préstamo opaco, Passerini afectó la recaudación de la Tasa de Comercio e Industria. Se trata de una cesión de créditos de los grandes contribuyentes para asegurar el pago a los tenedores de estas letras. Esta decisión compromete los ingresos genuinos de la ciudad para financiar una deuda improductiva generada por el gasto ineficiente de las sucesivas gestiones municipales.
El plan de la secretaría de Administración Pública es utilizar estos fondos para "rescatar" el bono heredado de gestiones anteriores. Sin embargo, la estrategia de emitir deuda privada para pagar deuda vieja solo profundiza el déficit fiscal de la capital. Mientras el intendente intenta "estirar la mecha", los frentes de conflicto se multiplican con paritarias del Suoem y un sistema de transporte urbano quebrado y subsidiado.
La falta de transparencia en una colocación de este volumen genera una señal de alarma en el mercado financiero local. La ausencia de una calificación de riesgo profesional deja a la Municipalidad en una posición de extrema debilidad ante los prestamistas. Esta improvisación administrativa demuestra la incapacidad de la gestión para ajustar el gasto y alcanzar el equilibrio presupuestario sin recurrir al endeudamiento constante.
El orden fiscal que impulsa la Nación parece no haber llegado a la oficina de Passerini, quien prefiere el parche financiero antes que el recorte del gasto político. Los cordobeses enfrentarán ahora las consecuencias de una tasa de interés inflada por el riesgo de una emisión sin sustento técnico. La ciudad queda hipotecada por una deuda de cortísimo aliento que solo posterga una crisis estructural inevitable bajo este modelo de estatismo ineficiente.
