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Arrasa la derecha en las elecciones de Portugal y el conservador Marcelo Rebelo de Sousa fue reelegido con el 61% de los votos

En las elecciones presidenciales de Portugal, la derecha se impone mientras la izquierda se desvanece. El presidente Rebelo de Sousafue reelegido por una amplia mayoría frente a la socialista Ana Gomes, que terminó con un magro 13%.

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Este 24 de enero los portugueses fueron a las urnas para elegir nuevamente a su Presidente, en unas elecciones totalmente inclinadas hacia la derecha.

El actual presidente Marcelo Rebelo de Sousa ganó la reelección con el 60,7% de los votos, de la mano del Partido Socialdemócrata (PSD), de centro-derecha conservadora. 

De Sousa es muy querido en Portugal por la población en general, más allá de las inclinaciones políticas de cada uno, ya que a pesar de su ideología conservadora, ha demostrado ser un hombre muy pragmático, honesto y que siempre prima por el interés general del pueblo y no el de sus amigos ni su partido.

En la oposición se encontró Ana Gomes, integrante del Partido Socialista, que obtuvo el 13% de los votos, y ni siquiera fue respaldada oficialmente por su Partido, que la rechazó por sus ideas radicales de extrema izquierda. Gomes, finalmente decidió presentarse de forma independiente con el apoyo de un sector del PS y algunas pequeñas agrupaciones progresistas. 

Según datos de consultoras privadas, el 60% de los militantes del PS habrían votado al candidato del PSD, Rebelo de Sousa.

En tercer lugar, con el 11,9% (496 mil votos) se impuso el candidato André Ventura, del recientemente formado Partido Chega, de derecha populista, alineado a una agenda similar a la de VOX en España o Fratelli en Italia.

Cabe destacar que en Portugal, en las últimas décadas, los partidos históricos del país se corrieron a la derecha y expulsaron a muchas de sus figuras pero jamás cambiaron sus nombres, por lo que Partido Socialista es actualmente considerado una agrupación de centro-izquierda moderada y el Partido Socialdemócrata de centro-derecha conservadora.    

Debate entre Ana Gomes (izquierda) y el candidato derechista André Ventura (derecha)

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Esta elección significó un importante crecimiento para la derecha. No sólo de la mano de Rebelo de Sousa, si no que del interesante Partido Chega.

Chega fue constituido en 2019 por André Ventura, quien, cansado de ver cómo el Partido Socialdemócrata (del que él formaba parte) ni siquiera mencionaba los problemas modernos de su país, como la inmigración ilegal, los altos impuestos y la Unión Europea, decidió romper con el histórico partido y lanzarse con su propio espacio.

Ese mismo año, con una agenda nacionalista, conservadora, populista, con propuestas de corte libertario en lo económico e incluso mencionando a Bolsonaro en discursos de campaña, Ventura logró entrar al Parlamento nacional como diputado, con el 1,3% de los votos a nivel nacional.

En poco tiempo, Ventura logró capitalizar esta posición y estalló en popularidad con sus discursos parlamentarios y sus apariciones en TV. En 2020 lanzó una fuerte campaña en contra de las cuarentenas por el COVID-19 y en menos de 2 años convirtió un 1,3% en un 12% a nivel nacional, el partido con mayor crecimiento en la historia del país.

"Es una noche histórica para Portugal, que ve a la derecha reconfigurarse totalmente", aseguró en la noche de la votación.

Descrito por algunos como "el Trump portugués", Ventura es hoy una de las personas más importantes de la política de su país.

André Ventura en el Parlamento Nacional.

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En cuarto y quinto puesto se encuentran dos extremistas de izquierda, Joao Ferreira, del Partido Comunista, y Marisa Matias, del Bloque de Izquierda. El primero obtuvo 180 mil votos, el equivalente a 4,32%, mientras que la segunda llegó al 3,95%. 

La participación electoral total fue de apenas un 39%, casi un 10% menos que en las elecciones de 2016, en las que Rebelo de Sousa había ganado con un 8% menos que ahora. A su vez, su opositor, también de izquierda dura como Ana Gomes, había logrado un 22%, frente al 13% de Gomes ahora, por lo que hubo una considerable caída de la izquierda

En las elecciones de 2016, también se había presentado la marxista Marisa Matias, que a pesar de ahora no haber llegado ni al 4%, se había impuesto como tercera con un 10% hace 5 años.

Afiches electorales de Marisa Matias y André Ventura en la misma cuadra.

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De todos modos, estas elecciones carecen de una relevancia mayor, puesto que el Presidente en Portugal es un Jefe de Estado pero no de Gobierno, puesto que el país es una República Semi-Presidencialista.

El Presidente se encarga de representar al país ante el mundo, garantizar la unidad del Estado y controlar que funcionen correctamente las instituciones, más no de presentar leyes o impulsar agendas. 

Sin embargo, a diferencia de otros países Semi-Presidencialistas (como Alemania o Israel), en Portugal el Presidente se encarga de la Seguridad Nacional y coordina tareas de las Fuerzas Armadas, además de tener una importante injerencia en la agenda de relaciones exteriores, por ejemplo acercando al país a Trump a pesar de las diferencias del oficialismo portugués con el ex presidente republicano.

Actualmente Portugal es gobernada por António Costa, del Partido Socialista, quien ejerce el rol de Primer Ministro y Jefe de Gobierno nacional. Él es quien lidera el Poder Ejecutivo en sus tareas del día a día. Costa fue elegido por el Parlamento en 2015, con el apoyo de los minoritarios Partido Comunista y Bloque de Izquierda.

La verdadera prueba de fuego para la política portuguesa será en las elecciones legislativas en 2023, a las que Chega debe aspirar a lograr una importante cantidad de escaños en el parlamento para poder participar de un gobierno de coalición con el PSD e imponer un Primer Ministro con una agenda de derecha para Portugal.

António Costa.

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Portugal

El primer ministro socialista de Portugal renuncia en medio de un escándalo de corrupción por coimas

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Tras el arresto de múltiples funcionarios de su gobierno y empresarios amigos, António Costa anunció su dimisión en medio de una masiva investigación de la Fiscalía de Portugal por corrupción en su gobierno, a partir de aceptar coimas en un proyecto medioambiental de hidrógeno verde.

El socialista António Costa, primer ministro de Portugal desde 2015, presentó oficialmente su renuncia este martes tras darse a conocer que la Fiscalía General ha abierto un proceso penal contra él y varios miembros de su Gabinete por delitos de corrupción vinculados a negocios en el sector del litio y el hidrógeno verde.

"En estas circunstancias, obviamente, presenté mi dimisión a su excelencia el presidente de la República", afirmó Costa en televisión nacional, expresando también que el cargo de primer ministro no es compatible con la "sospecha de la práctica de cualquier acto criminal".

La dignidad de las funciones de Primer Ministro no es compatible con cualquier sospecha sobre su integridad, su buena conducta y menos todavía sobre la sospecha de la práctica de cualquier acto criminal”, afirmó Costa en el comunicado oficial televisado dirigido a la población de su país.

En Portugal el presidente es un cargo ceremonial, mientras que el primer ministro es quien encabeza el Poder Ejecutivo, por lo que la salida de Costa, quien domina la política portuguesa hace casi una década, se convirtió en un fuerte shock en el país europeo.

El líder del Partido Socialista, junto con varios miembros de su Gabinete, están siendo investigados por la Fiscalía por crímenes de prevaricación, corrupción activa y pasiva, y tráfico de influencias, en negocios del sector del litio y el hidrógeno.

El procedimiento ordinario de dimisión estipula que Costa debe presentar su dimisión ante al presidente de la República, Marcelo Rebelo Sousa. En este contexto, luego de aceptar la dimisión, resta saber si el Jefe de Estado se decidirá o no por disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas. Otra opción, menos probable, sería que el Partido Socialista, con mayoría en el Parlamento, presentase otro candidato.

De haber nuevas elecciones, Costa ha dicho que no se presentará en los comicios, dado que “los procesos criminales raramente son rápidos. Es una etapa de la vida que se cierra y que la cierro con la cabeza erguida, con la conciencia tranquila y con la misma determinación de servir a los portugueses que cuando asumí este cargo”.

El escándalo estalló en pocas horas en la mañana de este martes, ya que todas las investigaciones habían estado siendo mantenidas en secreto para evitar la influencia del Poder Ejecutivo. El día comenzó en Lisboa con la detención de dos personas del círculo más estrecho de Costa por irregularidades cometidas en la concesión de la explotación de yacimientos de litio y de proyectos de hidrógeno verde.

A primera hora fueron arrestados Vítor Escária, jefe de Gabinete del Gobierno, y el empresario Diogo Lacerda Machado, gran amigo de Costa, quien estuvo a cargo de la expropiación y estatización de la aerolínea portuguesa TAP.

Además, en los días anteriores fueron detenidos el alcalde del Municipio de Sines, el socialista Nuno Mascarenhas, y dos empresarios de la sociedad Start Campus, que promovía un proyecto en Sines que está siendo investigado por lavado de dinero y tráfico de influencias.

Por último, el ministro de Infraestructuras, João Galamba, ha sido imputado y en cualquier momento podría ser arrestado, mientras otros miembros del Ejecutivo, incluido el presidente del Consejo Directivo de la Agencia Portuguesa del Ambiente, también están siendo investigados.

La Fiscalía de Portugal ha justificado las detenciones ya que “existe peligros de fuga, continuidad de actividad criminal, perturbación de la investigación y del orden y tranquilidad política”, según un comunicado oficial, el cual también informó que los detenidos prestarán declaración en un interrogatorio judicial para aplicarles las medidas de coacción.

En paralelo, el Ministerio Público y la Policía de Portugal realizaron 42 allanamientos, que incluyeron la residencia oficial del primer ministro del Palacio de São Bento, los ministerios de Infraestructuras y de Medio Ambiente, la Cámara Municipal de Sines, varios organismos públicos municipales, 17 domicilios y cinco despachos de abogados.

Por su parte, la Fiscalía reveló que el primer ministro estaba siendo objeto de una investigación autónoma desarrollada por el Tribunal Supremo por su papel en el impulso a los negocios relacionados con la transición energética.

En el curso de las investigaciones surgió, además, el conocimiento de la invocación por sospechosos del nombre y de la autoridad del primer ministro y de su intervención para desbloquear procedimientos en este contexto”, señala la nota.

Asimismo, el Ministerio ha dicho que varios sospechosos han hablado de la implicación de Costa en los casos de corrupción. Se están investigando, por un lado, una serie de concesiones de explotación de litio en las minas de Romano y Barroso, y, por el otro, un megaproyecto en el área de hidrógeno verde en Sines, cuyas inversiones podrían llegar a superar los 1,5 mil millones de euros.

Ministerio Público de Portugal

El caso que hizo explotar la política en Portugal

La operación que ha desatado la crisis política en Portugal se enmarca en una investigación del Departamento Central de Investigación y Acción Penal, que comenzó a finales de 2019 tras una denuncia anónima para dilucidar si se habían producido tratos especiales hacia empresas portuguesas (EDP, Galp y REN) para explotar un negocio de hidrógeno verde en Sines, un gran polo industrial fomentado durante la primera gestión del gobierno socialista.

El proyecto inicial para exportar hidrógeno verde a Holanda había sido presentado por un empresario holandés en el verano de 2019, antes de que el Gobierno implicase públicamente a las tres empresas lusas. Además, en la causa se investigan las concesiones para explotar litio en Montalegre.

Las irregularidades salpican al otro gran proyecto de explotación de litio en Covas do Barroso, a pocos kilómetros de la frontera con Galicia, que obtuvo este año la autorización de la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente, a pesar de recibir cerca de un millar de alegaciones y un informe contrario de un relator de la ONU. El lugar es, además, el único espacio portugués declarado Patrimonio Agrario Mundial por la FAO.

La Agencia de Medio Ambiente dio luz verde en mayo al proyecto de la empresa británica Savannah Lithium, pese a reconocer en su informe que pondrá en peligro la declaración del organismo de Naciones Unidas. “Las afectaciones directas o indirectas, incluyendo los impactos residuales, impuestos por la elevada presión de proyectos sobre el área, puede comprometer la clasificación de Patrimonio Agrícola Mundial. Se considera además que no existe compatibilidad y posibilidad relevante de integración paisajística del proyecto en el territorio”, observaba la agencia portuguesa en su declaración.

De esta manera, se empezó a investigar si no hubo coimas a cambio de la aprobación rápida de estos pedidos, y la evidencia parece ser concreta porque a pesar de las presiones del Gobierno para evitar cualquier tipo de investigación judicial, éstas han marchado su curso.

La Procuraduría General de la República confirmó a comienzos de enero que estaba en marcha una investigación bajo secreto judicial sobre negocios relacionados con el litio y el hidrógeno verde. Tras ser preguntado por este proceso, el ministro Galamba respondió: “Nunca fui escuchado sobre ese proceso absurdo, exactamente porque es absurdo y vacío”, según recuerda este martes el diario Público.

Por esta operación, el anterior ministro de Medio Ambiente, João Pedro Matos Fernández, tuvo las comunicaciones intervenidas por orden judicial. En cuatro de las varias conversaciones interceptadas fue grabado el primer ministro, que podría ser el próximo en caer preso.

Especialmente una de las grabacios, registrada el 28 de diciembre de 2020, en la que se escucha a Costa y su ministro discutir los negocios del litio y del hidrógeno verde, la posibilidad de atraer fondos comunitarios si se apura el trámite y el dinero que podrían quedarse de los miles de millones de dólares en inversiones, según publicó la revista Expresso.

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Portugal

El socialismo portugués anuncia su Ley de Alquileres: Expropiaciones, alquileres forzosos y control de precios

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El gobierno de extrema izquierda que gobierna Portugal decretó la expropiación del uso de viviendas que permanezcan más de 100 días sin ocupación. Se instrumentará un programa de control de alquileres, y quedará prohibida la construcción de nuevas viviendas para arrendamiento turístico.

El gobierno comandado por el primer ministro António Costa, un recalcitrante socialista que llegó al poder con una coalición de centroizquierda pero que en los últimos años giró a la extrema izquierda, anunció el lanzamiento de su propia Ley de Alquileres.

Esto marca un verdadero retroceso histórico para el mercado inmobiliario, y un pésimo precedente para la seguridad jurídica en Europa. Por primera vez en 38 años, Portugal volverá a regular intensivamente el mercado de la vivienda y apostará por recetas obsoletas del siglo pasado.

Valiéndose de su mayoría en las cámaras legislativas, el Partido Socialista de Portugal tendría vía libre para la aprobación de los cambios más ambiciosos de su agenda política, la más violenta de las últimas 4 décadas.

La Ley de Alquileres portuguesa

El gobierno de extrema izquierda anunció que habrá una "rápida expropiación de uso” de todas las viviendas del país, ya sean departamentos o casas particulares, que se encuentren sin ocupación por un período igual o superior a los 100 días.

Con estas expropiaciones, el gobierno quiere forzar a los propietarios a dar en alquiler sus viviendas a cualquier precio que encuentren, para evitar perder su propiedad. Quienes finalmente no pongan en alquiler sus casas o departamentos, éstas pasarán a control municipal, que será responsable de gestionar su alquiler a las clases más bajas.

Cabe aclarar que la definición de "propiedad ociosa" es ambigüo, y muchas viviendas que son utilizadas por los portugueses que tienen más de una propiedad (muy común en Portugal tener una casa en una ciudad y otra en la costa) caerán bajo estas expropiaciones si no son puestas en alquiler.

A partir de la sanción de la ley, todos los contratos de alquiler tendrán un período mínimo de duración de 5 años, y los propietarios no podrán desalojar a los inquilinos en situaciones de impago, ya que según esta nueva ley, el Estado asumirá el costo de las mensualidades no percibidas por el propietario.

No conforme con esto, el Estado portugués podrá incluso obligar a los propietarios a reformar las viviendas intervenidas a fin de prepararlas para su arrendamiento forzoso, y se prevé desplegar fondos públicos municipales (con un costo completamente arbitrario e incierto) a estos efectos.

La nueva ley también expanderá los poderes del Estado para dar vía libre a la policía para disponer de desalojos en caso de ser necesario, sea de inquilinos problemáticos o de propietarios que no quieren entregar sus viviendas al Gobierno.

Las medidas palidecen incluso considerando estándares de economías en vías de desarrollo, y amenazan con destruir el mercado de vivienda en el país. Los incentivos para la construcción de nuevas propiedades se desmoronarán peligrosamente, considerando que si la propiedad no puede ser alquilada al precio proyectado será expropiada. Esto condenará al país a un lento y agónico proceso de descapitalización como el que sufrieron otras economías socialistas

La nueva legislación que todavía debe ser votada en el Parlamento de Portugal pero que certeramente será aprobado, establecerá un nuevo techo máximo legal para la actualización de los contratos de alquiler, del mismo modo en que ocurre actualmente en países como Argentina, Venezuela y Cuba.

Independientemente de las condiciones de oferta y demanda del mercado, e independientemente de las objeciones tanto de inquilinos como de propietarios, el Estado fijará un tope similar a la evolución pasada del IPC para actualizar los alquileres. El alquiler de viviendas no podrá subir más que el promedio general de la inflación minorista.

El Poder Ejecutivo decretará, además, la prohibición casi absoluta de las nuevas viviendas para el alquiler turístico en todo el país. Solamente habrá una única excepción y es la construcción de alojamientos en zonas rurales, aquellas cuya densidad demográfica sea considerablemente menor a la media nacional. 

La radicalización sin precedentes del Partido Socialista de Portugal, que a pesar de su nombre había sido históricamente un partido de centroizquierda moderada que no había tocado mucho las reformas liberales de Aníbal Cavaco Silva en los 90s, deteriora dramáticamente los derechos de propiedad en Portugal, la estabilidad de las reglas de juego para la inversión productiva y la seguridad jurídica

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Economía

El socialismo portugués destruye el mercado inmobiliario: Se prohíbe la compra de viviendas a extranjeros no residentes

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La administración socialista lanzó una inédita ley de viviendas que amenaza dramáticamente a cada uno de los cimientos del mercado inmobiliario. Se aprobaron una serie de medidas que desalientan la oferta y la construcción de nuevas viviendas.

El Gobierno socialista de António Costa logró que el Parlamento de Lisboa apruebe una nueva “Ley de viviendas”, introduciendo fuertes y severas regulaciones sobre el mercado inmobiliario.

El socialismo decretó la anulación del régimen de “visas de oro”. Este sistema permitía que inversores extranjeros no residentes pudieran destinar capital para la construcción y alquiler de viviendas dentro del país, permitiendo ampliar la oferta de Portugal y financiada con ahorro externo, sin necesidad de comprometer otras inversiones haciendo uso del crédito doméstico.

A partir de la reforma, se prohíbe la autorización de residencia para extranjeros no pertenecientes a la Unión Europea, con lo cual este mecanismo de canalización de inversión extranjera directa quedará completamente bloqueado para el mercado inmobiliario y el sector de la construcción de viviendas privadas

Se terminó la prohibición de nuevas licencias para inmuebles turísticos provenientes de la inversión de las visas de oro. Solamente podrán renovarse en caso de que el inversor extranjero en cuestión decida radicarse permanentemente en la vivienda, o si el inmueble es colorado en el mercado de alquiler “de manera permanente”. 

Se trata de una iniciativa muy similar a la que llevó a cabo el ministro Justin Trudeau en Canadá, quién también decretó fuertes restricciones y prohibiciones para la compra de viviendas por parte de inversores extranjeros no residentes. Pero las medidas de Portugal avanzaron mucho más allá de lo que se implementó en Canadá. 

Con una retórica típicamente socialsita, el ministro Costa anunció un programa de construcción de viviendas estatales, comprometiendo una gasto de hasta 900 millones de euros para inmuebles hasta el año 2026. 

Se anunciaron medidas subsidiarias para el pago de alquileres e hipotecas. Esto resulta en un paquete ampliamente contradictorio entre medidas. Asimismo, el Gobierno avanzará en la eximición del “impuesto sobre las plusvalías de amortización” para hipotecas de viviendas propias, fomentando aún más la demanda de estos instrumentos.

El mercado financiero de crédito será virtualmente intervenido. El Gobierno obligará a las entidades bancarias a ofrecer hipotecas a largo plazo con tasas fijas. Supone un beneficio importante para aquellos que ya lograron suscribir créditos a largo plazo, pero un castigo para aquellos que aún no lo hicieron, ya que los bancos contraerán severamente la oferta de crédito inmobiliario disponible. 

Se penaliza sistemáticamente la oferta de inmuebles para el alquiler o para su venta, pero al mismo tiempo incentiva la demanda por medio de subsidios. El esquema lanzado promete generar un virtual desequilibrio entre oferta y demanda, cuya única corrección posible será vía precios

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