El correísmo impulsó el 11 de junio una moción para fiscalizar contratos eléctricos firmados con la empresa estadounidense Progen. El objetivo era que la ministra de Energía, Inés Manzano, rinda cuentas sobre la calidad de los equipos adquiridos.
Sin embargo, la propuesta fue bloqueada con 76 votos en contra, pese a los 71 respaldos logrados. El bloque de ADN y una facción de Pachakutik evitaron el debate, lo que encendió las críticas.
Blasco Luna, asambleísta de la Revolución Ciudadana, cuestionó la procedencia de los equipos y advirtió que no cumplirían con los estándares técnicos del país. El correísmo intentó posicionarse como fiscalizador, pese a su historial de encubrimientos.
Los socialcristianos, usualmente críticos del correísmo, también apoyaron la moción. Alfredo Serrano cuestionó por qué se impide que la ministra acuda al Pleno si la denuncia salió desde el propio Ejecutivo. Mientras tanto, ADN acusó al correísmo de usar la fiscalización como arma política. La legisladora Inés Alarcón sostuvo que se intentaba interferir en la labor ministerial por intereses ideológicos.
