El sistema de compras públicas movilizó USD 8.000 millones en 2024, pero entre el 10% y el 30% de esos recursos se pierde por corrupción. Por eso, el Gobierno de Daniel Noboa impulsa una reforma urgente para simplificar y digitalizar estos procesos.
Actualmente, los procedimientos están dispersos y permiten sobornos, sobreprecios y direccionamientos. La propuesta de Noboa busca reducir la permisividad legal heredada de administraciones pasadas.
Stalin Andino, secretario jurídico de la Presidencia, explicó que se eliminarán categorías redundantes, se priorizará la subasta inversa y se fortalecerá la fiscalización. La corrupción estructural en consultorías, obras y bienes públicos será enfrentada con transparencia y eficiencia.
El nuevo esquema permitirá que las entidades públicas elijan libremente entre el mejor precio o el mejor servicio, sin restricciones obsoletas. Esto implicará una transformación radical del SERCOP y de los sistemas informáticos asociados.
