El oficialismo propuso una reforma para alinear la nueva ley con el Código Penal
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La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional propuso una reforma al Código Penal para corregir un error técnico en la recién aprobada Ley de Solidaridad Nacional. La medida busca asegurar la coherencia legal sobre el mecanismo del indulto en el contexto del conflicto armado interno.
La normativa, que entró en vigencia hace apenas siete días, introdujo la figura del indulto diferido, una medida de gracia que suspende la prisión preventiva y se activa con la sentencia ejecutoriada. Sin embargo, el texto aprobado aún hace referencia a un “indulto anticipado”, generando una contradicción normativa.
Ante esto, el oficialismo, liderado por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), impulsó una reforma adicional al artículo 72 del COIP. El objetivo es reemplazar la mención incorrecta por la redacción precisa: “indulto presidencial con efecto diferido”, reforzando así la seguridad jurídica en este tipo de medidas excepcionales.
Ley de Solidaridad
El presidente Daniel Noboa había planteado inicialmente esta herramienta legal como parte de su estrategia frente a la crisis carcelaria y el conflicto interno. El respaldo legislativo a su propuesta muestra una articulación efectiva entre el Ejecutivo y el Legislativo para corregir y afinar los instrumentos legales que requiere el país.
El indulto especial podrá aplicarse solo en casos justificados por razones humanitarias o de interés público, sin implicar impunidad para delitos graves como genocidio, secuestro o corrupción. La Fiscalía deberá sustentar cada solicitud con base en evidencias sólidas.
Además, la reforma aclara que este tipo de indulto no impedirá el avance de la investigación penal ni obstaculizará procesos para determinar la responsabilidad del Estado en caso de violaciones a derechos humanos.
La capacidad del Gobierno para reaccionar y corregir con rapidez demuestra una gestión técnica y sensible a las demandas institucionales. Este ajuste en la Ley de Solidaridad fortalece el compromiso del presidente Noboa con un marco legal justo, humanitario y coherente frente a la crisis que atraviesa el país.
