La Corte Nacional instaló la audiencia de vinculación por el caso Ligados contra figuras del correísmo, incluyendo a Andrés Arauz. Según la Fiscalía, estos actores políticos buscaron controlar las designaciones clave desde el CPCCS.
Los chats incautados al exconsejero Augusto Verduga revelan conversaciones directas con Arauz, en las que discutían cómo retrasar la designación de vocales del Consejo de la Judicatura. El objetivo era asegurar que "el Gobierno de Luisa González" pudiera enviar la terna.
Raúl González, implicado también, habría solicitado que se suspendiera la posesión de Roberto Romero como vocal, usando como excusa una supuesta contradicción legal. Esther Cuesta demoró la convocatoria a sesión parlamentaria para bloquear ese nombramiento.
El fiscal Wilson Toainga argumentó que el CPCCS operaba como un instrumento partidista para capturar espacios de poder. La evidencia apunta a una estructura planificada para influir desde dentro en instituciones clave de control.
