La lucha contra la corrupción se consolidó como un eje central en los planes de gobierno de los presidenciables Daniel Noboa y Luisa González. Ambos incluyeron múltiples propuestas para erradicar este fenómeno, aunque con enfoques y niveles de profundidad distintos. Mientras González presentó un listado extenso de quince acciones, Noboa optó por una estrategia más concreta centrada en la prevención y el uso de tecnología.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, Ecuador obtuvo apenas 32 puntos sobre 100 en 2024, revelando una débil institucionalidad. Este resultado reflejó la fragilidad del sistema judicial, la falta de renovación institucional y los escándalos como Metástasis y Purga, que comprometieron seriamente la confianza ciudadana. En este contexto, la demanda por un sistema real y efectivo contra la impunidad se volvió urgente.
Luisa González propuso un amplio paquete de medidas que incluyen reformas legales, control del financiamiento político y cooperación internacional. No obstante, muchas de sus ideas ya se implementaron en gobiernos anteriores sin éxito, como las secretarías anticorrupción de Correa, Moreno y Lasso, que fueron disueltas o absorbidas sin resultados tangibles. Su plan, aunque detallado, ha sido calificado por expertos como declarativo y poco innovador.
En contraste, Daniel Noboa planteó fortalecer el sistema de compras públicas mediante el uso de big data y mecanismos de denuncia ciudadana anónima. Además, propuso mejorar la gobernanza en empresas estatales, y fomentar la participación activa de la sociedad civil y ONG. Para analistas como Luis Verdesoto, este enfoque preventivo y transversal podría ser más eficaz, al atacar el problema desde sus raíces estructurales.
