El Gobierno nacional avanzó con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la principal empresa de agua potable y saneamiento del país. La Resolución 1198/2025, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicada en el Boletín Oficial, marca el inicio del proceso que busca transferir la gestión de la compañía al sector privado.
AySA, cuyo 90% del capital social pertenece al Estado, presta servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El plan oficial contempla la venta de al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico a través de una licitación pública nacional e internacional, mientras que el resto se colocará en los mercados bursátiles locales.
Marco legal y organismos responsables
Privatización de AySA: el Gobierno fijó el plazo para la venta total de las acciones
La privatización de AySA se enmarca en lo dispuesto por el Decreto 494/2025 y la Ley 27.742, más conocida como Ley de Bases, que declaró a la empresa “sujeta a privatización”. La Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” fue designada para coordinar el procedimiento junto con la Secretaría de Obras Públicas.
Ambos organismos deberán garantizar la continuidad del servicio público de agua potable y desagües cloacales durante y después del traspaso. El contrato de concesión será elaborado por la Secretaría de Obras Públicas, con la participación de la Unidad Ejecutora.
Valuación y plazo para la venta
El Tribunal de Tasaciones de la Nación informó que no puede realizar la valuación de la empresa en un plazo razonable. Por eso, el Gobierno resolvió contratar a una entidad bancaria pública para definir el valor de AySA.
Privatización de AySA: el Gobierno fijó el plazo para la venta total de las acciones
La resolución fija un plazo máximo de ocho meses desde su entrada en vigencia para concretar la venta del paquete accionario. En este tiempo, deberán completarse todos los pasos técnicos, legales y financieros que permitan el traspaso.
Impacto en usuarios y política económica
El Ejecutivo aclaró que la privatización no afectará la continuidad del servicio, que deberá mantenerse sin interrupciones en el AMBA. La medida se inscribe dentro de la política de reducción de la participación estatal en empresas públicas y de incentivo a la inversión privada en la gestión de servicios esenciales.
De esta manera, el Gobierno busca mejorar la eficiencia operativa de AySA, atraer capitales y asegurar un esquema regulatorio que garantice la calidad del servicio para los millones de usuarios que dependen del suministro diario de agua y saneamiento.
