El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a golpear al régimen del comunista Luiz Inácio Lula da Silva al extender durante un año la emergencia nacional declarada respecto de Brasil, una decisión fundamentada en la censura, la persecución política y las violaciones a la libertad de expresión realizadas por el gobierno brasileño y el Supremo Tribunal Federal.
La resolución fue firmada este martes 28 de julio y continuará vigente después del 30 de julio de 2026. La Casa Blanca sostuvo que las acciones de las autoridades brasileñas siguen constituyendo una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos.
Fragmento del comunicado oficial que fundamenta la emergencia nacional de Brasil.
El documento apunta particularmente contra la censura de contenidos digitales y el encarcelamiento de personas por ejercer su derecho a expresarse. Washington consideró que estas prácticas, impulsadas desde la Corte Suprema brasileña, continúan afectando a ciudadanos y compañías estadounidenses, por lo que resolvió mantener la emergencia declarada originalmente mediante la Orden Ejecutiva 14323.
Aquella orden, firmada el 30 de julio de 2025, había señalado directamente al juez comunista Alexandre de Moraes, acusado por la administración republicana de abusar de su autoridad para perseguir opositores, ordenar allanamientos, congelar cuentas bancarias, confiscar pasaportes y encarcelar personas por sus publicaciones en redes sociales.
La Casa Blanca también denunció que Moraes envió órdenes secretas a empresas tecnológicas estadounidenses para eliminar publicaciones, entregar información de usuarios y bloquear las cuentas de opositores al régimen. El magistrado, convertido en uno de los principales sostenes judiciales del régimen de Lula, amenazó además con multas, suspensiones y procesos penales contra compañías que se negaran a ejecutar sus disposiciones.
Fragmento del comunicado oficial que fundamenta la emergencia nacional de Brasil.
La orden original incluyó además una fuerte defensa del expresidente Jair Bolsonaro, cuya persecución fue presentada por Washington como parte del deterioro deliberado del Estado de derecho brasileño. Estados Unidos advirtió que el avance judicial contra el dirigente opositor amenaza la posibilidad de celebrar elecciones presidenciales libres y competitivas durante 2026.
La decisión mantiene abierta la estructura jurídica que permite a Trump adoptar nuevas medidas contra funcionarios brasileños y responder ante futuras acciones del gobierno de Lula. Mientras da Silva acusa a Washington de intervenir en las elecciones brasileñas, la administración republicana responde colocando en el centro del debate internacional la censura de Moraes, la persecución contra Bolsonaro y la degradación institucional de Brasil.
