La Corte Constitucional (CC) está a punto de emitir un dictamen clave sobre la constitucionalidad de la prohibición del uso de celulares durante el voto, medida adoptada por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta normativa, respaldada por el Gobierno, pretende impedir prácticas de extorsión política detectadas en comicios anteriores.
El activista político Washington Andrade, cercano a la plataforma de izquierdas que respalda a Luisa González, presentó una demanda contra esta medida. Su intención sería mantener abierta la posibilidad de usar dispositivos móviles en los recintos de votación, lo que podría facilitar mecanismos de presión sobre los electores, como la obligación de fotografiar su voto.
El CNE aprobó la resolución el 16 de marzo, estableciendo la prohibición del uso de celulares durante el sufragio y el escrutinio. La decisión surgió a raíz de denuncias sobre presuntas extorsiones a ciudadanos, a quienes se habría exigido evidencia de su voto en favor de determinadas candidaturas.
Mientras los sectores del correísmo alegan que se afecta el derecho a la expresión y fiscalización, expertos señalan que estas objeciones podrían encubrir intentos de manipular el voto mediante vigilancia encubierta. La normativa establece excepciones operativas solo para miembros del escrutinio, y prevé sanciones para quienes la infrinjan.
