El Gobierno laborista noruego, que asumió el poder en 2021, impulsó el aumento del impuesto sobre el patrimonio en el presupuesto del Estado de 2022 (aprobado en el otoño de 2021), a través de una combinación de tasas impositivas más altas y la reducción de deducciones fiscales.
Esta tendencia continuó con más medidas en el presupuesto de 2023, fijando el tipo impositivo nominal máximo en un 1,1%. Además, el impuesto sobre los dividendos se incrementó aproximadamente un 20%, lo que intensificó el impacto, ya que el impuesto sobre el patrimonio generalmente se cubre mediante la obtención de dividendos.
Como consecuencia, alrededor de 80 empresarios multimillonarios se escaparon de Noruega y se trasladaron a Suiza, generando millones de dólares de pérdida en los ingresos fiscales para el Estado.
El exministro de finanzas sueco, Anders Borg, quien supervisó la eliminación del impuesto sobre el patrimonio en su país en 2007, comentó al respecto: "Como sueco, da la impresión de estar reviviendo lo que sucedió en los años 70 y 80, cuando muchos empresarios dejaron el país, lo que representó un gran costo para Suecia".
Noruega perdió miles de millones de dólares en ingresos fiscales debido a la salida de los empresarios, lo que también perjudicó su infraestructura. A su vez, numerosas pequeñas y medianas empresas se vieron afectadas de manera negativa.
Esto se debe principalmente a que el impuesto sobre el patrimonio se calcula en función de los activos inmovilizados en la empresa (conocido como capital circulante), sin tomar en cuenta las ganancias o pérdidas. Además, este impuesto solo afecta a empresarios e inversores noruegos, mientras que los extranjeros no se ven obligados a pagarlo.
Muchas empresas noruegas se ven año tras año con menos capital para cubrir el impuesto, lo que no ocurre con las empresas extranjeras. Esta desventaja competitiva llevó a muchas empresas locales a reducir sus inversiones, a vender en momentos inadecuados o incluso a cerrar.
