Un tribunal federal respaldó al gobierno de Trump y permitió avanzar con la investigación de clínicas que ofrecen tratamientos de transición a menores.
Un tribunal federal de apelaciones dio un importante respaldo a la administración de Donald Trump al permitir que el Departamento de Justicia (DOJ) avance con una investigación sobre médicos y clínicas que proporcionan medicamentos y procedimientos de transición de género a menores.
La decisión fue emitida el viernes por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que, por una votación de 2-1, revocó una resolución de un tribunal inferior que había bloqueado una citación judicial dirigida contra ''QueerDoc'', una clínica de telemedicina con sede en Washington. El caso regresará ahora a una instancia inferior para continuar su revisión.
El fallo representa un avance para la agenda de Trump, quien desde su regreso a la Casa Blanca ha convertido la protección de los menores frente a determinadas intervenciones de género en una de las prioridades de su administración. El DOJ había emitido previamente más de 20 citaciones a médicos y clínicas como parte de una investigación relacionada con posibles fraudes sanitarios, declaraciones falsas y otras posibles infracciones.
El Departamento de Justicia de Trump podrá investigar los tratamientos de cambio de género en menores tras un fallo clave de la justicia
La mayoría del panel consideró que el gobierno tiene margen para investigar estas prácticas y destacó que los efectos a largo plazo de los medicamentos utilizados en menores siguen siendo objeto de debate científico. El juez Carlos Bea, designado por el expresidente George W. Bush, sostuvo que todos los presidentes establecen prioridades de aplicación de la ley y que esas prioridades pueden estar vinculadas a las políticas que defienden.
El juez Daniel Bress, designado por Trump, se sumó a la mayoría. Los magistrados describieron la cuestión de las intervenciones médicas para menores con disforia de género como un área de debate científico todavía no resuelto y reconocieron que la administración puede fundamentar su oposición también en consideraciones éticas y filosóficas.
La citación exige a ''QueerDoc'' entregar numerosos documentos, entre ellos archivos de personal, información sobre facturación, comunicaciones con fabricantes de medicamentos y registros relacionados con pacientes a quienes se hayan prescrito bloqueadores de la pubertad u hormonas sexuales cruzadas.
Daniel Bress, juez designado por el presidente Donald Trump, se encuentra entre quienes fallaron para que el gobierno republicano pueda continuar investigando los tratamientos en menores
La administración sostiene que estos registros son necesarios para determinar si algunas entidades médicas pudieron haber engañado al público sobre los riesgos a largo plazo de estos tratamientos. ''QueerDoc'', por su parte, argumenta que la solicitud es excesivamente amplia y representa una carga indebida. La organización anunció que continuará impugnándola ante el tribunal de distrito.
El caso se inscribe en una estrategia más amplia impulsada por Trump. El presidente firmó una orden ejecutiva que rechaza la utilización federal de la denominada ''identidad de género'' como categoría que sustituya al sexo biológico y reafirma que existen hombres y mujeres. También emitió otra orden destinada a terminar con el financiamiento federal de determinadas intervenciones de transición de género para menores y ordenó al DOJ priorizar investigaciones sobre posibles violaciones de las leyes de seguridad de medicamentos.
La administración argumenta que los riesgos asociados con estas intervenciones justifican una supervisión federal más estricta, especialmente cuando se trata de menores que pueden no estar en condiciones de evaluar plenamente las consecuencias de tratamientos potencialmente permanentes. Entre las prácticas bajo escrutinio se encuentran los bloqueadores de la pubertad, tratamientos hormonales y determinadas cirugías.
Los defensores de las políticas de Trump sostienen que la decisión judicial fortalece el principio de que el gobierno puede investigar posibles irregularidades médicas sin que las clínicas queden protegidas automáticamente de las solicitudes de información federal. También consideran que el fallo abre la puerta a un análisis más profundo sobre la evidencia científica, los riesgos y los estándares utilizados para tratar a menores.
El gobierno de Trump se ha fijado como prioridad la revisión de los tratamientos de cambio de género en menores de edad, citando sus peligros a largo plazo
La controversia, sin embargo, está lejos de terminar. La izquierdista Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a ''QueerDoc'', afirmó que continuará defendiendo la confidencialidad médica de los pacientes y cuestionando el alcance de la citación.
El fallo llega en un momento en que varios países han comenzado a revisar sus políticas sobre tratamientos de transición para menores debido a interrogantes sobre sus efectos a largo plazo. En Estados Unidos, la administración Trump busca aprovechar esas dudas para impulsar un cambio de rumbo respecto de las políticas adoptadas durante el gobierno del demócrata Joe Biden, que promovió un mayor acceso a las denominadas intervenciones de ''afirmación de género''.
Para la Casa Blanca, la resolución del Noveno Circuito constituye una señal favorable a su estrategia: investigar las prácticas médicas cuestionadas, revisar el uso de fondos federales y exigir mayor transparencia sobre los riesgos de tratamientos administrados a menores. El proceso judicial continuará, pero la administración Trump obtuvo una victoria relevante que le permite mantener abierta una de sus principales iniciativas en materia de protección infantil y regulación sanitaria.
La organización izquierdista ACLU ha respaldado a ''QueerDoc'' brindándole apoyo legal y cuestionando las investigaciones de la administración republicana