El contexto económico también ocupó un lugar de la agenda, tras los aranceles estadounidenses que subieron del 10% en abril al 15% en agosto para productos ecuatorianos, afectando costos y márgenes de exportadores. Frente a ese escenario, el Ejecutivo activó gestiones de apertura comercial responsable y de atracción de inversión, buscando defender el empleo y la competitividad sin medidas estatistas que frenen la producción y el emprendimiento.
Antes de la firma del decreto, el mandatario señaló en una entrevista que esperaba reunirse con su homólogo estadounidense en las siguientes semanas, dentro de una agenda en construcción que incluyó seguridad, comercio y movilidad humana. La Cancillería, por su parte, reconoció en marzo la contratación de apoyo de cabildeo en Washington para viabilizar una visita de Estado y ampliar el diálogo político y económico con resultados tangibles.