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Italia

Meloni decreta seis meses de Estado de Emergencia para combatir la crisis de inmigración ilegal

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Desde principio de año, Italia atraviesa el peor momento de la crisis migratoria que la azota desde 2011. En el primer trimestre, los arribos ilegales crecieron un 300% respecto al mismo periodo del año pasado.

Ante el creciente número de llegadas de inmigrantes a las costas italianas, la primera ministra Giorgia Meloni ha declarado el estado de emergencia migratorio durante seis meses, tras reunirse con los líderes de los demás partidos de la coalición gobernante en la tarde del pasado martes.

Uno de los principales puntos de campaña de Meloni fue el combate directo y sin vueltas a la brutal ola migratoria que sufre Italia desde hace más una década. Luego de la Primavera Árabe en 2011, y la subsecuente caída de múltiples gobiernos en África y Medio Oriente ante el ISIS, millones de musulmanes se escaparon de sus países y emprendieron el viaje a Europa, donde los gobiernos de aquél entonces anunciaron que los recibirían con los brazos abiertos.

Esto inicio un período que ya lleva 12 años en el que millones de personas pertenecientes a países del norte de África, como Marruecos, Túnez, Libia, Egipto, Argelia, y de Medio Oriente, como Siria, Irak, y Yemen arribaron a países de la Unión Europea como refugiados de guerra, y se les otorgó total ciudadanía.

Si bien ISIS fue abatido en 2017 por una coalición militar encabezada por Donald Trump, desde entonces el flujo migratorio no ha frenado. Incluso peor, es cada vez mayor. Se creó toda una industria que se encarga de llevar inmigrantes a las costas de Europa, arrojarlos al mar, y obligar a las autoridades de los países costeros como Italia, Francia o España a rescatarlos y darles ciudadanía.

Incluso peor, estas personas suelen ser "rescatadas" por organizaciones de derechos humanos confabuladas con los traficadores, donde arreglan puntos donde pueden ser arrojados e inmediatamente rescatados. Los barcos con banderas de ONGs europeas deben ser recibidas en los puertos de Europa, y los inmigrantes automáticamente reciben asilo y comienza su trámite para obtener la ciudadanía.

Con esta declaración de emergencia, Meloni pondrá un freno a esta práctica. El decreto le indica al ministro de Protección Civil y Políticas Marítimas, Nello Musumeci, y al titular del Ministerio del Interior, Matteo Piantedosi, que los puertos italianos no recibirán un solo barco más sin la previa autorización del gobierno nacional.

"Somos muy conscientes de la gravedad de un fenómeno que está registrando un aumento del 300 por ciento. Permítanme ser claro: el problema no queda resuelto, la solución está ligada solo a una intervención consciente y responsable de la Unión Europea", indicó Musumeci, quien anticipó que el estado de emergencia podría durar hasta que Bruselas tome cartas en el asunto e imponga regulaciones a estas organizaciones no gubernamentales.

Los números que se ven este año constatan una verdadera invasión al continente europeo. Desde enero hasta marzo, desembarcaron 31.292 inmigrantes del norte de África en las costas italianas. Comparando con el mismo periodo del año anterior, cuando solo se registraron 7.928 arribos, hay un aumento interanual del 295%.

Desde la llegada de Meloni al poder, y con el objetivo de evitar que entren a la Europa continental (donde por estatuto de la Unión Europea no se los puede deportar), la gran mayoría de barcos que arriban son reenvíados a la isla de Lampedusa, que tiene una capacidad para 400 inmigrantes.

Esta semana, la población inmigrante en Lampedusa superó los 2.000 cupos. En su mayoría, las personas que intentan ingresar a Italia son libios, aunque la reciente crisis política y económica en Túnez llevó a que aparezca un fuerte flujo proviniente de este país, que era la última democracia en el norte africano hasta que Kais Saied dio un golpe de Estado en 2021.

La población inmigrante musulmana en Europa ha tenido más de una década para asimilarse a la cultura europea pero no lo ha hecho. Ante el miedo de sonar racistas o "colonizadores", como dijo una vez la presidente del Consejo Europeo, Ursula Von der Leyen, hay una actitud laxa frente a los inmigrantes islámicos.

Estas personas reciben jugosos planes sociales de los distintos gobiernos europeos, forman sus propias comunidades y se cierran del resto del país. Hay zonas en Europa completamente tomadas por comunidades islámicas, donde impera el delito, la Ley Sharia y la policía tiene estrictas órdenes de no ingresar.

Esto se ve principalmente en los países nórdicos, como Suecia, Finlandia o Dinamarca, pero también en países como Francia, donde reciben el nombre de "Zone Rouge", o zona roja, donde la Policía sabe que la población es íntegramente musulmana, no habla el idioma francés y tienen nulo respeto por las autoridades. Meloni prometió en campaña que no permitirá que se formen estas zonas en ninguna parte de Italia.

Poderes extraordinarios

Con el estado de emergencia, el Ejecutivo recibe poderes extraordinarios y se habilitan fondos especiales por una duración de seis meses para combatir el problema. En este periodo, Meloni puede derogar normas vigentes, dictar nuevas leyes (que expirarán luego de los seis meses si no son ratificadas por el Congreso) y permite no aplicar los estatutos de la Unión Europea, quizás el punto más importante de la declaración de emergencia.

Según la membresía a la Unión Europea, Italia no puede cerrarle sus puertos a las ONGs europeas, no puede dejar en ultramar a inmigrantes que piden asilo en su país y debe entregar ayuda económica a los inmigrantes que escapan zonas de guerra. A partir de ahora, nada de esto deberá cumplirse.

Meloni anunció que implementará inmediatamente un sistema de "repatriación" de los inmigrantes ilegales que reciba, que es otra manera de hablar de deportación. Técnicamente, Italia solo puede deportar a los inmigrantes que recibe si estos son atrapados cometiendo un delito.

El gobierno nacional cuenta con un masivo apoyo de los alcaldes de las distintas ciudades de Italia, incluso de partidos de izquierda. Concretamente, dan la cifra de 112.000 personas en los centros de acogida repartidos en Italia que deben ser deportados, la cifra más alta desde el año 2019. Los alcaldes se dirigieron al Ministerio del Interior con un comunicado unánime, titulado: "Es urgente buscar una solución, la situación es inmanejable".

El Ejecutivo afirma que sigue trabajando para llegar a una estrategia europea común en materia de inmigración. En este sentido, Meloni declaró, tras su reunión con el presidente español Pedro Sánchez en el Palacio Chigi el pasado 5 de abril, que a pesar de las diferencias ideológicas, el gobierno socialista de España se ha comprometido a apoyar su pedido frente al Consejo Europeo en la próxima reunión que se celebrará en junio.

Italia

Meloni desafía a la Sea Watch que impulsa la llegada de inmigrantes ilegales a Italia: "Detendremos la inmigración ilegal, les guste o no"

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Ante la negativa de Meloni de permitir la entrada de inmigrantes irregulares, Sea Watch llegó a desearles "lo peor desde el fondo de su corazón" a las autoridades italianas.

La primer ministro italiana, Giorgia Meloni, y la ONG alemana Sea Watch están en el centro de una intensa controversia sobre la política migratoria en el Mediterráneo. El conflicto surgió tras la participación de Meloni en el Foro Mediterráneo sobre Migraciones, celebrado en Trípoli, Libia, el 17 de julio.

Sea Watch, una organización dedicada al rescate de inmigrantes ilegales en el mar, criticó severamente la presencia de Meloni en el foro. La ONG acusó a la mandataria italiana y al primer ministro libio, Abdul-Hamid Dbeibeh, de promover una “política migratoria distópica”. En un acto inusual, Sea Watch expresó su deseo de que les ocurriera “lo peor desde el fondo de su corazón” a los participantes del evento.

La respuesta de Meloni fue inmediata. A través de sus redes sociales, la primera ministra italiana cuestionó el “silencio” de Sea Watch respecto a las actividades de los traficantes de personas.

Meloni afirmó: “Sea Watch critica a quienes acudieron a Libia para discutir cómo detener la inmigración ilegal creando desarrollo, pero no dice nada sobre los traficantes que se han enriquecido matando a miles de personas”.

La líder italiana defendió su participación en el foro, argumentando que su propósito era encontrar soluciones para frenar la inmigración ilegal hacia Europa a través del Mediterráneo. Reafirmó la postura de su gobierno: “El Gobierno italiano seguirá trabajando para detener la trata de personas, la inmigración ilegal y las muertes en el mar. Les guste o no”.

Durante su intervención en el foro de Trípoli, Meloni afirmó que “los inmigrantes ilegales son enemigos de los legales”, afirmando que Italia ha cerrado las puertas a la inmigración regular debido al exceso de migrantes irregulares. También criticó a las “organizaciones criminales”, refiriéndose a las ONG que rescatan inmigrantes en el Mediterráneo, que asumen el derecho de decidir “quién tiene derecho a entrar en Italia y quién no”.

El Foro Mediterráneo sobre Migraciones reunió a líderes de Estados y Gobiernos de países europeos y africanos. El encuentro buscó abordar las causas profundas de la migración irregular mediante el desarrollo sostenible, la mejora de la gobernanza y la cooperación internacional.

Este enfrentamiento entre Meloni y Sea Watch pone de manifiesto las tensiones entre el gobierno italiano y las organizaciones de rescate de inmigrantes. Roma ha implementado medidas para limitar las operaciones de estas ONG, incluyendo una ley que obliga a los barcos de rescate a dirigirse inmediatamente a un puerto designado después de recoger migrantes, sin continuar su patrulla en busca de otros náufragos.

La política migratoria de Meloni, caracterizada por su dureza, ha generado críticas de organizaciones humanitarias. Sin embargo, la primera ministra mantiene que estas medidas son necesarias para combatir la inmigración ilegal y prevenir las muertes en el mar.

El debate sobre la gestión de la migración en el Mediterráneo sigue siendo un tema candente en la política europea, con gobiernos como el de Italia abogando por un enfoque más restrictivo, mientras que las ONG y la Unión Europea promueven políticas más globalistas en torno a la inmigración ilegal, dejando entrar a cualquier clase de persona, que luego termina provocando un aumento en los índices de homicidios, robos y violaciones.


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Argentina

A pesar de no formar parte del grupo, Javier Milei asistirá al G7 por invitación personal de Giorgia Meloni

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La primera ministra de Italia extendió la invitación al Presidente de la República Argentina, Javier Milei, para participar en la próxima cumbre del Grupo de los Siete.

El Grupo de los Siete (G7) es el foro político y económico más poderoso del mundo, englobando a Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Este año, la cumbre está programada para celebrarse en junio en la región italiana de Apulia.

Si bien Argentina no es parte del grupo, este año los 7 líderes más importantes del mundo estarán acompañados por el presidente Javier Milei, gracias a una invitación personal que le extendió la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, encargada de organizar el evento en esta ocasión.

Este gesto, que ha sido recibido con interés y anticipación, refleja la creciente importancia de Milei en la arena política internacional y destaca la influencia que ha ganado como líder mundial. Y no solo Meloni quiere tenerlo presente en G7, ya que estas invitaciones suelen realizarse en consenso con los demás integrantes.

La invitación formal fue entregada a través de una nota diplomática, transmitida por el embajador italiano en Argentina, Fabrizio Lucentini, y recibida con gratitud por la cnciller Diana Mondino. La confirmación de la participación de Milei en la cumbre del G7 representa un reconocimiento significativo de su papel como figura destacada en la política global y subraya la creciente relevancia de Argentina en el escenario internacional.

Fue así la cuenta oficial de Cancillería la que emitió un comunicado anunciando la invitación de Meloni a Milei para participar en la cumbre más importante del año. El mensaje enfatizó la importancia de fortalecer los lazos bilaterales entre Argentina e Italia y destacó el papel crucial que desempeñará Milei en el diálogo sobre cuestiones de interés mutuo durante la reunión.


De esta manera, Milei le agregará un poco de liberalismo a una cumbre que prometía ser un epicentro de la izquierda mundial, ya que este año coinciden el presidente de EE.UU., Joe Biden; el líder socialista de Alemania, Olaf Scholz; el progresista premier canadiense, Justin Trudeau; el socialdemócrata presidente de Francia, Emmanuel Macron; y el centrista premier inglés, Rishi Sunak.

Por la derecha, solo iban a estar el premier de Japón, Fumio Kishida, y la propia Georgia Meloni. Ahora ambos discutirán con el resto de los integrantes con Milei dando respaldo y su singular visión del mundo.

La participación de Javier Milei en la cumbre del G7 brindará una oportunidad única para que Argentina exprese su visión y perspectivas sobre una serie de temas globales clave, incluyendo la economía mundial, la seguridad internacional y el cambio climático, todos puntos donde la visión del mandatario argentino difiere del establishment del Grupo.

Además, permitirá a Milei establecer contactos con líderes de otros países con quienes todavía no ha tenido la oportunidad de reunirse, y fortalecer los lazos diplomáticos de Argentina en el escenario internacional.

Es importante destacar que la invitación de Meloni a Milei no solo refleja la afinidad ideológica entre ambos líderes, sino también la creciente cooperación entre Italia y Argentina en una variedad de áreas, incluyendo el comercio, la seguridad y la política internacional. Esta colaboración estratégica entre dos naciones democráticas y comprometidas con los valores occidentales conservadores resulta fundamental en el escenario tanto latinoamericano como europeo.

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Economía

Meloni busca privatizar el Servicio Postal y los ferrocarriles en Italia, después de décadas de estar en quiebra

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La venta de activos estatales facilitaría la cancelación de compromisos de deuda y el necesario equilibrio de las finanzas públicas. Las autoridades preparan un drástico ajuste fiscal para 2024.

La Primer Ministra Georgia Meloni anunció recientemente la vocación del Gobierno por la privatización de una gran cantidad de activos estatales. Estas maniobras permitirían dos objetivos principales: se podrían obtener acreencias importantes para cancelar compromisos de deuda a corto plazo, y también se facilitaría el equilibrio de las finanzas públicas.

El Gobierno anunció que buscará lanzar a la venta el 13% del paquete accionario de Correo Italiano. Actualmente el Estado italiano retiene el total del paquete accionario: en un 65% de forma directa, y en un 35% a través del banco de desarrollo Cassa Depositi e Prestiti (del cual el Estado es dueño en un 82%).

Por otra parte, el Gobierno también evalúa la privatización parcial de Ferrocarriles Estatales Italianos (FS), la empresa insignia que tomó especial protagonismo durante los años del fascismo. Se trata de una de las privatizaciones más complejas dentro del prontuario que anunció el oficialismo, por lo que el proceso podría demorar años en consumarse.

“Creo que existe la posibilidad de que particulares participen en acciones minoritarias en empresas que hoy están totalmente bajo control público, y este es el caso de los ferrocarriles”, expresó la Primer Ministra.

Meloni demostró su determinación a favor de las privatizaciones por primera vez en noviembre del año pasado, cuando se concretó la venta del 25% del paquete accionario del histórico Banco Monte dei Paschi di Siena, nada menos que la institución bancaria más antigua del mundo (fundada en el año 1472). Esto dejó una acreencia neta por 920 millones de euros.

El Estado asumió su control mayoritario durante la crisis financiera internacional de 2008, y el Gobierno de Meloni se comprometió a devolverlo a manos privadas. Tras esta primera maniobra, se propone continuar con la venta de acciones hasta desaparecer por completo la participación estatal en el banco.

Se estudiarán nuevos y sucesivos programas de privatización total o parcial de empresas públicas para alcanzar un objetivo de recaudación de al menos 20.000 millones de euros entre 2024 y 2026. Este programa ayudaría a mantener bajo control el crecimiento explosivo del endeudamiento.

El Estado italiano mantiene un stock de deuda pública superior al 143% del PBI, y un margen de deuda neta que representa por lo menos el 132% del producto respectivamente. La delicada situación financiera del sector público limita extremadamente su capacidad para recapitalizar las empresas bajo su control, por lo que la participación del sector privado resulta fundamental para evitar el deterioro general de los servicios prestados.

La apertura de las puertas hacia la privatización también contribuiría a mejorar notablemente el atractivo inversor por parte de capitales extranjeros, algo que fue especialmente relevante para países como Grecia en los últimos años.

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