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Economía

Trampa kirchnerista: Massa prohibió la compra de dólares oficiales para todos los trabajadores que reciban bonos del Estado

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Las personas que accedan al bono de suma fija perderán el acceso a la compra de dólares legales a través del home-banking. También se confirmó que la Provincias y los Municipios tendrán que hacer frente al pago de estos bonos con fondos propios, sin ninguna asistencia nacional.

La aplicación efectiva de las sumas fijas para los asalariados formales resultó mucho más caótica de aplicar de lo que pensaba el oficialismo. Tras los anuncios de Massa, la ministra de Trabajo Kelly Olmos confirmó que las personas que hayan accedido a este bono especial ya no podrán comprar dólares legalmente.

Se trata de una restricción sobre acceso al “dólar ahorro” (un pequeño mercado en el que solo accedían unas 700.000 personas). Y si bien desde un principio la Ministra de Trabajo confirmó que las restricciones también alcanzaban a la operatoria con MEP, más tarde la Comisión Nacional de Valores (CNV) a través del presidente Sebastián Negri contradijo a la Ministra, y anticipó que este último segmento del mercado no se verá alcanzado.

Aún aunque estas personas no decidieron si percibir o no el bono (fue una imposición directa del Estado), de todos modos deberán atenerse a las nuevas regulaciones restrictivas por el plazo de duración de las sumas fijas hasta noviembre. El objetivo del Gobierno kirchnerista es evitar que estas sumas fijas se pasen al dólar, incrementando todavía más la presión sobre el Banco Central.

Las recientes medidas del kirchnerismo solo alientan activamente el traslado de la brecha cambiaria del segmento oficial al mercado paralelo. El dólar blue abrió la jornada del día martes con una fuerte suba superior a los $17 con respecto al cierre del lunes.

Como si toda esta operatoria no fuera ya suficientemente caótica, el equipo de Massa añadió un nuevo conflicto con las Provincias: quiere que el costo de financiamiento para las sumas fijas que le corresponde al Estado, se traslade a las jurisdicciones locales (incluyendo las municipalidades).

El bono de $60.000 para trabajadores en relación de dependencia dentro del sector público no serán abonados por el Gobierno nacional, las Provincias y los municipios deberán hacerlo en caso de que quieran sumarse a la medida que anunció Massa. Esto incluye un total de 2,2 millones de personas.

La maniobra esconde un intento desesperado por no incumplir la meta fiscal programada para fin de año con el FMI, que se limita a restringir el déficit primario del Sector Público Nacional (SPN), y no el de las Provincias ni las jurisdicciones locales.

Las provincias con una mayor relación de empleados públicos con respecto al total de trabajadores locales se verán mucho más expuestas, entre ellas Tierra del Fuego, Catamarca, La Rioja, Neuquén y Santa Cruz.

Los gobernadores no estarán obligados a adherirse a la suma fija, pero en caso de que no lo hagan, los trabajadores en el sector público perderán los beneficios que anunció Massa en “compensación” por la devaluación de agosto.

Economía

El mes de mayo arrancó con deflación en los precios de los alimentos y se derrumba la inflación de Massa

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Todas las mediciones privadas de alta frecuencia relevan deflación de precios sobre una amplia canasta de alimentos de consumo masivo. Las rebajas también se vieron reflejadas por descuentos, cada vez más frecuentes en las góndolas. El Gobierno erradicó el déficit fiscal y paralizó la expansión monetaria.

Los resultados de la consolidación fiscal y monetaria que está llevando a cabo el Gobierno están a la vista. Las consultoras privadas estiman deflación de precios en los principales productos de consumo masivo, de acuerdo a las mediciones para las últimas semanas de abril y los primeros días de mayo.

La medición de la consultora LCG registró una caída del 1% sobre el umbral de alimentos y bebidas relevados en supermercados al término de los últimos 7 días del mes pasado, y todo indica que se habría registrado el mismo efecto para la primera semana de este mes.

La tasa de inflación mensual para esta canasta de productos cayó a solamente el 1,4% con respecto al nivel de precios de la primera semana de abril, mientras que la variación promedio de 5 semanas retrocedió al 2,9% al cierre del mes pasado. Se produjo una drástica caída con respecto al salto inflacionario de diciembre, cuando los precios llegaron a aumentar a razón del 1% todos los días.

Incluso la tasa de inflación interanual para la canasta de precios de LCG comenzó a retroceder a partir del mes de marzo. Alcanzó un pico cercano al 280% a mediados de ese mes, para descender al 240% hacia la última semana de abril. Los registros mensuales aún no capturan esta rebaja por el efecto de arrastre estadístico de los meses pasados.

Del mismo modo, los relevamientos de Focus Market sugieren una serie de fuertes caídas en productos esenciales para el consumo a lo largo de abril: 

  • Detergente para ropa: -10.5%
  • Cremas dentales: -7.5%
  • Enlatados de pescado: -6.3%
  • Toallas femeninas: -6.2%
  • Azúcar -5.6%
  • Flanes: -4.7%
  • Café: -4.3%
  • Aceite: -4.3%
  • Desinfectantes: -4.2%
  • Papel higiénico:-3,8%

El programa económico ejecutado por el Ministro Luis Caputo desde el Gobierno nacional y Santiago Bausili desde el Banco Central está cosechando un éxito contundente. El déficit fiscal fue completamente erradicado durante el primer trimestre de 2023 (algo que no sucedía desde 2008), llegando incluso a una diferencia positiva entre los ingresos y los gastos incluyendo el pago de intereses.

Asimismo, los factores de expansión de la base monetaria lograron compensarse exitosamente con los factores de absorción (Pases y Bopreal), y en consecuencia el crecimiento de la cantidad de dinero circulando en la economía disminuyó fuertemente desde el 10 de diciembre del año pasado.

La base monetaria total se expandió un 41% desde diciembre del año pasado, la cantidad de pesos en poder del público creció un 37%, y los billetes y monedas en entidades financieras lo hizo en un 2%. En el mismo período, los precios acumularon una suba de por lo menos el 60%, con lo cual se produjo una notoria caída de la cantidad de dinero en términos reales. Asimismo, una gran parte de la expansión nominal de la base monetaria se contrarrestó con el superávit del Tesoro y las sucesivas licitaciones de pesos llevadas a cabo.

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Economía

El Banco Central rebajó la tasa de política monetaria de los Pases del 60% al 50% y se espera un colapso de la inflación

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La carga de intereses a cuenta de los pasivos remunerados es cada vez menor, después de la quinta reducción de tasas en lo que va de la presidencia de Javier Milei. La autoridad monetaria también tomó la decisión de incrementar nuevamente el encaje legal aplicado sobre las billeteras virtuales.

El Banco Central al frente del Presidente Santiago Bausili determinó una nueva reducción de la tasa de política monetaria de referencia, aquella a cuenta de los Pases, pasando del 60% al 50% nominal anual a partir del 2 de mayo. De esta forma, la tasa efectiva anual fue establecida en el 64,82% según informó el propio BCRA.

En otras palabras, los pasivos remunerados que emite el Banco Central pasan a abonar una tasa nominal equivalente al 4,2% por mes, a cuenta de los Pases que se renuevan cada día. 

La decisión oficial responde a la drástica caída de las expectativas de inflación para los próximos meses, un hecho que se refleja claramente en el informe de expectativas REM que elabora la autoridad monetaria. Las principales consultoras privadas del país también dan cuenta de esta situación, y proyectan un claro escenario de desinflación para 2024.

Las mediciones inflacionarias de alta frecuencia están reflejando el colapso de la variación de los precios minoristas en alimentos y bebidas. Para la consultora LCG, la variación semanal en este rubro fue negativa por más de 1 punto porcentual al término de la quinta semana de abril. 

Los sondeos de Alphacast también prevén una ligera caída de precios hacia la segunda mitad del mes pasado, considerando al rubro de los alimentos. En la misma dirección, el economista Alberto Cavallo (el hijo del exministro de Economía) anticipó mediante un índice diario de precios que la inflación ya está viajando al 5% mensual, descontando el efecto de las tarifas de los servicios públicos.

Entran en juego dos lógicas principales detrás de la rebaja de tasas. En primer lugar, la caída de la inflación efectiva y de la inflación esperada permiten una tasa de interés más baja, ya que de este modo se evita generar rendimientos excesivos medidos en dólares. Pero por otro lado, y más importante aún, la caída de la tasa de interés (en un contexto de cepo cambiario) permite sanear el balance del Banco Central y reducir la expansión monetaria a cuenta de los pasivos remunerados.

La carga de la deuda remunerada en pesos del BCRA es cada vez menor en relación al PBI, y lo mismo ocurre con el pago de sus respectivos intereses. Y desde el Gobierno nacional, el superávit fiscal concretado durante los primeros 3 meses del año permite anular cualquier tipo de financiación monetaria para el fisco.

El Banco Central de Bausili también tomó la decisión de elevar la tasa de encaje aplicado para billeteras virtuales del 10% al 15%, y de esta manera es altamente probable que disminuyan los rendimientos de alternativas como por ejemplo Mercado Pago, además del efecto que tuvo la reducción de tasas.

Se busca generar un marco de reglas de juego que genere incentivos para la compra de títulos públicos al Tesoro por parte del mercado. Esto responde a dos fines bien concretos: por un lado el rollover de la deuda interna en pesos a plazos más extensos, y en segundo lugar la retención de pesos para cancelar Adelantos Transitorios con el propio BCRA (una manera adicional para retirar pesos de la circulación).

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Economía

La reforma tributaria que propone Biden amenaza con destruir hasta 788.000 puestos de trabajo a tiempo completo para el año 2025

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Así lo sugiere un reciente informe de la Tax Foundation, estimando el efecto total de los aumentos impositivos que propone la campaña de Biden de cara a las elecciones. Se estima una reducción del 2,2% en la tasa de crecimiento potencial del PBI en caso de aprobarse los cambios.

El Presidente Joe Biden lanzó una agenda económica completamente radicalizada hacia la izquierda, buscando contentar al ala más extremista de su partido (anteriormente representada por el excandidato Bernie Sanders en la contienda electoral del 2020).

En este sentido, el Presidente recuperó una profunda impronta favorable a subir generalizadamente los impuestos en Estados Unidos, tanto para empresas como para personas físicas y para productos importados. Se buscan gravar ingresos, patrimonios y bienes con tasas sustancialmente más elevadas que las actuales.

La Tax Foundation desarrolló un reciente informe estimando el impacto económico que podría desatar el plan fiscal de Biden para el año 2025. Se estima una reducción total del 2,2% en la tasa de crecimiento potencial del PBI, una caída del 3,8% en el capital social potencial acumulado en las empresas, una reducción del 1,6% sobre la masa salarial promedio, y finalmente la destrucción de hasta 788.000 puestos de trabajo a tiempo completo en el sector privado, en relación a la cantidad que cabría esperar de no aprobarse las subas impositivas.

La agenda de los demócratas es, y por diferencia, la más ambiciosa y extremista desde la era de Franklin D. Roosevelt. El esquema tributario resultante de una eventual victoria de Biden en las próximas elecciones de noviembre queda resumido de la siguiente manera:

  • Aumento de la tasa del impuesto sobre la renta empresarial del 21 por ciento al 28 por ciento (a partir del año fiscal 2025)
  • Aumento del impuesto mínimo alternativo corporativo introducido en la Ley de Reducción de la Inflación del 15 por ciento al 21 por ciento (a partir de 2024)
  • Cuadruplicar el impuesto a la recompra de acciones implementado en la Ley de Reducción de la Inflación del 1 por ciento al 4 por ciento (a partir de 2024)
  • Hacer permanente la limitación de pérdidas comerciales excesivas para las empresas de paso
  • Limitar aún más la deducibilidad de la compensación de los empleados según la Sección 162
  • Aumento de la tasa impositiva global sobre ingresos intangibles de baja tributación (GILTI) del 10,5 por ciento al 21 por ciento, calcular el impuesto jurisdicción por jurisdicción y revisar las reglas relacionadas
  • Derogar la tasa impositiva reducida sobre los ingresos intangibles derivados del extranjero (FDII)
  • Ampliar la base del impuesto sobre la renta neta de inversiones (NIIT) para incluir ingresos comerciales no pasivos y aumentar las tasas del NIIT y el impuesto adicional de Medicare para alcanzar el 5 por ciento sobre ingresos superiores a $400,000
  • Aumento del impuesto sobre la Renta individual al 39,6 por ciento sobre ingresos superiores a $400 000 para declarantes solteros y $450 000 para declarantes conjuntos (a partir de 2024)
  • Gravar las ganancias de capital a largo plazo y los dividendos calificados a las tasas ordinarias del impuesto sobre la renta para Ingreso imponible por encima de US$ 1 millón de dólares, y gravar las ganancias de capital no realizadas en caso de fallecimiento por encima de una exención de US$ 5 millones, revirtiendo parcialmente la reforma de George Bush (2001-2003)
  • Triplicar los aranceles de importación para el acero y el aluminio provenientes de China, desatando una nueva guerra comercial con el gigante asiático

Pese a las subas impositivas, la administración Biden no propone un sendero sostenido de reducción del déficit fiscal, ya que la mayor parte del paquete tributario se vería acompañado por nuevas expansiones presupuestarias. 

Y a diferencia de la estrategia seguida por el expresidente Donald Trump, la guerra comercial con China que propone desatar Biden se produciría en un contexto de profunda caída en la competitividad fiscal de Estados Unidos, todo lo contrario a lo que ocurrió entre 2017 y 2020 (cuando las empresas estadounidenses disfrutaron de fuertes recortes impositivos).

Esto deja a Estados Unidos en una posición comparativamente difícil para forzar una nueva “tregua” con China en la cual se flexibilicen controles cambiarios o medidas arancelarias proteccionistas, como sí ocurrió tras el último acuerdo firmado en 2020.

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