La denuncia contra Luisa González, candidata presidencial del correísmo, marcó un nuevo giro en el escenario electoral a tan solo días de la segunda vuelta. El legislador oficialista Manuel Peñafiel presentó la acusación ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por presunta violencia política de género.
El magistrado Guillermo Ortega, del TCE, admitió la denuncia a trámite y solicitó al denunciante completar la documentación. Se le exigió detallar los hechos, identificar a los involucrados y explicar los agravios y normas legales presuntamente vulneradas por la candidata correísta.
El incidente se remonta al debate presidencial del 23 de marzo, cuando González afirmó sin pruebas que María Beatriz Moreno, vinculada al grupo empresarial Noboa, estaría relacionada con el narcotráfico. Esta declaración fue considerada por Peñafiel como un acto de violencia simbólica, cargado de intencionalidad política.
Como sustento de su denuncia, Peñafiel entregó al TCE cuatro videos que aún no han sido difundidos públicamente. La autoridad electoral dio un plazo de dos días al asambleísta para que fundamente jurídicamente su reclamo y defina sus pretensiones dentro del proceso.
