Trump le pidió a la Corte Suprema que permita al Pentágono aplicar el veto a tropas transgénero

Para la administración Trump, esa decisión merece ser revisada por la Corte Suprema debido a la importancia nacional del asunto. Sauer afirmó que la autoridad del Ejército para determinar quién puede formar parte de las fuerzas armadas es una cuestión de ''importancia excepcional'' y sostuvo que el conflicto constitucional podría volver a presentarse en el futuro si el máximo tribunal no establece una orientación definitiva.

El gobierno también argumenta que los tribunales inferiores aplicaron de manera incorrecta los precedentes de la Corte Suprema relacionados con la deferencia judicial hacia las autoridades militares. Por ello, la administración busca que los magistrados no solo permitan temporalmente la aplicación de la política, sino que también examinen directamente su constitucionalidad y reviertan el razonamiento utilizado por el tribunal de apelaciones.

La administración del presidente Donald Trump solicitó formalmente este viernes a la Corte Suprema de Estados Unidos que permita al Pentágono aplicar plenamente su política que restringe el servicio de personas transgénero en las fuerzas armadas, al argumentar que los tribunales inferiores han intervenido indebidamente en una cuestión que corresponde principalmente a la autoridad militar.

En la petición presentada ante los magistrados, el procurador general John Sauer sostuvo que la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia que bloqueó parcialmente la política fue ''gravemente errónea'' y pidió a la Corte Suprema revisar el caso y revertir el fallo.

El gobierno de Trump considera que determinar quién puede servir en las fuerzas armadas constituye una responsabilidad esencial del liderazgo militar. Sauer advirtió que mantener vigente la decisión del tribunal de apelaciones supondría una intervención judicial sin precedentes en asuntos relacionados con la organización, preparación y funcionamiento de las fuerzas armadas.

La disputa se origina en una orden ejecutiva firmada por Trump en enero de 2025, mediante la cual el presidente estableció restricciones al servicio militar de personas transexuales. La administración argumentó que la política responde a consideraciones relacionadas con la preparación y eficacia de las fuerzas armadas, y no únicamente a cuestiones de identidad personal.

La Corte Suprema deberá decidir si acepta el caso cuando los magistrados regresen de su receso de verano. Mientras tanto, los abogados de los militares transgénero que impugnaron la política instaron a los jueces a rechazar la solicitud del gobierno y permitir que el proceso continúe en los tribunales inferiores.

Los demandantes sostienen que no existe una división entre circuitos federales que justifique la intervención inmediata de la Corte Suprema y califican la política de discriminatoria.

Sin embargo, el gobierno de Trump sostiene que el caso trasciende la situación individual de los demandantes y plantea una cuestión fundamental sobre quién debe tener la última palabra en la definición de los criterios para servir en las fuerzas armadas. La administración considera que permitir que los tribunales dicten las condiciones de servicio podría limitar la capacidad del ejecutivo y del Pentágono para responder a sus propias evaluaciones sobre preparación militar.

La eventual decisión de la Corte Suprema podría convertirse así en un precedente de gran alcance sobre los límites de la intervención judicial en decisiones militares y sobre la autoridad presidencial para establecer políticas relativas al personal de las fuerzas armadas.

Posteriormente, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, implementó las directrices del Pentágono. La política establece restricciones para el ingreso de personas con disforia de género y contempla la separación del servicio de determinados militares que cumplen con los criterios establecidos. Hegseth también instó a los militares transexuales afectados a abandonar voluntariamente las fuerzas armadas antes de enfrentar una eventual separación obligatoria.

La administración sostiene que las decisiones sobre las características y condiciones necesarias para prestar servicio militar deben quedar principalmente en manos de las autoridades responsables de la defensa nacional. Desde esa perspectiva, el Ejecutivo considera que los tribunales deben otorgar un amplio margen de deferencia al criterio militar, especialmente cuando las políticas están justificadas en términos de preparación y capacidad operativa.

En junio, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington DC votó 2-1 para mantener en gran medida una decisión de un tribunal inferior que había concluido que la orden de Trump probablemente ''vulneraba los derechos constitucionales'' de las personas transgénero. Sin embargo, el alcance del fallo de apelación quedó limitado a los demandantes transexuales involucrados directamente en el litigio y no se extendió a personas que pretendan incorporarse al servicio militar.