La Ley de Solidaridad Nacional endureció penas contra delitos criminales

Además, se concentrarán en una sola audiencia todos los procesos contra personas acusadas de violar el Derecho Internacional Humanitario. Esta estrategia reduce la impunidad y acelera la justicia en tiempos de guerra interna.

Uno de los artículos clave sanciona con hasta 30 años a cabecillas y financistas de grupos armados organizados. Quienes colaboren con estos grupos también recibirán penas de 20 a 26 años, sin beneficios penitenciarios hasta cumplir reparación económica.

Se introducen 18 delitos conexos, como lavado de activos, tráfico de influencias y testaferrismo. La normativa elimina las brechas legales que permitían a las mafias infiltrarse en el aparato estatal. El uso de uniformes oficiales como disfraz delictivo se penaliza con hasta tres años. Además, las armas confiscadas pasarán a manos de la Fuerza Pública para uso inmediato, fortaleciendo así la capacidad operativa del Estado.

En hidrocarburos, las penas suben radicalmente: hasta 13 años por transporte ilegal de petróleo o derivados. Las empresas involucradas serán clausuradas de forma definitiva si se trata de gran escala. Esto disuade el saqueo energético facilitado por la corrupción del pasado.

También se contempla la reincorporación de la tabla de consumo de drogas, ahora bajo responsabilidad conjunta de Ministerio de Salud, Fiscalía y Judicatura. Esto corrige el vacío legal generado tras su eliminación por decreto.

Finalmente, la Ley obliga a Petroecuador a recibir el doble del valor robado como reparación integral, con sanciones adicionales si los delitos se cometen en zonas fronterizas o marítimas. Con esta legislación, el gobierno de Daniel Noboa consolida una política de Estado contra las redes ilegales que amenazan al Ecuador.