El gobierno de extrema izquierda que gobierna Portugal decretó la expropiación del uso de viviendas que permanezcan más de 100 días sin ocupación. Se instrumentará un programa de control de alquileres, y quedará prohibida la construcción de nuevas viviendas para arrendamiento turístico.

El gobierno comandado por el primer ministro António Costa, un recalcitrante socialista que llegó al poder con una coalición de centroizquierda pero que en los últimos años giró a la extrema izquierda, anunció el lanzamiento de su propia Ley de Alquileres.

Esto marca un verdadero retroceso histórico para el mercado inmobiliario, y un pésimo precedente para la seguridad jurídica en Europa. Por primera vez en 38 años, Portugal volverá a regular intensivamente el mercado de la vivienda y apostará por recetas obsoletas del siglo pasado.

Valiéndose de su mayoría en las cámaras legislativas, el Partido Socialista de Portugal tendría vía libre para la aprobación de los cambios más ambiciosos de su agenda política, la más violenta de las últimas 4 décadas.

La Ley de Alquileres portuguesa

El gobierno de extrema izquierda anunció que habrá una “rápida expropiación de uso” de todas las viviendas del país, ya sean departamentos o casas particulares, que se encuentren sin ocupación por un período igual o superior a los 100 días.

Con estas expropiaciones, el gobierno quiere forzar a los propietarios a dar en alquiler sus viviendas a cualquier precio que encuentren, para evitar perder su propiedad. Quienes finalmente no pongan en alquiler sus casas o departamentos, éstas pasarán a control municipal, que será responsable de gestionar su alquiler a las clases más bajas.

Cabe aclarar que la definición de “propiedad ociosa” es ambigüo, y muchas viviendas que son utilizadas por los portugueses que tienen más de una propiedad (muy común en Portugal tener una casa en una ciudad y otra en la costa) caerán bajo estas expropiaciones si no son puestas en alquiler.

A partir de la sanción de la ley, todos los contratos de alquiler tendrán un período mínimo de duración de 5 años, y los propietarios no podrán desalojar a los inquilinos en situaciones de impago, ya que según esta nueva ley, el Estado asumirá el costo de las mensualidades no percibidas por el propietario.

No conforme con esto, el Estado portugués podrá incluso obligar a los propietarios a reformar las viviendas intervenidas a fin de prepararlas para su arrendamiento forzoso, y se prevé desplegar fondos públicos municipales (con un costo completamente arbitrario e incierto) a estos efectos.

La nueva ley también expanderá los poderes del Estado para dar vía libre a la policía para disponer de desalojos en caso de ser necesario, sea de inquilinos problemáticos o de propietarios que no quieren entregar sus viviendas al Gobierno.

Las medidas palidecen incluso considerando estándares de economías en vías de desarrollo, y amenazan con destruir el mercado de vivienda en el país. Los incentivos para la construcción de nuevas propiedades se desmoronarán peligrosamente, considerando que si la propiedad no puede ser alquilada al precio proyectado será expropiada. Esto condenará al país a un lento y agónico proceso de descapitalización como el que sufrieron otras economías socialistas. 

La nueva legislación que todavía debe ser votada en el Parlamento de Portugal pero que certeramente será aprobado, establecerá un nuevo techo máximo legal para la actualización de los contratos de alquiler, del mismo modo en que ocurre actualmente en países como Argentina, Venezuela y Cuba.

Independientemente de las condiciones de oferta y demanda del mercado, e independientemente de las objeciones tanto de inquilinos como de propietarios, el Estado fijará un tope similar a la evolución pasada del IPC para actualizar los alquileres. El alquiler de viviendas no podrá subir más que el promedio general de la inflación minorista.

El Poder Ejecutivo decretará, además, la prohibición casi absoluta de las nuevas viviendas para el alquiler turístico en todo el país. Solamente habrá una única excepción y es la construcción de alojamientos en zonas rurales, aquellas cuya densidad demográfica sea considerablemente menor a la media nacional. 

La radicalización sin precedentes del Partido Socialista de Portugal, que a pesar de su nombre había sido históricamente un partido de centroizquierda moderada que no había tocado mucho las reformas liberales de Aníbal Cavaco Silva en los 90s, deteriora dramáticamente los derechos de propiedad en Portugal, la estabilidad de las reglas de juego para la inversión productiva y la seguridad jurídica. 

La administración socialista lanzó una inédita ley de viviendas que amenaza dramáticamente a cada uno de los cimientos del mercado inmobiliario. Se aprobaron una serie de medidas que desalientan la oferta y la construcción de nuevas viviendas.

El Gobierno socialista de António Costa logró que el Parlamento de Lisboa apruebe una nueva “Ley de viviendas”, introduciendo fuertes y severas regulaciones sobre el mercado inmobiliario.

El socialismo decretó la anulación del régimen de “visas de oro”. Este sistema permitía que inversores extranjeros no residentes pudieran destinar capital para la construcción y alquiler de viviendas dentro del país, permitiendo ampliar la oferta de Portugal y financiada con ahorro externo, sin necesidad de comprometer otras inversiones haciendo uso del crédito doméstico.

A partir de la reforma, se prohíbe la autorización de residencia para extranjeros no pertenecientes a la Unión Europea, con lo cual este mecanismo de canalización de inversión extranjera directa quedará completamente bloqueado para el mercado inmobiliario y el sector de la construcción de viviendas privadas. 

Se terminó la prohibición de nuevas licencias para inmuebles turísticos provenientes de la inversión de las visas de oro. Solamente podrán renovarse en caso de que el inversor extranjero en cuestión decida radicarse permanentemente en la vivienda, o si el inmueble es colorado en el mercado de alquiler “de manera permanente”. 

Se trata de una iniciativa muy similar a la que llevó a cabo el ministro Justin Trudeau en Canadá, quién también decretó fuertes restricciones y prohibiciones para la compra de viviendas por parte de inversores extranjeros no residentes. Pero las medidas de Portugal avanzaron mucho más allá de lo que se implementó en Canadá. 

Con una retórica típicamente socialsita, el ministro Costa anunció un programa de construcción de viviendas estatales, comprometiendo una gasto de hasta 900 millones de euros para inmuebles hasta el año 2026. 

Se anunciaron medidas subsidiarias para el pago de alquileres e hipotecas. Esto resulta en un paquete ampliamente contradictorio entre medidas. Asimismo, el Gobierno avanzará en la eximición del “impuesto sobre las plusvalías de amortización” para hipotecas de viviendas propias, fomentando aún más la demanda de estos instrumentos.

El mercado financiero de crédito será virtualmente intervenido. El Gobierno obligará a las entidades bancarias a ofrecer hipotecas a largo plazo con tasas fijas. Supone un beneficio importante para aquellos que ya lograron suscribir créditos a largo plazo, pero un castigo para aquellos que aún no lo hicieron, ya que los bancos contraerán severamente la oferta de crédito inmobiliario disponible. 

Se penaliza sistemáticamente la oferta de inmuebles para el alquiler o para su venta, pero al mismo tiempo incentiva la demanda por medio de subsidios. El esquema lanzado promete generar un virtual desequilibrio entre oferta y demanda, cuya única corrección posible será vía precios. 

De los 17 ministros, 9 serán encabezados por mujeres. Costa deja atrás los Gabinetes técnicos y llena los cargos con socios políticos.

El tercer mandato del socialista António Costa se pone en marcha tras la jura del nuevo Gabinete de ministros el pasado 6 de abril. A pesar de ser miembro del Partido Socialista, Costa había mantenido desde su llegada al poder gabinetes con cuadros técnicos poco politizados.

Sin embargo, esto parece haber quedado en el pasado. Tras haber crecido sustancialmente en las últimas elecciones, celebradas el pasado 30 de enero, Costa decidió esta vez llenar su Gabinete de figuras políticas de su partido con poca o nula experiencia en el área asignada.

Costa ha decidido reducir de 19 a 17 los ministerios en lo que calificó como un Gobierno “de concentración” para hacer frente a la recuperación económica tras la pandemia. El número de secretarías de Estado también se ha reducido, en este caso de 50 a 38. Hasta ahí llegan las buenas noticias para los portugueses.

El primer ministro se ha paseado por todos los medios celebrando que por primera vez en la historia, el Gabinete tiene más mujeres que hombres. De los 17 ministerios, 9 pasaron a estar controlados por mujeres.

Las sorpresas del nuevo gabinete están dadas  por el nombramiento de Fernando Medina, ex alcalde de Lisboa, como nuevo Ministro de Hacienda. Medina perdió las elecciones en 2021 donde buscaba su reelección, y muchos creen que esta designación es un premio consuelo.

Medina es licenciado en Economía, pero jamás ha ejercido de economista. Entre los años 2000 y 2002, asesoró al entonces primer ministro António Guterres, pero en materia de educación y ciencia, no economía. Luego en 2005, fue Secretario de Empleo en el Ministerio de Trabajo.

Otra designación polémica es la de Ana Mendes Godinho como Ministra de Trabajo, una abogada que previamente sirvió como Secretaria de Turismo, también prácticamente sin experiencia en el rubro.

Joao Gomes Cravinho, un ministro de perfil técnico que ocupaba la cartera de Defensa, fue traspasado a la de Asuntos Exteriores, sin mayores explicaciones más que por motivos políticos.

Un cargo altamente cuestionado será el de Catarina Sarmento e Castro en el Ministerio de Justicia reemplazando a la prestigiosa jurista Francisca van Dunem. Catarina es una abogada sin experiencia política, y su designación responde casi con certeza al hecho de que es la hija de un importante dirigente del Partido Socialista.

Por último, el mediático Pedro Adao e Silva estará al frente del Ministerio de Cultura. Pedro es un comentarista político muy famoso que recientemente ingresó al Partido Socialista, llevando una importante cantidad de votos a la agrupación oficialista.

Costa gobernará con mayoría absoluta y con una oposición debilitada pero más beligerante, con la derecha de Chega como tercera fuerza política en el Parlamento, partido que busca emular el crecimiento explosivo que tuvo VOX tras llegar al Legislativo de España. 

Portugal lleva más de dos décadas marcado por el bajo crecimiento, la baja productividad y los bajos salarios, con varios gobiernos del Partido Socialista en ese tiempo.

Costa, quien dirige el país desde 2015, prometió una recuperación económica rápida tras la pandemia del Covid-19, pero ahora se enfrenta a una situación adversa, alta inflación, recesión económica, alto desempleo, un gasto público peligrosamente elevado, y las consecuencias internacionales de la invasión rusa de Ucrania.

El gabinete socialista se prepara para empezar el mandato gastando unos frescos 45.000 millones de euros en planes sociales para ayudar a reactivar la economía. Gran parte de este dinero será girado por el Fondo de Emergencias de la Unión Europea.