El gobierno boliviano acusó a la dirigente socialista Mercedes Trimarchi de apoyar los bloqueos y las movilizaciones impulsadas por sectores afines a Evo Morales.
El gobierno de Bolivia anunció la expulsión de la exdiputada argentina de izquierda Mercedes Trimarchi tras acusarla de intervenir políticamente en los conflictos sociales y las protestas que buscan desestabilizar al gobierno constitucional de Rodrigo Paz. La dirigente argentina había participado en un cabildo realizado en El Alto, donde expresó públicamente su respaldo a las movilizaciones y bloqueos contra el Ejecutivo boliviano.
Las autoridades bolivianas calificaron su presencia como un acto de injerencia en asuntos internos del país y sostuvieron que ningún dirigente extranjero puede participar activamente en conflictos políticos locales que afectan la estabilidad institucional.
La ex diputada Mercedes Trimarchi
La medida se produce en medio de una fuerte crisis política y social en Bolivia, marcada por semanas de bloqueos, protestas y enfrentamientos impulsados principalmente por sectores sindicales y grupos cercanos al ex presidente Evo Morales. El gobierno de Rodrigo Paz sostiene que detrás de muchas de estas movilizaciones existe un intento coordinado de generar desestabilización y forzar la caída del Ejecutivo mediante presión callejera permanente.
Según el reporte de Infobae, Trimarchi participó en actividades políticas junto a organizaciones sociales opositoras durante su visita a Bolivia. La dirigente pertenece al Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) de Argentina, una fuerza vinculada a sectores de izquierda radical latinoamericana.
El caso agrava además la tensión diplomática regional alrededor de la crisis boliviana. Durante las últimas semanas, el gobierno de Rodrigo Paz ya había protagonizado conflictos diplomáticos con Colombia tras acusar al presidente Gustavo Petro y a funcionarios colombianos de respaldar políticamente las protestas contra el Ejecutivo boliviano. Incluso Bolivia expulsó anteriormente a la embajadora colombiana Elizabeth García por supuesta “injerencia” en asuntos internos.
El presidente Javier Milei junto a Rodrigo Paz
La administración de Paz insiste en que las movilizaciones no responden únicamente a reclamos sociales o económicos, sino que forman parte de una estrategia política impulsada por sectores evistas para debilitar al gobierno y recuperar poder. Mientras tanto, Evo Morales continúa enfrentando una orden de captura y procesos judiciales por trata agravada de personas, situación que elevó todavía más la tensión política dentro del país.
El episodio también generó repercusiones en Argentina, donde sectores de izquierda socialista criticaron la decisión boliviana y acusaron al gobierno de Paz de intentar criminalizar la solidaridad internacional con las protestas sociales. Sin embargo, desde La Paz remarcaron que la medida busca defender la soberanía nacional y evitar la participación de dirigentes extranjeros en un contexto de alta conflictividad política e institucional.
