El exfiscal especial Jack Smithrechazó las acusaciones de haber mentido bajo juramento ante el Congreso, después de que el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, remitiera su caso al Departamento de Justicia (DOJ) para una posible investigación criminal. Los abogados de Smith calificaron la remisión como "infundada" y defendieron que su cliente respondió de manera veraz y adecuada durante una declaración realizada ante el comité en diciembre de 2025.
La disputa se centra en las fraudulentas investigaciones que Smith dirigió contra el presidente Donald Trump y sus aliados. El fiscal especial fue designado para investigar si Trump y sus colaboradores intentaron revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y si el entonces mandatario manejó de manera indebida documentos clasificados. Trump negó las acusaciones y ambos procesos terminaron después de las elecciones presidenciales de 2024.
En una carta enviada el miércoles por la noche a Jordan y al fiscal general Todd Blanche, los abogados de Smith aseguraron que el exfiscal aceptó declarar ante el Congreso plenamente consciente de que el Departamento de Justicia bajo la administración Trump podría intentar utilizar sus respuestas como base para presentar cargos criminales.
La defensa sostuvo que Smith no mintió y que cualquier intento de procesarlo por sus declaraciones constituiría un uso político del sistema judicial. Sus abogados afirmaron que el presidente Trump había pedido públicamente en repetidas ocasiones que Smith fuera procesado y encarcelado, y argumentaron que esa situación no sería compatible con el Estado de derecho ni con los principios democráticos.
Jack Smith podría atravesar un proceso criminal por haberle mentido al Congreso en su declaración por la causa inventada a Donald Trump
Jordan, sin embargo, sostiene que las respuestas de Smith ante el Comité Judicial fueron engañosas. En su remisión al Departamento de Justicia, el republicano afirmó que las declaraciones del exfiscal dieron la impresión de que ni él ni su equipo habían tenido acceso al contenido de mensajes de texto privados pertenecientes a legisladores.
''Ahora sabemos que esto es falso'', escribió Jordan en su carta a Blanche, en la que solicitó que el Departamento de Justicia examine las posibles consecuencias criminales de las declaraciones de Jack Smith.
La acusación está relacionada con documentos divulgados recientemente por el presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley. Según esos documentos, el equipo de Smith obtuvo y revisó mensajes de texto de 44 miembros del Congreso de ambos partidos y de funcionarios de la Casa Blanca durante su investigación.
Entre los legisladores afectados se encontraban Jordan y Grassley, además del fallecido senador republicano Lindsey Graham, la senadora republicana Susan Collins, el líder de la mayoría republicana de la Cámara, Steve Scalise, y el senador demócrata Cory Booker.
El diputado republicano Jim Jordan, así como muchos otros legisladores del partido fueron afectador por la revisión de Smith de los mensajes de texto
Durante su declaración ante investigadores del Congreso, Smith fue interrogado sobre si había examinado el contenido de los mensajes de texto de miembros del Congreso. Según los republicanos, respondió que no y explicó que su equipo únicamente había solicitado registros telefónicos de las comunicaciones.
Los abogados del exfiscal ofrecieron una interpretación diferente. Argumentaron que las preguntas formuladas durante el segmento de la declaración citado por Jordan se referían específicamente a citaciones para obtener registros de llamadas y no al contenido de mensajes de texto. Por esa razón, sostuvieron que Smith proporcionó respuestas verdaderas y pertinentes y que no tenía la obligación de ofrecer información adicional que no respondiera directamente a las preguntas planteadas.
La defensa también rechazó las acusaciones de que el equipo de Jack Smith hubiera violado las protecciones constitucionales de los legisladores. Sus abogados señalaron que la cláusula ''Speech or Debate'' de la Constitución protege a los miembros del Congreso frente a determinadas interferencias relacionadas con sus actividades legislativas, pero no impide necesariamente que los fiscales revisen comunicaciones entre legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo cuando forman parte de una investigación.
Según los abogados, los mensajes fueron enviados voluntariamente por miembros del Congreso a funcionarios del Poder Ejecutivo y su revisión estuvo relacionada con una investigación sobre funcionarios de esa rama del gobierno.
Los abogados de John Smith aseguran que las respuestas otorgadas por Smith son verdadera y pertinentes
El caso se produce en medio de una creciente confrontación política sobre las investigaciones dirigidas por Smith contra Trump. Desde el inicio de esas pesquisas, el presidente ha criticado duramente al exfiscal, al que ha acusado de ser un adversario político y de haber utilizado el Departamento de Justicia de manera partidista.
Los aliados de Trump también han cuestionado durante años la actuación de Jack Smith y han sostenido que sus investigaciones fueron parte de una politización de las instituciones federales contra el entonces candidato y hoy en día presidente.
Ahora, el Departamento de Justicia deberá analizar la remisión presentada por Jordan. Un portavoz de la agencia confirmó que recibió la solicitud y aseguró que investigará cualquier evidencia de conducta criminal. El Comité Judicial, por su parte, insistió en que ''nadie está por encima de la ley'', mientras los abogados de Smith mantienen que el exfiscal respondió con honestidad y que la remisión representa un intento de utilizar el sistema de justicia para perseguir a un funcionario que actuó conforme a sus responsabilidades.
El Departamento de Justicia deberá ahora analizar la remisión presentada por el legislador republicano
