Un esquema correísta intentó interferir en la Judicatura desde el CPCCS

Raúl González, implicado también, habría solicitado que se suspendiera la posesión de Roberto Romero como vocal, usando como excusa una supuesta contradicción legal. Esther Cuesta demoró la convocatoria a sesión parlamentaria para bloquear ese nombramiento.

El fiscal Wilson Toainga argumentó que el CPCCS operaba como un instrumento partidista para capturar espacios de poder. La evidencia apunta a una estructura planificada para influir desde dentro en instituciones clave de control.

Estas prácticas reflejan un patrón del socialismo correísta: manipular la institucionalidad en beneficio de su proyecto político. Incluso en la oposición, los operadores intentaron tomar decisiones a través de subterfugios y alianzas ocultas.

La vinculación penal busca frenar ese modelo de captura institucional que históricamente socavó la independencia de funciones. El caso Ligados es una advertencia sobre los riesgos de entregar el poder a quienes han demostrado desprecio por el marco legal.

Este proceso es clave para depurar al sistema y demostrar que la impunidad que reinó bajo el socialismo del siglo XXI tiene un límite.

Con el avance de esta causa, el país avanza hacia una Justicia menos influenciada por intereses partidistas y más comprometida con el principio de legalidad.