Rambaldi termina con el oscuro manejo de tierras en La Calera

Durante años, las tierras públicas de La Calera fueron moneda de cambio. Espacios donados a la ciudad, lotes reservados para obras de infraestructura, terrenos municipales y hasta un club tradicional terminaron comprometidos por decisiones de gestiones anteriores que hoy la Justicia investiga y que la gestión del intendente Fernando Rambaldi viene revirtiendo una por una.

El Parque Icardi: quisieron quedarse con tierras donadas a la ciudad

El caso más grave es el del Centro Deportivo “Juan Domingo Icardi”, denunciado en el expediente 14170280. Allí se investiga la adjudicación de la obra a CONYDE S.A., de Jorge Rubén Lago, durante la intendencia de Rodrigo Miguel Rufeil, junto a los integrantes de la Comisión de Apertura y Fiscalización —Rodolfo Kucbel, Franco Facta y Pablo Facta— y los concejales oficialistas de entonces.

El pliego original solo admitía el pago en moneda legal. Sin embargo, después se aceptó un canje por tierras mediante la Ordenanza 39/CD/2013, dictada con posterioridad a la adjudicación, con tasaciones privadas direccionadas y entregando en pago un bien de dominio público: tierras que María Van Gael de Stoecklin donó a la ciudad en 1955, mediante escritura con una condición resolutoria imprescriptible, para que allí funcionara un espacio deportivo. Entregarlas no solo contrariaba la voluntad de la donante: podía hacerle perder a La Calera el parque entero.

La entrega del terreno nunca llegó a concretarse. Catastro de la Provincia rechazó los planos y en 2024, a pedido de Rambaldi, el Concejo Deliberante anuló la ordenanza, pese a los intentos de los concejales rufeilistas por frenar la iniciativa. Luego la empresa fue a la Justicia con dos supuestos reclamos que, según los libros de Mesa de Entradas certificados por escribana, nunca ingresaron al Municipio, y en julio inició una demanda para anular la decisión municipal y cobrar la obra.

Frente a ese avance, el Municipio pidió formalmente a la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de 1ª Nominación, a cargo de Matías Bornancini, que impute y cite a declarar a los responsables de la maniobra, y el intendente instruyó al asesor letrado Agustín Anglada para constituirse como querellante e impulsar la causa.

El Club Sportivo: la ciudad también estuvo a punto de perderlo

En 2012, durante la gestión de Rodrigo Rufeil, la Municipalidad expropió el Club Sportivo La Calera. Un año después, la expropiación no se pagó y el municipio la dejó sin efecto, pero siguió usando el predio durante diez años sin alquiler, sin comodato y sin ningún instrumento legal.

En 2023 los propietarios, la Asociación Mutual General San Martín, demandaron la restitución del inmueble. La Asesoría Letrada de la gestión de Facundo Rufeil, a cargo de la Dra. Silvina Fiorini, eligió defenderse sosteniendo que, por los años de ocupación, el club ya pertenecía al municipio. Así, el juicio dejó de discutir alquileres impagos y pasó a discutir la titularidad de un predio enorme en pleno centro de la ciudad. La Justicia falló en contra y los montos se calcularon sobre el valor del inmueble: 243 millones de pesos, que actualizados por inflación superan hoy los 1.600 millones.

Durante la transición se le pidió a la Dra. Fiorini que informara todas las causas en las que intervenía la Municipalidad. Ese informe nunca llegó, y la nueva gestión se enteró recién en abril de 2024, al ser notificada de la sentencia. Con el fallo ya firme en contra, Agustín Anglada negoció una reducción que dejó el pago en 96 millones de pesos, un ahorro de casi 150 millones para la ciudad, y se acordó con la Mutual un alquiler que permite que todas las actividades deportivas sigan funcionando. Hoy el club es uno de los espacios con más vida de La Calera, con el predio iluminado, la instalación eléctrica renovada y una cuota simbólica para quienes hacen deporte allí.

Usurpaciones que el poder político dejó avanzar

La Justicia de Córdoba analiza en el expediente 13476858 la denuncia al ex director de Gobierno Carlos Fernando “Corcho” Lucero y al ex intendente José Facundo Rufeil por haber autorizado o consentido durante 2023 al menos cuatro usurpaciones de terrenos municipales en la zona sur del programa “Lo Tengo”, en Bº La Campana, incumpliendo el deber de denunciar, ordenar el desalojo o impedir la ocupación.

La prueba es contundente: dos videos de la visita del actual intendente al asentamiento, uno editado y otro en bruto, en los que los propios ocupantes dicen haber hablado con “Corcho”, haber hecho un acuerdo con la Municipalidad y que en alguna de esas reuniones también estaba el intendente de entonces. Se sumaron además los planos de catastro del programa y la constatación oficial del comisionado fiscal.

El mismo abandono se repitió con las viviendas sociales que la gestión anterior dejó inconclusas. Veinte casas quedaron a medio hacer, con las conexiones cloacales desembocando en la vereda, sectores inundados, vidrios rotos y puertas y cables faltantes. Varias de esas construcciones fueron ocupadas, y frente a esa situación Rambaldi les pidió a las familias adjudicatarias que ocuparan cuanto antes sus viviendas: o las habitaban ellas, o se quedaban quienes habían llegado a usurparlas. La decisión fue defender a los vecinos que tenían derecho a esas casas, y no dejar que el abandono heredado terminara beneficiando a quien llegara primero.

El lote del desagüe sobre la Simón Bolívar

En la intersección con Los Paraísos, la empresa constructora se encontró con un lote de apenas 140 metros cuadrados —una superficie inferior a la permitida por el código de edificación— totalmente alambrado, justo donde estaba previsto desde el origen del loteo un desagüe clave para evitar inundaciones en Stoecklin, Industrial y La Estanzuela.

Según los testimonios recogidos por la asesoría letrada, en 2014, durante la gestión de Rodrigo Rufeil, ese lote se habría entregado “de palabra” como parte de pago de deudas del municipio, habilitándole incluso cuentas para el pago de tasas y de agua, pese a tratarse de un espacio verde no transferible. Cuando los particulares avanzaron con cercos y con un muro, el Municipio retiró lo colocado, labró el acta de infracción correspondiente y demolió lo construido, tras notificar a quienes se decían propietarios que acreditaran la titularidad en Catastro municipal, cosa que nunca ocurrió. El trámite de inscripción ya fue finalizado, el lote quedó registrado como dominio público y la obra de desagüe pudo ejecutarse. La Secretaría de Infraestructura, además, pidió investigar si la práctica de cargar cuentas municipales sobre lotes sin respaldo documental se repitió en otros casos, y generar las denuncias penales que correspondan.

En la misma línea, el Municipio frenó un loteo que se estaba ejecutando junto al barrio El Paraíso sin contar con los permisos correspondientes. Donde antes se urbanizaba por excepción, por acomodo o directamente sin papeles, hoy se exige lo que la ley exige. No hay excepciones para amigos del poder.

Parque Icardi, el Club Sportivo, los lotes del programa habitacional, el terreno del desagüe, los loteos sin control: en todos los casos el patrón fue el mismo, tierra pública tratada como propiedad privada de unos pocos. La gestión de Fernando Rambaldi hizo lo contrario: fue a la Justicia, se constituyó como querellante, recuperó lo que era de la ciudad y lo puso al servicio de los vecinos, en forma de parque, de deporte, de vivienda y de obras que evitan inundaciones.