Según cifras oficiales, la deuda de Impsa asciende a 500 millones de dólares, con bonistas internacionales, incluido el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, fuentes cercanas a Arc Energy aseguran que esto no representa un obstáculo.
Incluso, confían en que los acreedores estarían dispuestos a aceptar una propuesta de reestructuración tras la posible adjudicación. "Saben que si no arreglan con nosotros tienen que volver a negociar con el Gobierno", advirtieron. Por lo tanto, este primer desafío no parece ser un impedimento.
El segundo aspecto clave coloca al Estado en un rol central. Arc Energy exige que, antes de asumir el control de Impsa, el Gobierno actualice los valores de los contratos vigentes con la empresa, los cuales han sido afectados por la inflación.
Según el sitio oficial Comprar, Impsa cuenta con al menos 10 contratos adjudicados desde 2022, la mayoría de ellos con el Estado Mayor General del Ejército.
El tercer punto enfrenta a Impsa con la exAFIP, ahora ARCA, debido a cuestiones relacionadas con el régimen de importaciones temporales.











