El gobierno del presidente Donald Trumpderogó más de treinta regulaciones federales sobre armas de fuego, revirtiendo así una serie de normas de control de la era Biden que, por ejemplo, aplicaban una política de "tolerancia cero" contra los distribuidores federales de armas.
El fiscal general interino, Todd Blanche, y el recién confirmado director de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), Robert Cekada, anunciaron estas modificaciones el pasado 29 de abril, las cuales fueron oficializadas mediante un decreto emitido por Trump. Se califica a esta iniciativa como el paquete de reforma regulatoria más importante en la historia de la ATF.
Con este giro, se eleva el estándar legal requerido para revocar la licencia a un distribuidor federal de armas de fuego, exigiéndose pruebas de que el comerciante sabía que estaba violando la ley; además, se deroga formalmente una norma de Biden sobre los estabilizadores de pistolas y se restringe el alcance de una regulación diseñada para obligar a los comerciantes en ferias y mercados de internet a verificar los antecedentes de cada comprador.
En una reforma histórica, el gobierno de Trump derogó más de treinta normas de control de armas implementadas por Biden
Demanda a varios estados demócratas
Bajo el nuevo plan de simplificación de la ATF, presentado el viernes de esta semana, quienes quieran comprar un arma solo deberán presentar una tarjeta de huellas dactilares en lugar de dos y podrán verificar su identidad con una identificación con foto en lugar de una fotografía estilo pasaporte. Está previsto que la norma se publique en el Registro Federal el 6 de julio y que permanezca en un periodo de prueba hasta el 5 de octubre.
De manera simultánea, el gobierno de Trump está impugnando en los tribunales las legislaciones aprobadas por estados demócratas que pretenden prohibir el acceso a las armas a los ciudadanos. El miércoles, el Departamento de Justicia demandó a California por una ley que prohíbe las ventas de pistolas estilo Glock y que restringe la venta de otros modelos similares.
También demandó a Virginia y a la Policía Estatal de Virginia por una legislación que penaliza la venta o transferencia de rifles estilo AR-15 y de cargadores con capacidad para más de 15 cartuchos. Se están litigando casos similares en el Distrito de Columbia y en Colorado.
Al respecto, Blanche indicó que las normas de Biden se habían redactado "sin ningún entendimiento real de cómo operan las empresas de armas de fuego, cómo los propietarios legales manejan realmente sus armas o qué es lo que verdaderamente mejora la seguridad pública".