La Fiscalía activó medidas clave contra implicados en el caso Liga2

Arauz y Cuesta, quienes se encuentran fuera del país, cumplirán presentaciones mensuales en la Corte Nacional de Justicia. González, por su parte, deberá hacerlo cada 15 días en Guayaquil y no podrá salir del país. Además, la jueza dispuso la retención de fondos por $5.640 como garantía de cumplimiento de la medida.

Las pruebas apuntan a un patrón de uso partidista del poder institucional, con ofrecimientos de cargos en la Superintendencia de Bancos a cambio de apoyo político. La Fiscalía también investiga si existió incumplimiento de fallos de la Corte Constitucional para imponer autoridades afines al correísmo.

De incumplirse las medidas, la Fiscalía podría solicitar prisión preventiva. El antecedente del exconsejero Augusto Verduga también involucrado y actualmente prófugo en México refuerza la advertencia judicial. Verduga fue vinculado tras intentar posicionar a Raúl González en la Superintendencia en contra de un dictamen constitucional.

Este caso expone la fragilidad institucional heredada del modelo correísta y cómo mecanismos de designación se usaron para fines partidistas. La instrucción fiscal culminará el 23 de julio y marcará un hito en el control de la corrupción política.

 El caso Liga2 revela cómo redes políticas del correísmo habrían operado para controlar el Estado desde dentro. La acción firme de la justicia permite visibilizar estos esquemas y reivindica la importancia del fortalecimiento institucional en Ecuador.