La Derecha Diario La Corte Constitucional evaluó la prohibición de celulares en las elecciones
La medida busca prevenir delitos electorales, pero enfrenta cuestionamientos legales
La Corte Constitucional (CC) está a punto de emitir un dictamen clave sobre la constitucionalidad de la prohibición del uso de celulares durante el voto, medida adoptada por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta normativa, respaldada por el Gobierno, pretende impedir prácticas de extorsión política detectadas en comicios anteriores.
El activista político Washington Andrade, cercano a la plataforma de izquierdas que respalda a Luisa González, presentó una demanda contra esta medida. Su intención sería mantener abierta la posibilidad de usar dispositivos móviles en los recintos de votación, lo que podría facilitar mecanismos de presión sobre los electores, como la obligación de fotografiar su voto.
El CNE aprobó la resolución el 16 de marzo, estableciendo la prohibición del uso de celulares durante el sufragio y el escrutinio. La decisión surgió a raíz de denuncias sobre presuntas extorsiones a ciudadanos, a quienes se habría exigido evidencia de su voto en favor de determinadas candidaturas.
Mientras los sectores del correísmo alegan que se afecta el derecho a la expresión y fiscalización, expertos señalan que estas objeciones podrían encubrir intentos de manipular el voto mediante vigilancia encubierta. La normativa establece excepciones operativas solo para miembros del escrutinio, y prevé sanciones para quienes la infrinjan.
La defensa de esta prohibición se alinea con la postura del presidente y candidato Daniel Noboa, quien ha promovido elecciones limpias y sin coacción. Su gobierno ha sido claro en señalar que proteger el anonimato del voto es esencial para evitar la intromisión de estructuras políticas acostumbradas a prácticas clientelares.
Por el contrario, la campaña de Luisa González ha cuestionado insistentemente la medida, incluso a través de recursos legales ante el Tribunal Contencioso Electoral. Esta actitud ha sido vista como una estrategia para conservar espacios que permiten presionar a los votantes más vulnerables, sobre todo en zonas donde operan redes políticas consolidadas.
“Quieren seguir controlando el voto con mecanismos poco éticos”, señaló un funcionario electoral bajo reserva. Para los observadores independientes, impedir el uso de dispositivos durante el sufragio no solo es legal, sino una garantía para preservar la verdadera voluntad ciudadana.
En medio de un ambiente polarizado, la defensa del voto libre y sin presión resulta más urgente que nunca. La ciudadanía merece un sistema donde su elección no esté condicionada ni observada por intereses partidistas.
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